El Real Decreto de Medidas Urgentes en materia de Medio Ambiente, aprobado el pasado 5 de mayo por el Gobierno central ha tenido una dispar acogida entre los regantes. Así, mientras que desde Fenacore, se aplaude la derogación en este decreto de las modificaciones introducidas en agosto del pasado año en el artículo 94 de la Ley de Aguas, en virtud de las cuales se facultaba a las comunidades de Cataluña, Aragón y Andalucía a asumir determinadas competencias sobre las comisarías de agua, desde Asaja advierten contras otras estipulaciones contenidas en esta norma como son «la desproporcionada subida de las sanciones, la modificación que se propone de las disposiciones que afectan a pozos de aguas privadas, o que se pretenda cobrar a los titulares de estos pozos».
El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, considera que con este real decreto «se cumplen ya todos los requisitos de legalidad vigente, zanjando cualquier duda sobre el papel único y exclusivo de la Administración Central en la gestión de las cuencas intercomunitarias, con el fin de evitar duplicidades, simplificando los procedimientos y reduciendo los costes de los usuarios».
Sin embargo, el presidente de Asaja Nacional, Pedro Barato, no ha visto el real decreto con los mismos buenos ojos y aunque también aplaude el regreso al Estado de las competencias de las comisarías de aguas, se ha dirigido al director general del Agua del Ministerio para pedirle una reunión urgente en la que abordar entre otras cuestiones «la desproporcionada subida de las sanciones, la modificación que se propone de las disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley (pozos de aguas privadas), o que se pretenda cobrar a los titulares de pozos de aguas privadas como se nos está adelantando».
Asimismo, Barato también se muestra preocupado por el hecho de que en esta norma «se estén equiparando acuíferos sobreexplotados con acuíferos en malas condiciones cualitativas, y que se obvie la opinión -hasta ahora obligatoria- del Consejo del Agua a la hora de declarar masas de agua en riesgo, de no alcanzar el buen estado cuantitativo químico».