La publicación de los detalles sobre la cantidad y complejidad de los contaminantes de origen industrial acumulados en el pantano de Flix, su evidente peligrosidad y su carácter radiactivo, ha suscitado una lógica preocupación en la opinión pública y muy especialmente entre los habitantes de las comarcas del Ebro. La preocupación se extiende a los efectos que -a medio y largo plazo- puedan tener tales residuos sobre la salud de las personas y las dificultades y costes que se deberán asumir para eliminarlos o neutralizarlos. Todos estos aspectos están siendo asumidos y evaluados por las nuevas autoridades ambientales de Catalunya y de España, con el firme compromiso de resolverlos con la máxima celeridad y transparencia, así como de aplicar todos los recursos científicos y económicos que sean necesarios para la recuperación de la calidad del agua del Ebro en Flix, que es uno de los proyectos más importantes introducidos en el decreto ley de derogación del trasvase a petición de la Generalitat, a la vez que se realizan exhaustivos controles para garantizar la no extensión del problema y su estabilización, en tanto llega la solución definitiva.
Es necesario insistir en que si bien la preocupación es lógica, no es bueno suscitar alarmismos innecesarios ni efectuar comparaciones inexactas; lo que procede es -por parte de los responsables políticos y técnicos- aplicar todo el rigor, la celeridad y transparencia necesarios, asegurando la participación de las autoridades locales y los ciudadanos de las Terres de l'Ebre. Pero de forma simultánea se impone reflexionar sobre cómo ha sido posible que se llegara a este punto, qué debemos hacer para evitar que situaciones como ésta se produzcan en el futuro y -sobre todo- qué otras actuaciones deben llevarse a cabo para restablecer la confianza entre la población afectada y la buena imagen de las comarcas del Ebro en Catalunya, o lo que es lo mismo, impulsar nuevos modelos de desarrollo económico y social con garantías de sostenibilidad, haciendo posible la compatibilidad de la calidad ambiental con el desarrollo de las distintas actividades económicas, el mantenimiento de los puestos de trabajo y la mejora de la cohesión social.
En este sentido, no está de más insistir en que el propósito de las actuaciones de la Generalitat y en concreto del Departament de Medi Ambient i Habitatge en el caso de la planta de Ercros en Flix no va en el sentido de impedir la actividad económica de la empresa, ni justificar reducciones de plantilla o cierres, sino todo lo contrario: impulsar su innovación tecnológica, la mejora de sus procesos y la calidad de los resultados, garantizando así los puestos de trabajo sin que ello tenga que ser a costa de la salud de los trabajadores y vecinos.
El modelo del desarrollo industrial de España -y por tanto también el de Catalunya- se basó en la segunda mitad del siglo XX en la busca de la máxima rentabilidad con los mínimos costes sociales -bajos salarios- y ambientales. En términos ecológicos el desarrollismo y el España va bien se han basado en la externalización de los costos ambientales; los efectos de las emisiones de contaminantes al aire o al agua, o la deposición de residuos, procedentes de procesos industriales, simplemente no eran tenidos en cuenta, a pesar de las evidencias de su peligrosidad. No basta la excusa de la inexistencia de normativas ambientales para advertir que no podía ser bueno barrer directamente al río toneladas de mercurio, verter otros metales pesados, así como toda clase de residuos industriales de alta peligrosidad, sin tratamiento previo alguno o con tratamientos manifiestamente insuficientes, como sucedió durante años, y no sólo en los años cincuenta, sino también en los setenta y ochenta -como han explicado los trabajadores de la planta de Flix-. Aquellos costes no imputados a las cuentas de las empresas, en cuyo ahorro se basaron buena parte de las alegrías económicas del franquismo, los vamos a tener que pagar hoy y en el futuro todos los ciudadanos, a costes mucho más elevados, y no sólo en términos económicos, sino en términos de deterioro de la salud y de daños ambientales, algunos irreparables.
Debemos replantear la idea de progreso y los parámetros para medir el desarrollo de nuestra sociedad para introducir nuevos factores de contabilidad ambiental. Se trata de incorporar a las cuentas de explotación tradicionales aquellos recursos y todos los costes -sociales y ambientales- no recogidos hasta ahora, a partir de cuantificaciones objetivas: toneladas de CO2 emitidas, metros cúbicos de agua consumidos, residuos generados y su carga contaminante, suelo ocupado, etcétera, y traducirlos en términos comprensibles económica y ecológicamente.
Las decisiones económicas, tanto las de actividades como de infraestructuras, deben estar sujetas a los principios de precaución y prevención para no aceptar el riesgo de daños difícilmente reparables. La responsabilidad empresarial, social y política en el campo del medio ambiente corresponde ejercitarla no sólo ante las consecuencias de los actos, sino en el momento de la toma de decisiones y en la implantación de los nuevos proyectos. Ello no significa desconfianza ante la tecnología o la ciencia, pero sí que exige anticipación y conciencia de la responsabilidad ante cada una de las fases de los procesos productivos. Por otra parte, la experiencia demuestra que un mayor grado de exigencia ambiental se traduce en más investigación e innovación, y por tanto en desarrollo de nuevos procesos más eficientes, que ahorran recursos y generan más calidad en los productos y más competitividad.
Pero las exigencias de rigor y prevención a los sectores económicos deben ir acompañadas por políticas públicas integradas y por estrategias de ámbito nacional y europeo que apoyen los cambios necesarios para pasar a la economía de la sostenibilidad sin costes exagerados ni competencias ilícitas, como por desgracia se está produciendo en la economía globalizada. Catalunya debe tener su propio modelo de desarrollo, que aborde los aspectos de mejora medioambiental como una oportunidad de innovación, de eficiencia y modernización, y no como una carga o un obstáculo. Para ello es imprescindible que la Generalitat y la Administración central incrementemos los recursos presupuestarios para los programas de mejora medioambiental, que integren todos los aspectos, desde el medio natural y la biodiversidad, hasta el saneamiento, la reducción de emisiones y de residuos, el ahorro energético, así como la dotación de programas de apoyo a la innovación ambiental de las actividades industriales y de la agricultura; mejoremos y simplifiquemos la legislación ambiental; aprobemos cuanto antes la legislación de responsabilidad por daños ambientales y otras medidas de acompañamiento. Todo ello con una amplia participación social que sólo puede darse sobre la base de la total transparencia y la mejor educación e información ambiental.


LAS EMPRESAS deberán acostumbrarse en la toma de decisiones a calcular los costes de la protección ambiental

Salvador Milà i Solsona,
Conseller de Medi Ambient i Habitatge