El Ministerio de Medio Ambiente está estudiando, a propuesta de los socialistas murcianos, la construcción de un minitrasvase de agua para así paliar el déficit hídrico del Altiplano murciano. Ésta es una de las zonas de la cuenca del Segura en las que la desalación de agua no es posible, ya que la lejanía de Yecla y Jumilla de la costa, unos 100 kilómetros, y con unos 80.000 habitantes, hace inviable la transferencia de nuevos recursos, pues el precio del agua desalada sería muy elevado, incluso para el abastecimiento humano, según argumentan todos los expertos en agua.
El Ministerio de Medio Ambiente y los socialistas murcianos son conscientes de que las soluciones más prácticas para los dos municipios de Murcia, situados en un altiplano de 500 metros de altitud, son la transferencia de agua desde la cuenca del Júcar, mediante permutas, o desde el embalse del Talave, en Albacete, y que recibe agua del trasvase Tajo-Segura. Así, cualquiera de las dos opciones sustituiría con éxito los 40 hectómetros cúbicos que el Plan Hidrológico Nacional (PHN) preveía enviar desde el Ebro.
Los dos minitrasvases han sido analizados en diferentes reuniones en el ministerio, en las que ha participado el propio secretario regional de los socialistas murcianos y alcalde de Jumilla, Francisco Abellán. En el primer caso, el punto de partida sería Villena, en cuyas cercanías se situará el embalse final del trasvase Júcar-Vinalopó aprobado por el Gobierno central y que cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea, que ha decidido financiarlo. Pero ese agua debería ser permutada con recursos del Segura, posiblemente de la desalación en las zonas costeras. Esta opción cuenta con la posible oposición de los regantes alicantinos.
La otra posibilidad requeriría una canalización mayor, de más de 100 kilómetros, que pasando cerca de Hellín recogería los recursos del trasvase Tajo-Segura que se liberarían tras la puesta en marcha de las ocho desaladoras previstas en el anexo del PHN por lo que no sería necesario redotar las transferencias procedentes de Albacete, como han exigido tanto el Gobierno como la oposición de Murcia