Llega a la CHG desde el Centro de Nuevas Tecnologías del Agua (Centa), foro en el que defendió las teorías de la nueva cultura del agua y la cogestión de la cuenca con la Junta de Andalucía. El freno al regadío y el control del dominio público hidráulico son sus grandes retos para los próximos cuatro años.
rosa llacer
sevilla. –Han pasado 10 años desde que dejó la CHG. ¿Qué se ha encontrado al llegar?
–En materia de aguas hay dos fechas clave. La primera es el año 86, cuando entra en vigor la Ley de Aguas y se empieza a hablar de que las aguas sean públicas y que exista un control sobre temas que antes no eran prioritarios. El otro momento es ahora, con la Directiva Marco de Aguas, que da una dimensión territorial e incluso política al agua. El hecho de que España no acaba en los Pirineos, de que se gestiona para una sociedad madura que entiende que las cosas tienen un coste, que tener un medio ambiente adecuado no sale gratis... Este segundo hito es el que está cambiando muchas concepciones.
–La Directiva obliga a reformar las confederaciones. ¿Es una oportunidad para el cambio?
–Creo que es la excusa para cambiar la mentalidad y la forma de entender el agua.
–Pero hay ideas muy asentadas. En la memoria de la CHG se dice que la petición de concesiones de agua se ha multiplicado por dos desde 1997. ¿Se puede pedir agua hasta el infinito?
–No, claramente no. Lo mejor de empezar ahora como presidente del Guadalquivir es que tenemos los embalses llenos y esto da tranquilidad. Es el momento de hablar y de decir las cosas con sinceridad. Y la verdad es que en la cuenca del Guadalquivir no nos sobra agua. Estamos en un momento en el que el Guadalquivir no se puede permitir el crecimiento agrícola de los últimos años y creo que se dan las condiciones de sosiego y tranquilidad para poder hablar.
–¿Habrá bancos del agua, organismos donde los particulares puedan comprar y vender sus concesiones de agua?
–Serán necesarios precisamente por esta situación de insuficiencia. Las medidas de reasignación son necesarias en épocas normales y, sobre todo, en épocas de escasez.
–¿Y desaladoras?
–Espero que no. Espero que con los recursos que tenemos seamos capaces de repartir el agua y armonizar los intereses.
–Pero lo que dice implica cambios muy profundos.
–Es necesario. Esta visión nueva y esta nueva forma de relacionarse con el agua viene dada porque ya no caben más historias. No vale contar que no nos preocupemos, que el agua sobra y que si falta los ingenieros harán más presas porque el agua que llega al mar se pierde. Son una serie de tópicos que no son verdad y hay que desterrar. El agua es la que es y debemos enfrentarnos a la gestión de un recurso escaso. Esto nos obliga a hablar, a pactar. Quiero pensar que voy a ser capaz de convertir al organismo de cuenca en un sitio de todos, de debate y acuerdos.
–¿Implica también transferir parte de la gestión de la CHG?
–Hay una realidad innegable y es que el Guadalquivir tiene el 90 por ciento de su superficie en Andalucía. Efectivamente no es un río que esté íntegramente en territorio andaluz y constitucionalmente no se puede transferir. Ahora bien, el Guadalete y el Barbate, que también están adscritos a la Confederación, son cuencas internas y no tiene sentido que no sean gestionadas por la Junta. Estamos trabajando para tener toda la documentación y facilitar su transferencia a la Junta de Andalucía en un plazo de tiempo muy breve. Y, con relación al Guadalquivir en sí, habrá que buscar fórmulas que permitan a la comunidad autónoma desarrollar sus políticas de medio ambiente, de territorio, de agricultura... La intención del Ministerio es abrir el organismo de cuenca a las comunidades autónomas y que la Confederación sea un lugar que sientan suyo. El gran reto es que cuando pasen cuatro años el modelo que se haya decidido sea un modelo estable, en el que se sientan representados los regantes, los usuarios, los ecologistas, las profesionales de agua, la comunidad autónoma... Que sea apolítico y no haya necesidad de cambiarlo.
–También es partidario de cogestionar los millonarios fondos que ha concedido Bruselas para restaurar cauces.
–Estamos obligados. Si hablamos de adecuación ambiental de cauces, lo primero que tengo hacer, también lo más lógico, es hablar con la Consejería de Medio Ambiente y no sólo para financiar los proyectos que ellos han elaborado, sino también para que la Confederación diga cuáles son las necesidades que ha detectado. Sumar debe ser una de las claves.
–Ha dicho que da tranquilidad tener los pantanos llenos. También auguran un nuevo periodo de escasez.
–Sabemos que cada década hay un periodo de sequía. Aunque ahora tengamos agua, creo que es una obligación empezar a trabajar desde ya en un plan de contingencia en el caso de que las condiciones climatológicas sean adversas. Eso no quiere decir que no vaya a haber sequía, pero sí que se pueden minimizar sus efectos para que todos suframos menos.
–Hay otras cuestiones espinosas, como el papel de la CHG en la calidad del agua.
–Culpar a la Confederación de la contaminación del Guadaíra, del Guadalete, del Guadajoz o del Guadiamar me parece injusto. El primer culpable es el que contamina. También nos encontramos con un problema grave de la Junta porque todavía hay muchas poblaciones que no tienen el sistema de alcantarillado, saneamiento y depuración adaptado a lo que exige la legislación europea y española. Por mucho que se sancione, el vertido va a seguir, pero sí es verdad que hay que insistir. Me pongo a disposición de todas las administraciones para diseñar planes coordinados que mejoren la calidad de agua.
–¿Y el control, o falta de control, del dominio público hidráulico?
–Tiene que ser uno de los ejes de esta nueva forma de entender la política del agua. Lo que no parece de recibo es que no se sepa exactamente quién tiene derecho y quién no tiene derecho o qué parte del dominio está afectada y cuál no. La ministra de Medio Ambiente lo ha dicho: mejor conocimiento de los problemas y de los infractores.
transferencia
"El Guadalquivir no es transferible constitucionalmente, pero hay que buscar fórmulas para trabajar con la Junta