Cuando quedan pocos meses para que entre en funcionamiento la mayor desalinizadora de Europa, los más de trescientos accionistas de la planta de Valdelentisco (Mazarrón) están a punto de perder sus derechos sobre estos nuevos caudales. Tanto es así que los servicios jurídicos del Ministerio de Medio Ambiente están estudiando resolver el convenio (darlo por anulado) que se firmó en la etapa del Partido Popular entre el organismo estatal Aguas de la Cuenca del Segura (AcSegura) y la sociedad Aguas Desaladas del Campo de Cartagena que agrupa a estos propietarios. Esta desalinizadora no tiene nada que ver con la que ya existe en Mazarrón, Virgen del Milagro, de la comunidad de regantes de esa zona.
La causa, según explicó ayer el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura es el «flagrante incumplimiento» del convenio por parte de estos accionistas. Por un lado, no han atendido hasta ahora los pagos correspondientes a su participación en la ejecución de las obras de la desalinizadora. Por otro lado, tampoco han acreditado el derecho que tienen a utilizar las aguas desalinizadas. Es decir, no han aportado la documentación que asegure que poseen tierras de cultivo con derecho a agua, lo que implica garantizar que esos caudales van destinados a la agricultura, y no a otros fines, como por ejemplo el urbanístico.
El próximo día 20 se reúne el consejo de administración de AcSegura, el organismo encargado de construir la planta, y analizará la situación. Si se confirma el incumplimiento del convenio, éste se eliminará.
La nueva situación obligaría a actuar a la Comisaría de Aguas, que sería la encargada de ofrecer el agua desalinizada mediante un procedimiento de libre concurrencia. De esta forma, los accionistas perderían el derecho preferente que tenían. Pero existe otro problema de fondo, que es el precio del agua. El convenio de Valdelentisco se firmó en la etapa del Partido Popular sin que se fijara el precio final. Ahora se sabe que cada metro cúbico costará 54 céntimos con los caudales puestos en red. Esto es muy superior a los 39 céntimos que oferta ahora la Administración socialista para las nuevas desalinizadoras de Águilas y Torrevieja. La sociedad solicitó oficialmente que se rebajaran los precios y se aplicara la tarifa Narbona, y no la tarifa Elvira de la etapa anterior, pero aún no hay respuesta.