Los expedientes por infracciones de las normas ambientales europeas (planificación saneahidrológica, miento de las aguas residuales o polución del aire en las ciudades, entre otros asuntos) asedian al Gobierno. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha venido expresando reiteradamente su "enorme preocupación" por el retraso en la elaboración de los planes de cuenca de los ríos españoles, que tenían que estar hechos antes de finales del 2009. Arias Cañete ha insistido en su temor de que si hubiera una condena, España podría sufrir una sanción económica de la UE. Además, ese incumplimiento puede llegar incluso a comprometer inversiones con los fondos europeos. La autocrítica en materia de aguas ha sido utilizado sobre todo por el ministro para denunciar la "herencia recibida" del PSOE, pero hay otros litigios ambientales sobre la mesa a los que no ha hecho alusión.

La Comisión Europea ha presentado una demanda contra España en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por incumplimiento de la directiva de aguas, que exige la recuperación del estado ecológico de los ríos y sus riberas antes del 2015. "Somos el país más atrasado de Europa en la aplicación de la directiva de Aguas", ha reconocido el ministro Arias Cañete. El Gobierno no ha elaborado los planes (25) de cuenca, encargados de planificar el uso de agua. Los tenía que haber redactado antes de finales del 2009; pero sólo se ha completado uno: el de las cuencas de Catalunya. El de la cuenca del Ebro, por ejemplo, no ha prosperado por los desacuerdos sobre el caudal ecológico mínimo que debe aportar a su desembocadura, pues la Generalitat reclama dejar un mayor caudal en el Delta. Y, de la misma manera, en otras cuencas surgen otras discrepancias (sobre todo, por el trasvase periódico desde el Tajo hacia Murcia). El objetivo del Gobierno es tener listos los planes a finales del año 2013 o principios del 2014. Hasta entonces, no sabremos si se propondrán trasvases.

España tiene abiertos dos expedientes sancionadores por incumplimiento de la directiva europea sobre depuración de aguas residuales. Es la consecuencia del retraso en la aplicación del plan nacional de calidad de las aguas. El Tribunal de Justicia de la UE exigió el 14 de abril del 2011 el saneamiento de 23 grandes núcleos urbanos de más de 15.000 habitantes. Sin embargo, en once de ellos ni siquiera han comenzado a construirse. El hecho podría comportar una multa coercitiva de 20 a 50 millones de euros al año desde el 14 de abril del 2011. Un segundo expediente por insuficiente tratamiento de las aguas residuales exige que se construyan 39 instalaciones para mejorar los vertidos sobre áreas de calidad ambiental cercanos a núcleos de población. El ministro se ha mostrado muy decidido a actuar en este campo.

Y, además, la Comisión Europea se ha interesado por la falta de depuración en los municipios más pequeños. Concretamente, hay una carta de requerimiento de información (primer paso del procedimiento contra España), con fecha del 30 de noviembre, por mal saneamiento de las aguas en 921 aglomeraciones de entre 2.000 y 15.000 habitantes.

También hay expedientes abiertos por la polución en las grandes urbes. La Comisión Europea ha anunciado que llevará a España ante el Tribunal de Luxemburgo por no cumplir las directivas sobre calidad del aire que rigen desde el 2005. Las grandes áreas urbanas, incluidas Madrid y Barcelona, han incumplido los límites máximos permitidos para las partículas sólidas en el aire (conocidas como PM10), procedentes de la combustión en los motores de los coches y las industrias así como del polvo de las obras públicas, entre otros focos de contaminación. Además, se prevé que la UE abra de oficio otro expediente porque Madrid y Barcelona rebasaron en el 2010 los límites sobre dióxido de nitrógeno (el otro contaminante vinculado al coche). Este verano, los funcionarios evaluarán la solicitud de prórroga presentada por Barcelona y el área sur de Madrid para acatar esta exigencia en el 2015. La atmósfera de la región de Barcelona pudo alcanzar en el 2010 los valores de calidad del aire exigidos para las partículas PM10 (gracias a las lluvias), pero en los dos últimos años rebasa el tope para el dióxido de nitrógeno. Hasta ahora, el ministro sólo ha hablado de reformar el plan de calidad del aire aprobado por el gobierno socialista, tachado de "voluntarista y falto de consenso". Pero no ha dicho cuál es su solución. Queda por aclarar si restringirá algún día el acceso al centro urbano de los coches más antiguos y contaminantes.

La UE ha denunciado a España también por no haber analizado adecuadamente el impacto medioambiental de las minas de carbón a cielo abierto en el valle de Laciana (León) ni haber tomado las medidas correctivas necesarias para remediarlo. Las minas están en un espacio protegido de la red Natura 2000 (Alto Sil), donde habitan el oso pardo y el urogallo. También hay un expediente por falta de planes de gestión para las zonas de especial conservación de Canarias. Y todavía no está cerrado el caso del canal de regadío Segarra-Garrigues (condena firme), que afecta a hábitats de especies esteparias, aunque la Generalitat intenta organizar un riego compatible.