Ecolgists request the public rivers to be freed from buildings
Wed, 09/06/2004
MADRID.- Ecologistas en Acción ha reclamado a Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente, que corrija la situación de deterioro del dominio público hidráulico.
Desde hace varias legislaturas apenas se ha avanzado en la delimitación de ese espacio de todos los españoles, que a lo largo de décadas ha sido invadido por intereses privados, según la ONG.
Un estudio de Ecologistas en Acción cifraba en 40.000 las construcciones levantadas en los cauces o zonas de influencia. La mayor parte de estas construcciones son viviendas, pero hay también un buen número de cámpings, polideportivos y hasta colegios o residencias de ancianos.
«Cada año se construyen varios cientos de construcciones más, ante la dejación de las confederaciones hidrográficas», afirman.
«Además de invadir un espacio público, causa grades daños ambientales y son un riesgo para las personas en caso de lluvias torrenciales o inundaciones», dice su estudio. Los casos más conocidos son los del cámping de Biescas o el barrio del Cerro de los Reyes de Badajoz, sucesos que se saldaron con más de un centenar de víctimas.
La ONG reclama al Ministerio de Medio Ambiente que «debe hacer los cambios necesarios en las confederaciones para conseguir que actúen con eficacia en la protección del dominio público».También pide que se proceda a paralizar las obras que haya iniciadas y que en un plazo de cinco años se derriben todas las construcciones ilegales y se restauren esas áreas». Según Santiago Martín Barajas, en un plazo de dos años «se debe concluir el deslinde del dominio público».
Desde hace varias legislaturas apenas se ha avanzado en la delimitación de ese espacio de todos los españoles, que a lo largo de décadas ha sido invadido por intereses privados, según la ONG.
Un estudio de Ecologistas en Acción cifraba en 40.000 las construcciones levantadas en los cauces o zonas de influencia. La mayor parte de estas construcciones son viviendas, pero hay también un buen número de cámpings, polideportivos y hasta colegios o residencias de ancianos.
«Cada año se construyen varios cientos de construcciones más, ante la dejación de las confederaciones hidrográficas», afirman.
«Además de invadir un espacio público, causa grades daños ambientales y son un riesgo para las personas en caso de lluvias torrenciales o inundaciones», dice su estudio. Los casos más conocidos son los del cámping de Biescas o el barrio del Cerro de los Reyes de Badajoz, sucesos que se saldaron con más de un centenar de víctimas.
La ONG reclama al Ministerio de Medio Ambiente que «debe hacer los cambios necesarios en las confederaciones para conseguir que actúen con eficacia en la protección del dominio público».También pide que se proceda a paralizar las obras que haya iniciadas y que en un plazo de cinco años se derriben todas las construcciones ilegales y se restauren esas áreas». Según Santiago Martín Barajas, en un plazo de dos años «se debe concluir el deslinde del dominio público».