La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se presentó el lunes en Bruselas con la promesa de una alternativa al trasvase del Ebro, pero en realidad acudía a la cita con la comisaria de Medio Ambiente, Margot Wallström, con las manos vacías. Algo que puede costarles muy caro a las Comunidades Autónomas directamente afectadas por este proyecto, Andalucía, Valencia, Murcia y Aragón, y al conjunto de los contribuyentes españoles, porque el calendario avanza y los 1.262 millones de euros de cofinanciación solicitados por el anterior Gobierno para el PHN pueden volatilizarse si Narbona y su equipo no actúan pronto y bien.La ministra se conformó con comunicar a la Comisión Europea intenciones, la de derogar la parte de la ley del Plan Hidrológico Nacional que se refiere al trasvase del Ebro y algunos criterios que guiarán alternativas por ahora inexistentes sobre el papel. Alegó que apenas había tenido tiempo en las dos semanas en el cargo de analizar con detalle la situación del Plan, qué proyectos deben retirarse, modificarse o mantenerse.Sin embargo, Narbona ha dispuesto de más de tres años para estudiar alternativas, en tanto que responsable de Medio Ambiente de la Ejecutiva Federal del PSOE. En el ejercicio de ese cargo, se entrevistó hace tres años y dos días con la comisaria Wallström para reclamarle que negara la financiación comunitaria al PHN. Quizás por eso, cuando ayer regresó a su despacho para pedirle paciencia con el nuevo Gobierno para que acabe concediéndole más de 1.200 millones de euros para el nuevo Plan, la comisaria sueca comentó que ya no le sorprende nada en este largo contencioso. La memoria también nos recuerda que, hace ocho años, el Plan Hidrológico del entonces ministro socialista Josep Borrell preveía hasta 13 trasvases y la construcción de más de 200 presas.Las alternativas que baraja el Ejecutivo de Zapatero pasan ahora por limitar los trasvases y realizar un considerable esfuerzo de desalación de agua del mar, que supondría en torno a la mitad de las actuaciones. Los expertos no son, sin embargo, unánimes en su juicio sobre estas técnicas, todavía en desarrollo y que en la actualidad generan importantes emisiones de gases contaminantes, lo que dificultaría el cumplimiento de las exigencias de la UE. Las alternativas de la ministra llegan tarde y sus méritos están por demostrar, en particular ante los servicios de la Comisión Europea, de cuyo dictamen dependen las ayudas del Fondo de Cohesión y del Feder, que hoy por hoy están en el alero