El pleno del Consell decidió ayer iniciar la tramitación necesaria para presentar ante el Tribunal Constitucional la impugnación al Real Decreto-Ley del Gobierno socialista que deroga los artículos del Plan Hidrológico Nacional que hacen referencia al trasvase del Ebro, y comenzar los estudios encaminados a determinar si el mismo vulnera el derecho comunitario, en especial la Directiva-Marco de Aguas, como paso previo a su denuncia ante la Unión Europea.

El Ejecutivo que preside Francisco Camps considera que está legitimado para emprender la acción judicial ante el Tribunal Constitucional -que previamente deberá contar con el preceptivo informe del Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat-, porque el referido Real Decreto-Ley «afecta» a las competencias de la Comunidad recogidas en el Estatuto de Autonomía, entre las que destacan las relativas a ordenación del territorio y del litoral; obras públicas; aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos; protección del medio ambiente y la planificación de la actividad económica, que suponen un «supuesto claro de afectación al ámbito propio de autonomía de la Comunidad», según se expresa en el acuerdo adoptado ayer por el Gobierno autonómico.

Esta «clara perturbación» en el ejercicio de sus competencias preocupa sobremanera al Consell, hasta el punto de que considera que la derogación parcial del Plan Hidrológico Nacional afectará «necesariamente» a grandes sectores productivos e, incluso, «podría incidir, en situaciones extremas, en el abastecimiento de determinadas poblaciones».

La solidaridad entre regiones

Ante este temor, el Ejecutivo planteará la batalla jurídica en la «solidaridad» entre regiones recogida en la Constitución Española desde la denuncia de que la nueva planificación hidrológica «adolece de la más mínima participación autonómica», supone una «falta absoluta de coordinación Estado-Comunidades Autónomas» e implica «evidentes perjuicios en el conjunto de las actuaciones de la Comunidad Valenciana».

Una vez aclarada su postura, el Consell arremete contra el Real Decreto-Ley del Gobierno de Rodríguez Zapatero, al que imputa la incorporación de «juicios de valor sin respaldo técnico cierto de ningún tipo», negando toda validez al «inmenso trabajo técnico», soporte y base del PHN, como el Libro Blanco del Agua, evaluación estratégica del proyecto, evaluación de impacto ambiental del proyecto de transferencias, Consejo Nacional del Agua, etcétera, además de resaltar que «ha ignorado absolutamente un mínimo de participación social».

Precisamente, esa falta de «participación social» puede haber vulnerado la normativa comunitaria europea, en concreto las obligaciones en la planificación hidrológica exigidas en la Directiva-Marco de Aguas, por lo que el Gobierno regional estudiará a fondo esta circunstancia para denunciar ante las instituciones europeas, «si procede», esta falta de debate social hurtado mediante un Real Decreto-Ley.

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tras la reunión de su Ejecutivo, calificó de «gran fracaso político» del PSOE la derogación del trasvase mediante un Real Decreto-Ley que supone la denegación de las relaciones entre Gobierno y Comunidades Autónomas, porque el «diálogo, el debate y la búsqueda de consenso han brillado por su ausencia».

Camps, quien no ahorró calificativos para tildar el referido Real Decreto-Ley -«arbitrario», «unilateral», «insolidario»-, mostró su profunda «preocupación» ante el «nuevo talante» del equipo de Rodríguez Zapatero ante otros grandes debates, como pudiera ser, por ejemplo, la financiación autonómica, al tiempo que se preguntó qué «garantía, tranquilidad y confianza puede ofrecer su Gobierno si se ha saltado todo lo hecho hasta el momento». En su opinión, «las formas son fundamentales en política para dar confianza a la relación Gobierno-Comunidades Autónomas», por lo que se sintió defraudado.

Además, el líder del Consell resaltó que la derogación del trasvase no conlleva «ninguna alternativa», relativizando el anuncio de 20 desaladoras en el Mediterráneo «que no sabemos dónde se ubicarán ni a quién darán servicio».

Camps se quejó de que la ministra de Medio Ambiente «nos diga: «Apañaos como podáis con el mar», cuando hay un río en España que vierte agua dulce en cantidades suficientes para solucionar el problema», y puso como ejemplo a la Comunidad Valenciana como ejemplo de región solidaria, porque «hemos hecho una inversión eficaz y eficiente en el uso del agua y somos los primeros en decir que Aragón y Cataluña utilizen todo el agua que necesiten».

Por último, Camps ironizó con la falta de diálogo del Gobierno socialista, al asegurar que «para el PSOE es «agotador» dialogar con las Comunidades Autónomas» y comentó que, a las regiones implicadas, «no nos han dado la más mínima opción», por lo que volvió a criticar el «talante» del equipo que preside Rodríguez Zapatero