Bruselas. Las empresas constructoras que vean perjudicados sus intereses como consecuencia de la derogación del trasvase del Ebro serán indemnizadas por el Gobierno, según reconoció ayer en Bruselas la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.
“ El Gobierno compensará los derechos adquiridos” , señaló la ministra al ser preguntada por las posibles indemnizaciones a las que el Estado tendría que hacer frente ya que el anterior Ejecutivo había licitado 767 millones de euros del total de 4.207 millones que costaba el trasvase del Ebro.
Sin embargo, la intención de Narbona es aprovechar al máximo los proyectos previamente licitados y continuar las obras en aquellos casos que puedan ser útiles aunque no se produzca el trasvase, como serían todas las obras de mejora de la red hidrográfica. Por este motivo, la ministra considera que el coste de las indemnizaciones que habría que pagar a las constructoras afectadas por la no realización de obras sería “ muy inferior” al del conjunto de infraestructuras licitadas por el Gobierno del PP. “ El margen de cifras en el que nos movemos no es difícil de asumir” , dijo.
Narbona estuvo en Bruselas entrevistándose con la comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Wallstroem, para informarle sobre la paralización del trasvase del Ebro y su sustitución por otros proyectos paralelos que permitirán abastecer de agua suficiente al Sudeste de la Península.

En tres semanas
Narbona se comprometió a presentar los proyectos alternativos en el plazo de tres semanas para que puedan ser financiados con cargo a los presupuestos europeos, como sucedía con el trasvase del Ebro, para el que el Gobierno anterior había solicitado 1.262 millones de euros. La ministra quiere pactar con las comunidades autónomas afectadas (Cataluña, Andalucía, Valencia y Murcia) los nuevos proyectos y presentarlos posteriormente en Bruselas, solicitando una cifra de recursos similar a la del trasvase.
Ante la posibilidad de que la Comunidad Valenciana y Murcia recurran ante los tribunales la paralización de las obras del trasvase, la ministra pidió ayer a sus presidentes que tengan “ una actitud constructiva” y que colaboren en el diseño de los nuevos proyectos.
Según explicó ayer Narbona, la mitad del agua que se iba a obtener del Ebro saldrá de la desalación masiva de agua del mar mediante la construcción de centrales que serán subvencionadas por el Ministerio. La otra mitad provendrá de los ahorros que se logren con el plan de optimización de los regadíos. Para Narbona, la alternativa del PSOE al trasvase del Ebro será menos costosa y más respetuosa con el medio ambiente. Así, auguró que el coste medio del agua desalada será de 30 céntimos de euro por metro cúbico frente a los 90 céntimos que iba a costar la procedente del Ebro por el trasvase.
Por otro lado, la ministra también se comprometió ante Wallstroem a presentar antes del 1 de julio el plan nacional de asignación de derechos de emisión, un trámite que España debía haber realizado en marzo en cumplimiento del Protocolo de Kioto.