La concesión del futuro trasvase de agua desde el río Inglares hasta la Rioja Alavesa, proyectado dentro del Plan de Regadíos del territorio, registró, cuando menos, «indicios de irregularidades administrativas». Así lo explica un informe elaborado por un grupo de expertos en la materia. El estudio en cuestión, al que ha tenido acceso DEIA, también advertía de la posible trasgresión medioambiental que podría sufrir el mencionado cauce si se desarrolla finalmente la captación de nuevos caudales y de la escasez del mismo para acometer nuevas tomas. Los autores del estudio -la Fundación Nueva Cultura del Agua- entregaron el mismo a la Diputación alavesa a finales de 2002. Aseguraban en sus conclusiones que el mencionado proceso de concesión se desarrolló «sin tener en cuenta en ningún momento los principios de la Directiva Marco comunitaria en materia de aguas». Éstas recomiendan estrategias de gestión de la demanda de agua, el ahorro, el incremento de la eficiencia y la conservación de las cuencas de los ríos. Además, los redactores señalaban a renglón seguido que «se puede llegar a la conclusión de que se ha prescindido voluntariamente de la postura de otras instituciones del Gobierno vasco, y de las manifestaciones de entidades de derecho público y privado afectadas, como comunidades de regantes. Esto contradice el principio comunitario de promoción de una gestión democrática en materia de aguas».La clave de estas críticas hay que buscarlas en los nuevos regadíos que se proyectan para Rioja alavesa y la Sonsierra riojana hasta 2008, basados, en una parte sustancial, en el trasvase de aguas desde el río Inglares, a través de una tubería de cerca de 40 kilómetros. Denuncia ante la Comisión EuropeaEl proyecto, financiado y ejecutado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) e incluido en el Plan de Regadíos foral, pretende extender el riego a 5.000 hectáreas en lo que será la primera de tres fases a zonas de viñedos alavesas como Labastida, Navaridas, El-tziego o Laguardia, y riojanas como Briñas, Ávalos o San Vicente de la Sonsierra, entre otros. Esta situación devino en una serie de quejas por parte de la denominada Comunidad de Regantes Valle Bajo del Río Inglares que llegaron en diciembre de 2000 a la Comisión Europea. En ellas se denunciaba a las autoridades españolas por el presunto incumplimiento de las directivas de conservación de hábitats naturales y por la no presentación del estudio de impacto ambiental de las obras necesarias. El organismo comunitario concluyó, según el estudio, que el Estado había incumplido sus obligaciones «al no haber realizado un estudio de evaluación del impacto ambiental» de dicha infraestructura, y no tener en cuenta las posibles afecciones a los ecosistemas.En el plazo de alegaciones, el Ministerio en cuestión señaló, entre otras consideraciones, que «la competencia en materia de montes, reforma y de desarrollo agrario y administración de espacios naturales protegidos corresponden a la Diputación Foral de Álava. Al Estado, le corresponden la Legislación, Ordenación y Concesión de Recursos y Aprovechamientos Hidráulicos cuando afecte a más de una comunidad autónoma», según recoge el informe de la Fundación Nueva Cultura del Agua.Sea como fuere, el hecho es que el trasvase del río Inglares está en entredicho. De hecho, un informe elaborado por la Dirección de Aguas del departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno vasco, alertaba de que el caudal del mencionado curso hídrico no sería suficiente para hacer frente al trasvase previsto de 300 litros por segundo sin dañar el equilibrio natural del cauce. «Entendemos que no se dan las condiciones mínimas exigibles para ello», setenciaban. Además, el informe señala que los «graves impactos ambientales sobre el río Inglares hacen aconsejable revisar este proyecto».