El problema de la escasez y desigual distribución de recursos hídricos en España es una antigua y compleja reivindicación. La España seca y la España húmeda que en su momento denunció Joaquín Costa ya habían tenido sus antecedentes en nuestro territorio. Las constantes inundaciones que sufría nuestra ciudad, seguidas de períodos de sequía llevaron a Felipe II a pedirles a los jurados valencianos que interviniesen, es decir que pagásemos nuestras necesidades hídricas. Así, en 1590 la Fàbrica dita de Murs i Valls se encargó de canalizar el río Turia mediante un nuevo impuesto sobre la carne. No ha sido hasta el reciente Plan Hidrológico Nacional cuando se ha llegado a materializar una respuesta global, coherente y viable al citado problema.
El gobierno de España presentó al Congreso para su debate el proyecto de ley del PHN, donde fue aprobado por mayoría. No sólo del PP. A partir de ahí se puso en marcha dicho plan, en el que el transvase del Ebro constituye la piedra angular que dota de funcionalidad al conjunto. Antes había evaluado las diversas alternativas, decantándose finalmente por la que satisfacía en mayor medida los objetivos reclamados por la Comisión Europea para este tipo de actuaciones. Es decir, la de solucionar una escasez territorial de recursos hídricos desde el punto de vista de la eficiencia económica y de la sostenibilidad ambiental. Conceptos éstos que son innovadores y que no venían recogidos en el fracasado Plan Borrell-Narbona de finales de los ochenta. Para ello, se ha seguido todo un extenso y complejo itinerario que asegura un proceso de información y participación públicas, sin precedentes en la historia de nuestro país y posiblemente de Europa. La solución adoptada es la que finalmente ha suscitado no sólo el mayor respaldo político, sino también de los ciudadanos y territorios del Estado: más de las tres cuartas partes de las alegaciones al proyecto de transferencias han sido positivas o de apoyo a la actuación. Nos encontramos, por tanto, ante una solución que nadie deja de reconocer que es compleja, pero es sin duda la mejor de las posibles y la que ha obtenido mayores apoyos. Frente a este plan, el partido socialista desde la oposición -y ahora desde el Gobierno del Estado-, siempre ha mantenido que tenía una alternativa, silenciada por mucho que se les exigiese, aunque ésta parecía diferente según estuviera en boca de sus representantes en cada comunidad autónoma, reclamando, al mismo tiempo, una mayor dosis de consenso.
Ahora, una vez en el gobierno, debería hacerla pública y concretarla. No se puede echar por la borda una ley aprobada en las Cortes sin una propuesta que dé verosimilitud a algo tan crucial y que afecta no sólo a la actual generación, sino también a las venideras. La alternativa anunciada en el discurso de investidura por quien después iba a ser presidente del Gobierno -con los votos, entre otros de la Chunta Aragonesista y Esquerra Republicana de Catalunya, además de los propios socialistas- ha sido romper la baraja, suprimir el transvase del Ebro y presentar un opúsculo de 11 páginas donde se recogen las actuaciones previstas en la propia ley. Llama la atención la insuficiencia absoluta de justificación de las alternativas propuestas. No menos paradójico resulta el procedimiento. La alternativa a día de hoy es: menos agua, más cara, a más largo plazo y, por supuesto, con unos impactos ambientales inasumibles.
Menos agua, porque como alternativa al transvase se nos ofrecen 'exclusivamente' 145 Hm3 procedentes de plantas desaladoras: tres veces menos que el volumen previsto en el trasvase para la Comunidad Valenciana. El resto, hasta los 340 Hm3, que se dice van a llegar, surgen de actuaciones que ya estaban previstas en el Anexo II del PHN y no constituyen novedad alguna, sólo que con el nuevo gobierno las cantidades que se esperan obtener crecen misteriosamente sin justificación alguna. Probablemente, si se me permite la broma en una decisión tan sería, la solución sea más lluvia y un zahorí. De momento la lluvia ya está aquí.
Más cara, porque a pesar de lo manifestado en el opúsculo del Ministerio, el coste medio estimado, con escenarios económicos y energéticos razonables y con las ayudas europeas, no superará los 0,30 euros/m3, la mitad del que pueda resultar de la más eficiente de las desaladoras, sin contar el coste suplementario de llevar el agua a las zonas de consumo ni los derivados del cumplimiento del Protocolo de Kioto. A eso se le denomina fe ciega en la técnica, otrora llamada tecnocracia. En este sentido, las cifras que maneja la ministra, cuando triplica el coste previsto en el PHN, se producirían en escenarios apocalípticos que supondrían tipos de interés superiores al 15%, incremento de los precios energéticos del orden de las 15 veces, amortizaciones de la infraestructura en plazos inferiores a los 10 años, etc. Es decir, escenarios más cercanos a Matrix que a la realidad.
A más largo plazo, porque, al margen de lo que se denominan erróneamente 'actuaciones urgentes', pues están previstas o desarrollándose en gran parte, se afirma que en breve plazo (sic) se empezarán a estudiar las demandas de agua 'reales' de la Comunidad, apuntándose la posibilidad, anunciada por J. I. Pla, de realizar trasvases a la Comunidad Valenciana, tanto desde el Ebro como desde el Tajo. Es decir, empezar a elaborar otro libro blanco del agua en España, revisar los planes de cuenca, proponer las soluciones técnicas, desarrollarlas al mismo nivel que están las del PHN, evaluarlas estratégicamente y, por supuesto, exponerlas al público con audiencia para todas las Administraciones, si se quiere conseguir el tan cacareado mayor consenso.
Esto nos lleva nada menos que a las puertas de 2016, plazo límite impuesto por la Directiva de Aguas para tener en perfecto estado físico, químico y biológico nuestros ecosistemas húmedos. No olvidemos que la misma Directiva exige la restauración de humedales, acuíferos, ríos etc., con una necesidad de entre 250 y 300 Hm3 de caudal ambiental, que se iban a obtener del trasvase por sustitución de las extracciones en los acuíferos con déficit por explotación.
Con más impacto, puesto que se pretende generalizar la solución de la desalación, adecuada para ciertos consumos urbanos, y así recogida en el anexo II del PHN, a los consumos ambientales y agrícolas, lo que supone una mastodóntica implantación de estas plantas solamente comparable a las que existen en países desérticos, sin alternativas, y con energía abundante y barata.
El aumento en el nivel de las emisiones contaminantes, las afecciones paisajísticas, la ocupación de suelo, el consumo de energía, la contaminación acústica y el impacto de sus vertidos hacen inviable la generalización de estas soluciones, que no evitan además tener que realizar infraestructuras puras y duras de trasvase, desde la producción al consumo, con longitudes que, sumadas en conjunto, serían análogas a las del trasvase que pretenden sustituir.
En resumen, una alternativa que pone en peligro nuestro desarrollo tanto económico como ambiental. Una alternativa que responde a hipotecas políticas en Cataluña y ajena a los intereses generales por los que todo gobierno debe velar. Aceptarla acarrearía para los valencianos reconocer de nuevo el 'justo derecho de conquista', disfrazado ahora, eso sí, de legitimidad democrática.