El proyecto para la explotación de una mina a cielo abierto en el pueblo soriano de Borobia, en la frontera con la provincia de Zaragoza, ha despertado tras varios años de olvido. Pero su regreso se ha topado con una oposición frontal. El Gobierno de Aragón mostró el miércoles que es contrario a un plan que puede entrañar la contaminación de las aguas de los ríos de la cara sur del Moncayo.

Y, ayer mismo, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Xavier de Pedro, indicó que los servicios técnicos del organismo de cuenca están estudiando el proyecto de instalación de la mina de magnesitas por los posibles problemas medioambientales que podría acarrear en Aragón.

«La CHE va a estudiar toda esta situación» y la valorará «en función de sus competencias», afirmó De Pedro, que agregó que le consta que «los servicios técnicos de la CHE estudian este tema y en la medida en que se pueda encontrar algún problema se ejercerán las competencias correspondientes».

Otra reacción contraria a la mina, propuesta por una empresa de capital francés y griego, surgió en la Coordinador de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (Coagret), que emitió una nota de «protesta contra la actuación de la guardia civil en Borobia el pasado lunes», dado que técnicos de la compañía acudieron a realizar catas acompañados de miembros de la Benemérita.

En la zona de El Tablado, paraje donde se quiere abrir la mina de magnesitas, «hay decenas de agricultores y ganaderos que viven de explotar sus tierras y pastos y que desarrollan una importante actividad económica para fijar población en lugares como Borobia», agrega la nota de la coordinadora.

Coagret se sumó en el mes de febrero pasado a las alegaciones que presentaron ciudadanos, plataformas sociales, partidos políticos y colectivos contra la solicitud de la empresa minera para realizar trabajos mineros en la finca de El Tablado.

Sin embargo, el ataque más duro contra el proyecto procedió de la plataforma de pueblos afectados por la mina de magnesitas. Anunciación Crespo, concejala de Borobia, arremetió contra el alcalde popular de la localidad, Miguel Modrego, al que recordó que, contra lo que él sostiene, «nunca se ha presentado un estudio de impacto ambiental de la explotación».

«Los trabajos mineros que se están realizando ilegalmente en Borobia se están llevando a cabo amparándose en el permiso de investigación San Roque, que comprende los municipios sorianos de Borobia y Beratón, pero que está caducado y por lo tanto la falta de vigencia impide que esos trabajos se realicen», subrayó la responsable de la plataforma.

Modrego defiende la mina para frenar la despoblación, pero Crespo sostiene que la pérdida de habitantes en Borobia y el resto de Soria es consecuencia de la política llevada a cabo por el Partido Popular, «que gobierna la comunidad de Castilla-León desde hace 30 años».