The necessary desalination plants for the transfer will occupy about 400000 metres of coast line
Thu, 22/04/2004
El turismo y la industria azulejera podrían ser los grandes damnificados, junto a los agricultores, que tendrían que pagar más por el agua por los costes energéticos
VALENCIA. La paralización del trasvase del Ebro que, mediante un decreto ley prevé acometer el nuevo gobierno socialista, generará un impacto ambiental negativo «inimaginable», según denunció ayer el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que apoyó su teoría con datos concretos.Así, el jefe del Consell explicó que, en el caso de que los socialistas opten por la opción de las plantas desaladoras para abastecer a la Comunidad de los 350 hectómetros cúbicos previstos en el trasvase del Ebro, serían necesarios unos consumos energéticos de 1.500 gigawatios anuales o en su caso más de un millón de toneladas de petróleo, necesarios para su funcionamiento. Estas cifras supondrían un incremento del consumo eléctrico del 10%, por encima del crecimiento económico, lo que vulneraría el protocolo de Kioto. La nueva ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, no ha precisado todavía la alternativa que sustituya el PHN, pero la opción de las desaladoras existe, como reconoció el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, el pasado lunes.Camps explicó que las desaladoras que sería necesario construir en la Comunidad para garantizar la llegada del agua necesaria para el riego y el abastecimiento de la población «emitirán el diez por ciento de dióxido de carbono (CO2) que debería ahorrar España según lo establecido en el protocolo de Kioto». Esa circunstancia pondría en riesgo «industrias fundamentales para la prosperidad y el empleo en la Comunidad», en relación al sector azulejero, que también es emisor de CO2.El conseller de Territorio, Rafael Blasco, explicó en un comunicado que la producción de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero estaría entre los 1,5 y los 2 millones de toneladas anuales -la mitad que todo el sector cerámico-, lo que supondría un incremento del 7% de las emisiones de la Comunidad. Dicho aumento, en el caso de que las desaladoras emplearan energía térmica sería incompatible con el cumplimiento del protocolo de Kioto a menos que se suprimieran industrias o se comparan derechos de emisión, que supondrían un coste adicional de entre 32 y 40 millones de euros. Ese coste se tendría que aplicar al coste final del agua que tendrían que pagar los agricultores.En el caso de que las desaladoras emplearan energía eólica, se deberían implantar al menos veinte parques -unos 800 aerogeneradores- situados en primera línea de costa.El presidente de la Generalitat explicó que una planta tipo desaladora ocupa una extensión de 20.000 metros cuadrados y debe instalarse siempre en zonas de litoral, para tener acceso al agua del mar, a la que se extrae la sal para poder reutilizarla para el riego y el consumo humano.Impacto medioambiental y turísticoSegún los cálculos del Gobierno valenciano, la alternativa de la desalación supondría la ocupación de 400.000 metros cuadrados, siempre en zonas próximas al mar. lo que supondría «un impacto brutal paisajístico, medioambiental y para el turismo, que es otro de los sectores más pujantes de nuestra economía».Los inconvenientes de la desalación no se quedan ahí, ya que estas plantas emitirían entre 300 y 350 hectómetros cúbicos de salmuera al mar cada año. Camps alertó de que estos vertidos «significaría abrasar la vegetación marina necesaria para mantener el ecosistema marino».Esta batería de datos sirvió para que Camps concluyera que, al contrario de la desalación, el PHN «tiene previsto el impacto ambiental y es un ley aprobada por el Congreso». Ante esta situación, el presidente de la Generalitat se preguntó por qué el PSOE busca alternativas a una solución que, como el PHN, es eficaz y rentable».Al PSOE «le encantaría» el trasvaseCamps tuvo la oportunidad de constatar el malestar del comité ejecutivo de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), con quien se reunió ayer por espacio de hora y media. Al término del encuentro, el presidente de la Generalitat desveló que tanto los agricultores como él mismo concluyeron que «a muchos socialistas les encantaría decir que sí al trasvase del Ebro, pero como tienen compromisos políticos que les obligan a buscar otras opciones...». Unas alternativas que «siempre son frágiles y presentan problemas».Por ejemplo, citó la de los «mini trasvases» entre cuencas que el PSOE planteó en la campaña de las generales del año 2000 y que José Bono, entonces presidente de Castilla-La Mancha y hoy ministro de Defensa, desacreditó por su negativa a ceder más agua proveniente del Tajo.Camps, que mañana participará en Almería de un acto del PP a favor del trasvase, insistió en su petición de explicar personalmente a José Luis Rodríguez Zapatero su postura sobre el trasvase del Ebro.
VALENCIA. La paralización del trasvase del Ebro que, mediante un decreto ley prevé acometer el nuevo gobierno socialista, generará un impacto ambiental negativo «inimaginable», según denunció ayer el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que apoyó su teoría con datos concretos.Así, el jefe del Consell explicó que, en el caso de que los socialistas opten por la opción de las plantas desaladoras para abastecer a la Comunidad de los 350 hectómetros cúbicos previstos en el trasvase del Ebro, serían necesarios unos consumos energéticos de 1.500 gigawatios anuales o en su caso más de un millón de toneladas de petróleo, necesarios para su funcionamiento. Estas cifras supondrían un incremento del consumo eléctrico del 10%, por encima del crecimiento económico, lo que vulneraría el protocolo de Kioto. La nueva ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, no ha precisado todavía la alternativa que sustituya el PHN, pero la opción de las desaladoras existe, como reconoció el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, el pasado lunes.Camps explicó que las desaladoras que sería necesario construir en la Comunidad para garantizar la llegada del agua necesaria para el riego y el abastecimiento de la población «emitirán el diez por ciento de dióxido de carbono (CO2) que debería ahorrar España según lo establecido en el protocolo de Kioto». Esa circunstancia pondría en riesgo «industrias fundamentales para la prosperidad y el empleo en la Comunidad», en relación al sector azulejero, que también es emisor de CO2.El conseller de Territorio, Rafael Blasco, explicó en un comunicado que la producción de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero estaría entre los 1,5 y los 2 millones de toneladas anuales -la mitad que todo el sector cerámico-, lo que supondría un incremento del 7% de las emisiones de la Comunidad. Dicho aumento, en el caso de que las desaladoras emplearan energía térmica sería incompatible con el cumplimiento del protocolo de Kioto a menos que se suprimieran industrias o se comparan derechos de emisión, que supondrían un coste adicional de entre 32 y 40 millones de euros. Ese coste se tendría que aplicar al coste final del agua que tendrían que pagar los agricultores.En el caso de que las desaladoras emplearan energía eólica, se deberían implantar al menos veinte parques -unos 800 aerogeneradores- situados en primera línea de costa.El presidente de la Generalitat explicó que una planta tipo desaladora ocupa una extensión de 20.000 metros cuadrados y debe instalarse siempre en zonas de litoral, para tener acceso al agua del mar, a la que se extrae la sal para poder reutilizarla para el riego y el consumo humano.Impacto medioambiental y turísticoSegún los cálculos del Gobierno valenciano, la alternativa de la desalación supondría la ocupación de 400.000 metros cuadrados, siempre en zonas próximas al mar. lo que supondría «un impacto brutal paisajístico, medioambiental y para el turismo, que es otro de los sectores más pujantes de nuestra economía».Los inconvenientes de la desalación no se quedan ahí, ya que estas plantas emitirían entre 300 y 350 hectómetros cúbicos de salmuera al mar cada año. Camps alertó de que estos vertidos «significaría abrasar la vegetación marina necesaria para mantener el ecosistema marino».Esta batería de datos sirvió para que Camps concluyera que, al contrario de la desalación, el PHN «tiene previsto el impacto ambiental y es un ley aprobada por el Congreso». Ante esta situación, el presidente de la Generalitat se preguntó por qué el PSOE busca alternativas a una solución que, como el PHN, es eficaz y rentable».Al PSOE «le encantaría» el trasvaseCamps tuvo la oportunidad de constatar el malestar del comité ejecutivo de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), con quien se reunió ayer por espacio de hora y media. Al término del encuentro, el presidente de la Generalitat desveló que tanto los agricultores como él mismo concluyeron que «a muchos socialistas les encantaría decir que sí al trasvase del Ebro, pero como tienen compromisos políticos que les obligan a buscar otras opciones...». Unas alternativas que «siempre son frágiles y presentan problemas».Por ejemplo, citó la de los «mini trasvases» entre cuencas que el PSOE planteó en la campaña de las generales del año 2000 y que José Bono, entonces presidente de Castilla-La Mancha y hoy ministro de Defensa, desacreditó por su negativa a ceder más agua proveniente del Tajo.Camps, que mañana participará en Almería de un acto del PP a favor del trasvase, insistió en su petición de explicar personalmente a José Luis Rodríguez Zapatero su postura sobre el trasvase del Ebro.