Uno de los grandes problemas de la urbanización Proserpina es que no cuenta con red de alcantarillado. En los últimos años el Ayuntamiento de Mérida ha hecho varios intentos de dotar a la zona de un servicio de saneamiento adecuado. El Gobierno local actual también ha anunciado ese propósito. Pero la zona carece de esa infraestructura. Sin embargo, debe pagar por ella en el nuevo canon creado por la Junta de Extremadura.

Este tributo tiene por objeto financiar los gastos necesarios para la construcción, gestión, mantenimiento y explotación de las infraestructuras hidráulicas soportadas por la comunidad autónoma correspondientes al ciclo integral del agua. Por ese motivo, su cobro se vincula al abastecimiento. Sin embargo, el reglamento que lo regula especifica que «servirá para financiar los gastos de explotación, conservación y mantenimiento de las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales».

Tal como recoge el citado reglamento, el canon no se aplicará en aquellos núcleos de población que no dispongan de servicio de alcantarillado. Pero en la ley que creó este tributo aparece Proserpina como una de las zonas donde se debe cobrar. Por ese motivo, la asociación de vecinos de la urbanización, donde se estima que hay 500 usuarios del servicio del agua, ha remitido un escrito a la Consejería de Economía y Hacienda para protestar por este canon. La nueva tasa está en vigor desde el pasado 1 de julio, pero sus efectos no se han conocido hasta ahora, ya que se ha cobrado por primera vez en las facturas que se han recibido en las últimas semanas.

En el citado escrito la directiva de la asociación pide que no se cobre el canon porque «de sobra es conocido por todos que esta zona carece total y absolutamente de red de alcantarillado alguna, no sólo no en funcionamiento sino que ni tan siquiera hay dotación, ni previsión presente ni futura de llevarla a cabo, de hecho y desde siempre cada particular dotamos a nuestra vivienda de fosa séptica». Por el mismo motivo también demanda la devolución de lo cobrado.

La asociación de vecinos ofrece a sus socios este modelo de carta para que se realicen reclamaciones de forma individual. Según explica Mercedes Carmona, presidenta de la entidad, ya se han remitido al menos 25 escritos por parte de particulares. «Son muchas las familias que tienen en esta zona de la ciudad su residencia habitual, y no sólo se carece de servicios públicos, sino que ahora se nos cobran unos servicios que ni tan siquiera existen, es más no existe ni la probabilidad de que existan, ni a corto ni a largo plazo», apunta.

Valgan como ejemplo dos casos bien distintos pero reales, obtenidos de facturas correspondientes al tercer trimestre de este año. La lectura de contadores se llevó a cabo a mediados de septiembre. En un caso, un usuario con cinco metros cúbicos de consumo entre junio y septiembre ha abonado algo más de 48 euros. De ellos, 15 corresponden al abastecimiento de agua (11,5 por el fijo y el resto por el variable); 20,76 al servicio de basura; y el resto, 12,40, por el canon regional (12 por el fijo y 0,40 por el consumo). Otra vivienda de Proserpina, con más de 220 metros cúbicos de consumo en el mismo periodo, ha pagado 450 euros en el tercer trimestre. La nueva tasa regional supone más de 100 euros.

En estos dos casos la aplicación del nuevo canon de la Junta supone un encarecimiento del recibo del 34 y el 28 %, respectivamente. En ninguna de estas facturas el Ayuntamiento cobra las tasas correspondientes a los servicios municipales de alcantarillado y depuración, que se pagan en conjunto con el abastecimiento de agua. Sin embargo, se factura por la tasa regional de saneamiento.

Además de Proserpina, otros cinco núcleos de población de Mérida están incluidos por ley en el cobro del canon de saneamiento. Se trata de Miralrío, El Vivero, Carrión, Estación de Aljucén y Virgen de la Luz (situado junto a la carretera de Calamonte). En estos casos, además, la tarifa fija por el tributo es de 4 euros al mes, el doble que en el casco urbano.

Estas urbanizaciones también quieren reclamar. En el caso de Miralrío, la tarifa no se ha pasado al cobro, pero porque debe abonarse en forma de asociación. Sin embargo, en este núcleo de población la red de saneamiento y la depuradora es particular, lo que no supone ningún coste para la administración regional. Para los afectados, no tiene sentido cobrar por un servicio que no se presta.