Concentración ocho veces superior al límite legal. La contaminación de simazina ha obligado a las empresas de aguas de Málaga y a la Axarquía a implantar caros tratamientos

El que fuera mejor aliado de los agricultores del Valle del Guadalhorce y de la Axarquía, un pesticida llamado simazina, se ha convertido en el peor enemigo de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa) y de la Delegación de Salud. Ambos organismos, junto con la Delegación de Agricultura, llevan más de año y medio en alerta por la alta concentración de este herbicida tóxico en los pantanos que abastecen de agua a la capital, cuyos niveles han superado los límites permitidos por la ley y han obligado a implantar caras medidas especiales para potabilizar el agua.
Se trata de un problema conocido en Andalucía: hace dos años, en el consorcio jiennense de El Rumblar, los altos niveles de simazina obligaron incluso a la Consejería de Salud a prohibir el consumo del agua del grifo durante varias semanas en los municipios de la comarca, afectando a unas 83.000 personas. Pero si la contaminación por este plaguicida puede ser relativamente normal en zonas de olivar extensivo como los campos de Jaén, más extraño resulta para los técnicos que los embalses malagueños hayan acabado con el mismo problema.
Empleada en la agricultura desde hace casi medio siglo, el uso generalizado de la simazina fue prohibido por la UE en 2002, aunque se dictó una moratoria que permite su aplicación hasta el 31 de diciembre de este año en los cítricos y los viñedos (muy extendidos en la provincia de Málaga). Esto ocurrió después de que diferentes estudios científicos demostraran que esta sustancia orgánica se acumulaba en los acuíferos y que el consumo prolongado de ese agua contaminada podía tener efectos perjudiciales para el ser humano.
El plaguicida también tiene incidencia sobre la cadena alimenticia, acumulándose en los aceites y la fruta. De hecho, se prohibió especialmente su uso para el olivar porque contaminaba las aceitunas cuando caían al suelo.
La lluvia es su delator, porque lava la superficie del campo y arrastra este producto fitosanitario hasta ríos y pantanos. Por ello, tras varios años muy secos, la vuelta de las precipitaciones a finales de 2002 hizo saltar las alarmas en uno de los análisis completos que mensualmente realizan los técnicos del laboratorio de Emasa al agua que llega a los grifos de los ciudadanos. Si la ley permite 0,1 microgramos por litro de agua, en diciembre de ese año se detectó que el agua procedente del embalse del Guadalteba traía hasta 0,8 microgramos por litro, mientras que la presa del Conde del Guadalhorce tenía 0,2 microgramos/litro.
Desde entonces y hasta la fecha, todos los análisis que realiza Emasa han sobrepasado los valores máximos permitidos para este herbicida, que llegó al tope de 0,9 microgramos por litro en enero de 2003 y ha ido bajando a medida que las lluvias han ido lavando el campo hasta los 0,34 microgramos actuales.
La contaminación de los pantanos del Guadalhorce, que constituyen uno de los principales recursos de abastecimiento a la capital, obligó a Emasa a recurrir a fuentes alternativas. Afortunadamente, el agua del río Grande no estaba contaminada y las ocho bombas de captación de Aljaima han funcionado a toda potencia desde entonces.
Pero el problema se agravó en octubre de 2003, cuando también se registraron parámetros altos de simazina en las aguas de la presa de la Viñuela, la otra gran fuente de abastecimiento a Málaga y que nutre a toda la costa oriental.
Las abundantes lluvias caídas desde entonces han ido reduciendo los niveles de simazina, aunque la cifra sigue superando los niveles máximos permitidos por ley.
El problema tiene reflejo económico puesto que la simazina le está saliendo muy cara al Ayuntamiento de Málaga, que va a pasarle la factura a la Confederación Hidrográfica del Sur. Hasta la fecha, las arcas municipales han tenido que afrontar el pago de más de 500.000 euros por el tratamiento especial que Emasa está dispensando al agua que llega de los pantanos del Guadalhorce y el Consistorio ya ha reclamado al organismo estatal el pago de esa cantidad.