La viabilidad medioambiental de las plantas desaladoras como alternativa al trasvase del Ebro no sólo la pone en duda el PP. Hace apenas dos meses, la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, paralizó la desaladora almeriense de Carboneras por
"estar vertiendo salmuera al mar, por encima de las obligaciones medioambientales"
tras iniciar las pruebas de vertido.
Así se manifestaba el delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, el socialista Juan José Luque, días antes de la paralización de esta infraestructura.
Los problemas ambientales generados por esta planta desaladora han sido reiteradamente denunciados por pescadores, agricultores, empresarios turísticos y ecologistas.
Cabe remarcar que estaba previsto que la planta de Carboneras, con capacidad para producir 42 hectómetros cúbicos de agua, tenía que distribuir recursos hídricos desde Carboneras hasta la comarca del Níjar, a varios kilómetros de distancia.
Asimismo, tanto en el PHN del PP como entre las propuestas urgentes elaboradas desde el actual Ministerio de Medio Ambiente, se preveía duplicar, con 42 hectómetros más, la capacidad de esta planta hídrica.
El procedimiento sancionador contra la planta llegó en virtud de un informe del Servicio de Protección Ambiental de la Junta andaluza, por la
"comisión de la presunta infracción en materia de protección" .
El documento del 18 de febrero estima el incumplimiento de las obligaciones en el condicionado de autorización de vertidos y que estos hechos constituyen una infracción a la normativa.
La sociedad estatal Aguas de Cuenca del Sur, gestora del proyecto, se considera perjudicada por el cierre y censura que la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, niegue que haya paralizado la desaladora