El trasvase para llevar agua del Júcar al Vinalopó está casi terminado y la infraestructura debe ponerse en funcionamiento cuanto antes. Este es el mensaje que ayer lanzó María Ángeles Ureña, presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (la primera mujer en este cargo), a los regantes alicantinos. "Les he pedido que piensen que les hace falta el agua y que debemos ser capaces de aprovechar la infraestructura", afirmó la responsable del organismo, que se ha reunido ya con los usuarios del Vinalopó para intentar desbloquear el trasvase.
Los regantes, con el apoyo del Consell que presidía Francisco Camps, han mantenido un duro y largo enfrentamiento con el anterior Gobierno socialista, que cambió el proyecto en 2005 para tomar el agua del trasvase cerca de la desembocadura del Júcar y no aguas arriba en Cortes de Pallás. Ureña ha vivido de cerca el conflicto como secretaria autonómica de Medio Ambiente y Agua. Ahora, con el PP en el Gobierno, y en su nuevo cargo, le toca mover a los regantes hacia una solución.
Así, les ha trasladado que "el camino se hace andando". Es decir, que sus reivindicaciones de una segunda toma de agua, aunque se mantengan, no son incompatibles con que se ponga en marcha un trasvase que ha supuesto una fuerte inversión por parte del Gobierno y la Unión Europea.
"Si no hay sectarismo, seguro que hay soluciones", aseguró al hilo de estas declaraciones Andrés Martínez, presidente de la Junta de Usuarios del Vinalopó. "Es sencillo. Queremos agua de calidad y a un precio que podamos pagar", añadió Martínez.
Los técnicos de ambas partes se han puesto ya a trabajar, pero este no es el único escollo. La Generalitat decidió unilateralmente cambiar el punto de conexión del trasvase hecho por el Gobierno con la red de distribución del agua en el Vinalopó, lo que desembocó en un contencioso judicial. "Se han abierto conversaciones para resolverlo", aseguró escueta Ureña. Sin esa conexión no se podrán aprovechar los 12 hectómetros cúbicos que se enviaron el verano pasado para probar el trasvase y que están almacenados en una balsa. Usar ese recurso el próximo otoño "es un gran reto", admitió Ureña.
Otro reto será desatascar el Plan Hidrológico del Júcar, que sufre un gran retraso y debe estar terminado a finales de 2013, según ha decidido el ministro de Medio Ambiente. La presidenta de la CHJ, que mantuvo un encuentro con los medios de comunicación, confía en llegar a acuerdos con Castilla-La Mancha, cuyas posiciones sobre la gestión y demarcación de la cuenca del Júcar han chocado hasta ahora con las de la Comunidad Valenciana. No obstante, "el agua no será moneda de cambio en negociaciones políticas" y todas las partes implicadas "deberán ceder un poco" para cerrar un plan que "responda a las necesidades de todos", recalcó.
Ureña quiere convocar al consejo del agua del organismo antes del verano para que dé el visto bueno al Esquema de Temas Importantes (ETI), el documento base para la redacción definitiva del plan, que busca una gestión integral de los recursos, incluidas las desaladoras que tanto criticó el PP valenciano. El ETI está en el dique seco desde el año pasado, entre otros motivos, por la oposición de la Generalitat a parte del contenido, como la cifra total de hectáreas que necesitarán agua. Tras la incorporación de las alegaciones, el documento deja abiertos los puntos de fricción para una negociación posterior.