La 'cumbre interterritorial' «Mantendré la derogación del trasvase del Ebro»
Sun, 20/04/2008
La primera cumbre sobre el agua de la legislatura entre Elena Espinosa y las comunidades autónomas sirvió ayer para que la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino dejara bien claro que el minitrasvase a Barcelona aprobado el viernes por el Consejo de Ministros no va abrir la puerta a otras infraestructuras similares, como el derogado trasvase del Ebro. Pero también para que los consejeros del PP aplaudieran, por una vez, una decisión del Gobierno.
Así, entre una oposición poco beligerante y una ministra que hasta la fecha no tenía nada en contra de los trasvases pero que asegura que seguirá la línea mantenida por su predecesora, Cristina Narbona (que no era demasiado partidaria), transcurrió sin mucha sangre el primer cara a cara de la guerra del agua.
Todas las comunidades autónomas menos Aragón dieron el visto bueno a la solución acordada la semana pasada entre el Ejecutivo y la Generalitat para paliar la grave sequía que atraviesa Cataluña. Eso sí, todas criticaron también que no se les hubiera consultado antes de aprobar la medida.
El PP la respalda porque (salvo en algunas regiones, como Aragón) defiende los trasvases, pero también considera que este tipo de infraestructuras se debe extender a otras comunidades autónomas. Por eso, ayer los consejeros aprovecharon para volver a pedir que el nuevo equipo del Ministerio de Medio Ambiente resucite el proyecto de trasvase del Ebro propuesto por el Gobierno popular en 2001 y que derogó Narbona.
«Lo digo rotundamente, alto y claro, y para que no quede absolutamente ninguna duda: se mantiene la derogación del trasvase del Ebro», respondió Espinosa.
Y, para que no quedara duda de que ratifica «la política de agua que tenemos establecida», les dijo a los consejeros que van a tener que apretarse el cinturón e ir hacia un urbanismo «más sostenible». De hecho, lo primero que les ha pedido es que elaboren un listado con las demandas de consumo humano y uso agrario que tienen en cada uno de sus territorios.
«Somos conscientes de que en la legislatura pasada se hicieron algunas planificaciones urbanísticas que ahora no valen y hace falta ahora redistribuir las demandas», explicó, aludiendo sin citarlo al desarrollo de Seseña (Toledo).
Espinosa dijo que las necesidades hídricas han cambiado -entre otras cosas, por el incremento de «la población inmigrante»- y que por eso «habrá que hacer reajustes». Anunció que su Ministerio va a ponerse a trabajar «casi exclusivamente» en esta línea y, además, adelantó que impulsará el uso de aguas recicladas.
En la reunión, que duró más de tres horas y en la que estuvieron todos los consejeros menos los de Baleares, el País Vasco y Ceuta, se bebió agua desalada al 75% procedente de la planta murciana de San Pedro del Pinatar, quizá para limar asperezas.
Antes del encuentro, los consejeros del PP se habían visto en Génova con Soraya Sáenz de Santamaría y habían definido una postura unánime que llevó a la responsable de Medio Ambiente de Castilla y León, María Jesús Ruiz, a declarar a los periodistas antes de la cumbre que en la solución del Gobierno «ha imperado el sentido común» y que se abre «una senda clara de estudio y entendimiento».
De hecho, ni siquiera se trataron otras cuestiones espinosas, como el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que han amenazado con interponer Murcia y Comunidad Valenciana.
La única voz discrepante fue la del consejero de Medio Ambiente de Aragón, Alfredo Boné (PAR), que dijo tener «serias dudas sobre la viabilidad y la eficacia» del proyecto aprobado.
El frente aragonés parece haberse endurecido otra vez. Anteayer, su presidente, Marcelino Iglesias, manifestaba que la obra aprobada no era un trasvase, pero ayer se desdijo y afirmó que esperará para pronunciarse a conocer el dictamen del informe jurídico que ha encargado para aclarar denominaciones. Incluso aseguró que, si el dictamen concluía que el envío de agua a Barcelona va contra el Estatuto aragonés, llevará el decreto al Tribunal Constitucional, según informa Javier Ortega.
elmundo.es
Vídeo:
Vea las declaraciones de Espinosa tras reunirse con los consejeros regionales.
CASTILLA.-LA MANCHA
-«Necesitamos recursos para poder desarrollarnos»
El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez (PSOE), consideró que su Gobierno «nunca se ha negado cuando ha habido que enviar agua a otras poblaciones por motivos de emergencia». «Pero fuera de estas circunstancias, el agua es prioritaria para la cuenca cedente, sobre todo en una región como la nuestra», añadió. Y recalcó: «Necesitamos el agua para poder desarrollarnos». Sánchez apuntó a la desalinización como «una solución viable y sostenible para las comunidades que tienen al lado el mar».
COMUNIDAD VALENCIANA
-«Existe un pacto entre Zapatero y Montilla»
El consejero valenciano de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón (PP), interpretó la solución para llevar agua a Barcelona como un pacto entre José Luis Rodríguez Zapatero y José Montilla, «igual» que la derogación del trasvase del Ebro, al inicio de la pasada legislatura, «fue un pacto entre Zapatero y Maragall». «Los problemas del agua no se resuelven con esos pactos, sino entre todas las comunidades autónomas y con todos los usuarios», expresó, e insistió en que el real decreto ley aprobado «encubre y descubre un trasvase».
MURCIA
-«Nos falta el agua de boca, pero para comer»
La postura murciana es la misma que la de la Comunidad Valenciana: coinciden en que es necesario resolver el problema catalán, pero añaden que «también hay que resolver el problema de todos». El consejero de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, Antonio Cerdá (PP), recordó que el minitrasvase del Ebro a Barcelona «estaba previsto en el Plan Hidrológico Nacional, pero fue derogado por el PSOE». «Nosotros no tenemos problema de abastecimiento, pero nos falta el agua de boca para comer, porque de los cultivos depende nuestro modo de vida», indicó.
ARAGON
«Hay 184 pueblos con problemas de abastecimiento»
Alfredo Boné (PAR) fue el único que protestó ayer contra el minitrasvase, que, en su opinión, «abre una serie de ventanas para situaciones parecidas en el futuro». El consejero de Medio Ambiente apuntó que el decreto es «muy vulnerable jurídicamente» y la conducción «es difícil de hacer en tan poco tiempo». «¿Y qué pasa si llueve? Es muy probable que la obra no valga para nada», explicó. Aragón entiende la sequía catalana, pero no que se solucione a costa de lo que considera su agua: «Ahora tenemos 184 municipios con problemas de abastecimiento», se quejó.
COMUNIDAD DE MADRID
«Desaladoras, presas, embalses... todo es necesario»
El vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid y presidente del Canal de Isabel II, Ignacio González (PP), está de acuerdo con el minitrasvase, pero también cree que se deben de tomar medidas para resolver los problemas que existen en muchos sitios de España».
Tras la reunión con Espinosa detectó «una cerrazón» y «un no querer admitir que todas las medidas son necesarias, ya sean trasvases, desaladoras, presas, embalses...» «Lo que queremos es una solución estructural definitiva», subrayó González.
Así, entre una oposición poco beligerante y una ministra que hasta la fecha no tenía nada en contra de los trasvases pero que asegura que seguirá la línea mantenida por su predecesora, Cristina Narbona (que no era demasiado partidaria), transcurrió sin mucha sangre el primer cara a cara de la guerra del agua.
Todas las comunidades autónomas menos Aragón dieron el visto bueno a la solución acordada la semana pasada entre el Ejecutivo y la Generalitat para paliar la grave sequía que atraviesa Cataluña. Eso sí, todas criticaron también que no se les hubiera consultado antes de aprobar la medida.
El PP la respalda porque (salvo en algunas regiones, como Aragón) defiende los trasvases, pero también considera que este tipo de infraestructuras se debe extender a otras comunidades autónomas. Por eso, ayer los consejeros aprovecharon para volver a pedir que el nuevo equipo del Ministerio de Medio Ambiente resucite el proyecto de trasvase del Ebro propuesto por el Gobierno popular en 2001 y que derogó Narbona.
«Lo digo rotundamente, alto y claro, y para que no quede absolutamente ninguna duda: se mantiene la derogación del trasvase del Ebro», respondió Espinosa.
Y, para que no quedara duda de que ratifica «la política de agua que tenemos establecida», les dijo a los consejeros que van a tener que apretarse el cinturón e ir hacia un urbanismo «más sostenible». De hecho, lo primero que les ha pedido es que elaboren un listado con las demandas de consumo humano y uso agrario que tienen en cada uno de sus territorios.
«Somos conscientes de que en la legislatura pasada se hicieron algunas planificaciones urbanísticas que ahora no valen y hace falta ahora redistribuir las demandas», explicó, aludiendo sin citarlo al desarrollo de Seseña (Toledo).
Espinosa dijo que las necesidades hídricas han cambiado -entre otras cosas, por el incremento de «la población inmigrante»- y que por eso «habrá que hacer reajustes». Anunció que su Ministerio va a ponerse a trabajar «casi exclusivamente» en esta línea y, además, adelantó que impulsará el uso de aguas recicladas.
En la reunión, que duró más de tres horas y en la que estuvieron todos los consejeros menos los de Baleares, el País Vasco y Ceuta, se bebió agua desalada al 75% procedente de la planta murciana de San Pedro del Pinatar, quizá para limar asperezas.
Antes del encuentro, los consejeros del PP se habían visto en Génova con Soraya Sáenz de Santamaría y habían definido una postura unánime que llevó a la responsable de Medio Ambiente de Castilla y León, María Jesús Ruiz, a declarar a los periodistas antes de la cumbre que en la solución del Gobierno «ha imperado el sentido común» y que se abre «una senda clara de estudio y entendimiento».
De hecho, ni siquiera se trataron otras cuestiones espinosas, como el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que han amenazado con interponer Murcia y Comunidad Valenciana.
La única voz discrepante fue la del consejero de Medio Ambiente de Aragón, Alfredo Boné (PAR), que dijo tener «serias dudas sobre la viabilidad y la eficacia» del proyecto aprobado.
El frente aragonés parece haberse endurecido otra vez. Anteayer, su presidente, Marcelino Iglesias, manifestaba que la obra aprobada no era un trasvase, pero ayer se desdijo y afirmó que esperará para pronunciarse a conocer el dictamen del informe jurídico que ha encargado para aclarar denominaciones. Incluso aseguró que, si el dictamen concluía que el envío de agua a Barcelona va contra el Estatuto aragonés, llevará el decreto al Tribunal Constitucional, según informa Javier Ortega.
elmundo.es
Vídeo:
Vea las declaraciones de Espinosa tras reunirse con los consejeros regionales.
CASTILLA.-LA MANCHA
-«Necesitamos recursos para poder desarrollarnos»
El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez (PSOE), consideró que su Gobierno «nunca se ha negado cuando ha habido que enviar agua a otras poblaciones por motivos de emergencia». «Pero fuera de estas circunstancias, el agua es prioritaria para la cuenca cedente, sobre todo en una región como la nuestra», añadió. Y recalcó: «Necesitamos el agua para poder desarrollarnos». Sánchez apuntó a la desalinización como «una solución viable y sostenible para las comunidades que tienen al lado el mar».
COMUNIDAD VALENCIANA
-«Existe un pacto entre Zapatero y Montilla»
El consejero valenciano de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón (PP), interpretó la solución para llevar agua a Barcelona como un pacto entre José Luis Rodríguez Zapatero y José Montilla, «igual» que la derogación del trasvase del Ebro, al inicio de la pasada legislatura, «fue un pacto entre Zapatero y Maragall». «Los problemas del agua no se resuelven con esos pactos, sino entre todas las comunidades autónomas y con todos los usuarios», expresó, e insistió en que el real decreto ley aprobado «encubre y descubre un trasvase».
MURCIA
-«Nos falta el agua de boca, pero para comer»
La postura murciana es la misma que la de la Comunidad Valenciana: coinciden en que es necesario resolver el problema catalán, pero añaden que «también hay que resolver el problema de todos». El consejero de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, Antonio Cerdá (PP), recordó que el minitrasvase del Ebro a Barcelona «estaba previsto en el Plan Hidrológico Nacional, pero fue derogado por el PSOE». «Nosotros no tenemos problema de abastecimiento, pero nos falta el agua de boca para comer, porque de los cultivos depende nuestro modo de vida», indicó.
ARAGON
«Hay 184 pueblos con problemas de abastecimiento»
Alfredo Boné (PAR) fue el único que protestó ayer contra el minitrasvase, que, en su opinión, «abre una serie de ventanas para situaciones parecidas en el futuro». El consejero de Medio Ambiente apuntó que el decreto es «muy vulnerable jurídicamente» y la conducción «es difícil de hacer en tan poco tiempo». «¿Y qué pasa si llueve? Es muy probable que la obra no valga para nada», explicó. Aragón entiende la sequía catalana, pero no que se solucione a costa de lo que considera su agua: «Ahora tenemos 184 municipios con problemas de abastecimiento», se quejó.
COMUNIDAD DE MADRID
«Desaladoras, presas, embalses... todo es necesario»
El vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid y presidente del Canal de Isabel II, Ignacio González (PP), está de acuerdo con el minitrasvase, pero también cree que se deben de tomar medidas para resolver los problemas que existen en muchos sitios de España».
Tras la reunión con Espinosa detectó «una cerrazón» y «un no querer admitir que todas las medidas son necesarias, ya sean trasvases, desaladoras, presas, embalses...» «Lo que queremos es una solución estructural definitiva», subrayó González.