La privatización de la red regional de abastecimiento de agua de Barcelona, que impulsa el gobierno catalán, comportará un fuerte encarecimiento del suministro, tanto para las compañías municipales como para los usuarios finales. Esta es la alerta que recogen las alegaciones presentadas por el Área Metropolitana de Barcelona al estudio de viabilidad del proceso de privatización, sometido a información pública por la Generalitat.

La previsión es que las plantas potabilizadoras de la región (Cardedeu y Abrera), ahora en manos de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL), así como las desalinizadoras de El Prat y Blanes y las conducciones y depósitos supramunicipales, sean asumidas por una empresa privada. A cambio de ello, esta compañía privada deberá pagar a la Generalitat un canon de 400 millones de euros en el momento de la firma del contrato (a final de año), y otros 600 millones durante 50 años con cánones anuales.

Con este cambio, el Área Metropolitana prevé que las compañías municipales y los ayuntamientos deberán pagar al gestor regional un 119% más por el agua. El coste pasaría de 0,39 . En a 0,85 euros/m euros/por m la práctica, para el usuario, la tarifa podría incrementarse en torno al 20% aproximadamente en el área metropolitana, según las mismas fuentes.

De hecho, la empresa pública ATLL (que gestiona las infraestructuras regionales de agua en 140 municipios) ya está estudiando incrementar el precio en un 70% para amortiguar así la subida que debería aplicarse a finales de año. Por eso, en sus alegaciones, reclama a la Generalitat que tenga en cuenta la especial situación de los 34 municipios metropolitanos y que se elimine la cuota fija metropolitana, un concepto que no pagan los demás ciudadanos de la región de Barcelona.

Las alegaciones también solicitan que los ingresos extra (canon) que obtendrá el Govern a cambio de la privatización los destine a saldar la deuda de las infraestructuras hidráulicas y que no vayan a afrontar los gastos corriente de la Generalitat.

"Debemos tener la garantía de que el dinero que la Generalitat recaude con esta operación sirva para liquidar la deuda del ciclo hidráulico. Si no es así, nos opondremos", declara Assumpta Escarp, vicepresidenta del Área Metropolitana. Este es el principal reparo del gobierno metropolitano al proyecto de privatización.

Fuera de esta objeción, los socialistas no se oponen a este proceso privatizador, aunque reclaman una mayor participación de los ayuntamientos en los órganos públicos que regularán y tutelarán a la futura concesionaria. Esta demanda tiene un propósito fundamental: no quieren dejar que la Generalitat y la futura concesionaria fijen por su cuenta las tarifas, algo que los alcaldes deben luego explicar y justificar ante los ciudadanos.

Además, el Área Metropolitana ha incorporado en sus alegaciones una lista de actuaciones comprometidas en este ámbito geográfico y que no "están ahora consideradas". Asimismo, pide que la Generalitat efectúe aportaciones propias al fondo para afrontar los episodios de sequía.

La privatización de ATLL se debe a la imposibilidad de esta empresa de acudir a los mercados, dada su elevada deuda y sus pérdidas (44 y 34 millones los últimos dos años). La pretensión del Govern es adjudicar el concurso a la empresa que ofrezca mejores condiciones en la tarifa del agua. No obstante, la Generalitat no descarta que el concurso quede desierto.