Formentera not pay the Government until water is undrinkable
Thu, 27/09/2012
La consellera de Medio Ambiente de Formentera, Silvia Tur, y el conseller de Hacienda, Bartomeu Escandell, anunciaron ayer que el Consell no pagará a la Agencia Balear del Agua (Abaqua) el agua producida por la desalinizadora de es Ca Marí desde el pasado 10 de julio, fecha en la que los primeros análisis constataron que no era recomendable para el consumo humano. A su vez, Tur precisó que a fecha de hoy el agua que sale de la planta «sigue sin reunir las condiciones mínimas de calidad».
La decisión se basa en la cláusula segunda, apartado b, del contrato de suministro que tiene firmado la institución con Abaqua que textualmente dice: «En caso de que el agua suministrada no reúna los requisitos establecidos en el decreto no será objeto de facturación». Esos criterios de calidad para el consumo están fijados en el Real Decreto 140/2003 que dicta los parámetros sanitarios que debe reunir el agua para el consumo en el conjunto del Estado.
En este caso los análisis realizados por la empresa suministradora, Aqualia, indican que las cantidades de cloruro, sodio y boro están por encima de los niveles permitidos. A raíz de esta constatación la dirección general de Salud Pública del Govern y el Consell ya anunció, a finales de agosto, que el agua no era recomendable para el consumo humano ni para beber ni para cocinar y solo se recomendaba para la higiene personal.
El Consell ha calculado que el agua suministrada desde julio a septiembre suma 195.792 toneladas que a 1,75 euros el metro cúbico (el precio más alto de Balears), representa de momento una factura de 342.636 euros. A esa cifra habrá que sumar el coste de las toneladas consumidas hasta que sean restablecidos los parámetros de calidad del agua marcados por ley.
Los responsables institucionales atribuyeron los problemas de producción al mal funcionamiento de la planta desalinizadora que, según indicó Escandell, se ha debido amortizar «varias veces», sin que se hayan producido mejoras en la misma, lo que provoca que la producción no reúna los mínimos de calidad exigidos.
Sin embargo el consumidor no verá repercutida esa decisión en su factura ya que el Consell, a través de Aqualia, seguirá facturando el suministro. Esto significa que el dinero recaudado desde julio hasta que se normalice la producción servirá para engrosar el fondo de mantenimiento y reparación de infraestructuras hidráulicas y para hacer frente a futuras subidas.
La decisión se basa en la cláusula segunda, apartado b, del contrato de suministro que tiene firmado la institución con Abaqua que textualmente dice: «En caso de que el agua suministrada no reúna los requisitos establecidos en el decreto no será objeto de facturación». Esos criterios de calidad para el consumo están fijados en el Real Decreto 140/2003 que dicta los parámetros sanitarios que debe reunir el agua para el consumo en el conjunto del Estado.
En este caso los análisis realizados por la empresa suministradora, Aqualia, indican que las cantidades de cloruro, sodio y boro están por encima de los niveles permitidos. A raíz de esta constatación la dirección general de Salud Pública del Govern y el Consell ya anunció, a finales de agosto, que el agua no era recomendable para el consumo humano ni para beber ni para cocinar y solo se recomendaba para la higiene personal.
El Consell ha calculado que el agua suministrada desde julio a septiembre suma 195.792 toneladas que a 1,75 euros el metro cúbico (el precio más alto de Balears), representa de momento una factura de 342.636 euros. A esa cifra habrá que sumar el coste de las toneladas consumidas hasta que sean restablecidos los parámetros de calidad del agua marcados por ley.
Los responsables institucionales atribuyeron los problemas de producción al mal funcionamiento de la planta desalinizadora que, según indicó Escandell, se ha debido amortizar «varias veces», sin que se hayan producido mejoras en la misma, lo que provoca que la producción no reúna los mínimos de calidad exigidos.
Sin embargo el consumidor no verá repercutida esa decisión en su factura ya que el Consell, a través de Aqualia, seguirá facturando el suministro. Esto significa que el dinero recaudado desde julio hasta que se normalice la producción servirá para engrosar el fondo de mantenimiento y reparación de infraestructuras hidráulicas y para hacer frente a futuras subidas.