Madrid, 3 may (EFE).- El presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), José María Macías, consideró hoy, en declaraciones a Efe, que la reforma de la M-30 debería haberse sometido a evaluación de impacto ambiental, lo que hubiera supuesto "una mejora del proyecto y, sobre todo, una participación ciudadana".
La Confederación Hidrográfica del Tajo, que estudia y analiza en estos momentos el proyecto de transformación de la M-30 presentado por el Ayuntamiento de Madrid, está a la espera de recibir el informe del Consejo de Estado y las prescripciones de la Comunidad de Madrid para iniciar el procedimiento que le compete y que tendrá carácter "vinculante".
Respecto al dictamen del Consejo de Estado, Macías consideró que "es una pena que no se haya aprovechado el momento de una actuación pública de tal envergadura para hacer el informe de impacto ambiental, pues supone una mejora de los proyectos y, sobre todo, que participen los ciudadanos", algo que, a su juicio, "distingue unas políticas de otras".
"Si hubiera dependido de nosotros, hubiéramos hecho este requerimiento", sentenció Macías, quien avanzó que el pronunciamiento de la CHT, en base a las "instrucciones que tengo de mis superiores políticos", será "absolutamente riguroso y escrupuloso en el respeto a las competencias de cada institución" y "en defensa de los intereses públicos".
El procedimiento que seguirá la Confederación Hidrográfica del Tajo en este asunto viene marcado por la Ley de Aguas y el reglamento correspondiente y, así, en primer lugar procederá al análisis del proyecto y a la solicitud de informaciones complementarias.
El siguiente paso será dirigirse a la Comunidad de Madrid para que, "oficialmente, nos haga traslado de todos los condicionantes medioambientales y de desarrollo de la obra que impone en uso de sus legítimas competencias".
A ello seguirá la apertura de un periodo de información pública del proyecto, en el que se recibirán las alegaciones de los ciudadanos, a los que animó a que se presenten por tratarse de un tema "trascendente" y porque "todos queremos que el río sea suyo y que se pueda recuperar de alguna manera", dijo Macías.
Concluido este periodo de información pública -"que no queremos enforcarlo como un trámite más"-, la Confederación hará las alegaciones, que serán remitidas al Ayuntamiento de Madrid para su estudio y, a partir de ahí, "se tomará la decisión pertinente".
En cuanto a plazos, el presidente de la CHT barajó "un mínimo de cuatro meses y un máximo dependiente de la participación ciudadana", aunque consideró que este procedimiento no debe interferir en el resto de las obras.
La autorización -que no informe- del CHT "se dará en función de los condicionantes que imponga el río y lo que opinen los ciudadanos durante el periodo de información pública" y será "absolutamente vinculante" en cuanto a que "la damos para poder ocupar o hacer obras en terreno de dominio público hidráulico".
Así pues, aclaró, si la Confederación no da autorización para hacer esas obras en lo que atañe al río, "no se pueden hacer", algo que "espero no se produzca" pues "nuestro interés y el de todas las instituciones es intentar que el río sea un elemento más de la vida ciudadana".
En cuanto a la situación del río Manzanares, Macías aseguró que, lejos de una "catástrofe ambiental", en estos momentos "cumple la normativa que exige el Plan Hidrológico del Tajo", aunque necesita de aliviaderos de tormenta que impidan que la suciedad llegue al río, algo que, aseguró, "ya contempla el proyecto de la M-30" además del cambio de colectores.
Macías avanzó que la UE está en fase de declarar casi toda la parte del Tajo como "zona sensible", lo que dará un plazo de siete años para adaptar todas las depuradoras y las actuaciones que se hagan en el río a unos estándares de calidad más exigentes.
Así, concluyó, "la CHT va a endurecer la normativa con un plan de calidad para toda la cuenca del Tajo de manera que gradualmente vayamos cumpliendo los condicionantes".