Water policy, quality and guaranty
Sat, 19/06/2004
El futuro del levante español pasa por un desarrollo turístico y medioambiental equilibrado
El punto de vista
Parecería que habiéndose derogado el trasvase se han terminado los problemas del agua en España, aunque para ello el Gobierno pueda haber caído en la trampa de la política hidráulica. Si el trasvase daba hasta un total de 1.050 hm3 anuales, su alternativa dará 1.063. Pero ¿realmente esta agua es necesaria? Los déficits son una invención de la planificación hidráulica para justificar obras de infraestructura. Hay que dar por terminado el viejo modelo hidráulico y fijarnos en la Directiva Marco del Agua (DMA) para establecer un nuevo modelo de gestión donde lo esencial sea la calidad. El objetivo debe ser el mantener o restaurar el estado ecológico de nuestros ríos, lagos, humedales y costas para asegurar que la calidad del agua que consumimos y, al mismo tiempo, obtener una garantía suficiente para los usos sostenibles del agua.
La garantía para los diferentes usos debe obtenerse por consumir menos agua, utilizar sosteniblemente todas las fuentes posibles y establecer una correcta política territorial. Ciudades como Barcelona o Valencia, que hoy parecen estar en crisis, no lo estarían con la correcta gestión de los acuíferos, la reutilización del agua, el ahorro, la eficiencia y algo de desalación.
El decreto ley ministerial se queda a medio camino de cumplir los objetivos ambientales que requiere la DMA. Si nos fijamos en las inversiones para Catalunya que la Generalitat ha pedido como medidas alternativas al trasvase, se destinan un 22% a la desalación, un 34% a infraestructuras (de abastecimiento o saneamiento), un 16% a reutilización de agua y mejora de acuíferos y un 28% a restauración ambiental.
No está mal para empezar, aunque todavía quisiéramos que la parte ambiental fuera proporcionalmente mayor. En cambio, en la cuenca del Segura, la desalación supone el 36% de las inversiones previstas, las infraestructuras (mejoras de regadío, abastecimiento y depuración) el 58%, sólo un 3% de reutilización y conservación de acuíferos y un mísero 3% de restauración hidrológico-forestal. Aunque es mejor esto que una tubería, seguimos con políticas hidráulicas no sostenibles.
Desde el punto de impacto ambiental el decreto se ha quedado también a medio camino. Al no derogarse el anexo 2 se siguen programando (como de interés general) múltiples embalses, el trasvase Júcar-Vinalopó, el Pacto del Agua de Aragón o los regadíos del Canal Segarra-Garrigues. Todo ello puede ser tanto o más impactante que el propio trasvase.
Y pese a todas las medidas, la garantía y la calidad probablemente no queden aseguradas en algunas cuencas, como la del Segura, donde los recursos son escasos y por lo tanto ya no admite un modelo de desarrollo anclado en los años 60 del siglo XX donde el agua es sólo un recurso sectorial y no un activo social y ecológico. El futuro del levante español pasa por mantener un desarrollo turístico equilibrado y respetuoso con el medioambiente (menos golf, más jardines mediterráneos), una industria no contaminante y una agricultura acorde con la realidad europea. Si no se reconoce el hecho territorial cualquier política del agua fracasará.
Por último, hay algo esencial para que una política del agua basada en la calidad y la garantía triunfe en España: una profunda renovación de la forma como se gestiona el agua. El cambio trascendental es un cambio mental. El chip del balance de recursos-demandas y los déficits estructurales está obsoleto, hay que cambiarlo por un chip de última generación, versátil, adaptable a las circunstancias y atento a los cambios: el de la calidad y la garantía. Sin este cambio mental en aquellos que gestionan el agua en España es difícil que logremos tener agua en cantidad y calidad suficiente para los abastecimientos, las industrias, los servicios, la agricultura sostenible y los ecosistemas. Confiemos que pronto tendremos una nueva ley del agua que olvide un poco la hidráulica y piense más en la calidad y los ecosistemas.
Catedrático de Ecología de la UB.
El punto de vista
Parecería que habiéndose derogado el trasvase se han terminado los problemas del agua en España, aunque para ello el Gobierno pueda haber caído en la trampa de la política hidráulica. Si el trasvase daba hasta un total de 1.050 hm3 anuales, su alternativa dará 1.063. Pero ¿realmente esta agua es necesaria? Los déficits son una invención de la planificación hidráulica para justificar obras de infraestructura. Hay que dar por terminado el viejo modelo hidráulico y fijarnos en la Directiva Marco del Agua (DMA) para establecer un nuevo modelo de gestión donde lo esencial sea la calidad. El objetivo debe ser el mantener o restaurar el estado ecológico de nuestros ríos, lagos, humedales y costas para asegurar que la calidad del agua que consumimos y, al mismo tiempo, obtener una garantía suficiente para los usos sostenibles del agua.
La garantía para los diferentes usos debe obtenerse por consumir menos agua, utilizar sosteniblemente todas las fuentes posibles y establecer una correcta política territorial. Ciudades como Barcelona o Valencia, que hoy parecen estar en crisis, no lo estarían con la correcta gestión de los acuíferos, la reutilización del agua, el ahorro, la eficiencia y algo de desalación.
El decreto ley ministerial se queda a medio camino de cumplir los objetivos ambientales que requiere la DMA. Si nos fijamos en las inversiones para Catalunya que la Generalitat ha pedido como medidas alternativas al trasvase, se destinan un 22% a la desalación, un 34% a infraestructuras (de abastecimiento o saneamiento), un 16% a reutilización de agua y mejora de acuíferos y un 28% a restauración ambiental.
No está mal para empezar, aunque todavía quisiéramos que la parte ambiental fuera proporcionalmente mayor. En cambio, en la cuenca del Segura, la desalación supone el 36% de las inversiones previstas, las infraestructuras (mejoras de regadío, abastecimiento y depuración) el 58%, sólo un 3% de reutilización y conservación de acuíferos y un mísero 3% de restauración hidrológico-forestal. Aunque es mejor esto que una tubería, seguimos con políticas hidráulicas no sostenibles.
Desde el punto de impacto ambiental el decreto se ha quedado también a medio camino. Al no derogarse el anexo 2 se siguen programando (como de interés general) múltiples embalses, el trasvase Júcar-Vinalopó, el Pacto del Agua de Aragón o los regadíos del Canal Segarra-Garrigues. Todo ello puede ser tanto o más impactante que el propio trasvase.
Y pese a todas las medidas, la garantía y la calidad probablemente no queden aseguradas en algunas cuencas, como la del Segura, donde los recursos son escasos y por lo tanto ya no admite un modelo de desarrollo anclado en los años 60 del siglo XX donde el agua es sólo un recurso sectorial y no un activo social y ecológico. El futuro del levante español pasa por mantener un desarrollo turístico equilibrado y respetuoso con el medioambiente (menos golf, más jardines mediterráneos), una industria no contaminante y una agricultura acorde con la realidad europea. Si no se reconoce el hecho territorial cualquier política del agua fracasará.
Por último, hay algo esencial para que una política del agua basada en la calidad y la garantía triunfe en España: una profunda renovación de la forma como se gestiona el agua. El cambio trascendental es un cambio mental. El chip del balance de recursos-demandas y los déficits estructurales está obsoleto, hay que cambiarlo por un chip de última generación, versátil, adaptable a las circunstancias y atento a los cambios: el de la calidad y la garantía. Sin este cambio mental en aquellos que gestionan el agua en España es difícil que logremos tener agua en cantidad y calidad suficiente para los abastecimientos, las industrias, los servicios, la agricultura sostenible y los ecosistemas. Confiemos que pronto tendremos una nueva ley del agua que olvide un poco la hidráulica y piense más en la calidad y los ecosistemas.
Catedrático de Ecología de la UB.