La modificación del Plan Hidrológico que aprobará hoy el Gobierno, que incluye la polémica derogación del trasvase del Ebro, no afectará a las inversiones previstas en Galicia, unos 747 millones de euros destinados mayoritariamente a obras de abastecimiento y saneamiento en Lugo, Ourense, Ferrol y Santiago y a actuaciones de carácter forestal. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, confirmó el compromiso con las obras previstas en Galicia al conselleiro Xosé Manuel Barreiro, que así se lo exigió en su comparecencia ante la comisión de autonomías del Senado. En lo concerniente al trasvase del Ebro al Levante, Barreiro defendió esta opción aprobada por el anterior Gobierno, de la que subrayó que se apoya «en un elemento fundamental, que es la solidaridad interterritorial». Por su parte, Narbona defendió con uñas y dientes el decreto ley por el que se dejarán sin efecto nueve artículos del Plan Hidrológico Nacional (PHN) y aseguró que el plan alternativo del PSOE supondrá dotar en cuatro años de 1.063 hectómetros cúbicos a las cuencas Sur, Segura, Júcar y Cataluña, mientras que el trasvase del Ebro sólo preveía 1.050 hectómetros de los que, según Narbona, sólo llegarían 620. Además, este plan de actuaciones urgentes previsto por el PSOE costará 3.798 millones de euros, 400 menos que el trasvase. Ventajas del plan La ministra intentó contentar en lo posible a las comunidades afectadas explicando las ventajas de las medidas propuestas. Según explicó, «en Cataluña, el trasvase ofrecía 190 hectómetros, pero nuestros datos dicen que no serían más que 112 y la alternativa que damos son 145. Igual que en la cuenca del Júcar, el trasvase daba 315 hectómetros pero la realidad no superaba 186 y con esta alternativa recibirán 270». Narbona señaló que también la cuenca del Segura se vería beneficiada y recibiría 336 hectómetros en lugar de los 266 que prometía el trasvase y precisó que Almería tendría 312 hectómetros cúbicos de auga frente a los sólo 56 que le otorgaba el plan anterior. La titular del ministerio sorprendió sin embargo al señalar que el Gobierno no descarta retomar el trasvase dentro de cuatro años, siempre que las comunidades de las cuencas de origen den el visto bueno. Los presidentes de Valencia y Murcia pidieron a la ministra que no derogase el trasvase y que, si lo hacía, les dejase a ellos hacerlo desde sus comunidades. El valenciano, Francisco Camps, fue el más rotundo y, aludiendo a los precios que el Gobierno ha fijado para el agua le dijo: «Fíjese si estoy convencido de la bondad de este proyecto, que estoy convencido que a los regantes de Valencia, Murcia y Almería les puede salir gratis el agua a utilizar en sus regadíos que vengan de este trasvase»