Unos 20.000 vecinos de siete pueblos de la comarca jiennense de El Condado se abastecen desde ayer con camiones cisterna tras decretar la Delegación de Salud, la noche anterior, no apta para el consumo humano el agua procedente del pantano del Dañador por la presencia de un herbicida usado en la cura de los cultivos agrícolas. Se trata de un nuevo corte en el suministro en una comarca con problemas estructurales en el abastecimiento y el tercero que se produce en la provincia de Jaén en apenas dos años debido a la contaminación por herbicidas.
Según informó la empresa Aguas Jaén, que gestiona el suministro de la red de agua en baja a El Condado, la contaminación se originó en el entorno agrícola del pantano del Rumblar. Los análisis realizados han confirmado la presencia de terbutilazina, un herbicida aplicado al olivar, en niveles superiores a los permitidos.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), responsable de llevar el agua desde el pantano del Dañador a los depósitos municipales, ha empezado a aplicar un tratamiento dosificador de carbono activo para eliminar los niveles de contaminación. Si ese método falla, la Confederación se plantea realizar un trasvase de agua desde el embalse del Guadalmena, en la Sierra de Segura, a la red de distribución de El Condado.
El corte del suministro afecta a los municipios de Castellar, Navas de San Juan, Santisteban del Puerto, Montizón, Chiclana de Segura, Sorihuela del Guadalimar y Arquillos, que suman una población cercana a los 20.000 habitantes. En todos ellos, la empresa Aguas Jaén inició ayer el reparto de agua a través de seis camiones cisterna con capacidad para 30.000 litros cada uno. No obstante, también se ha disparado el consumo de agua embotellada.
Los municipios que forman parte del consorcio de aguas de El Condado no descartaron ayer, en el transcurso de una reunión mantenida en Santisteban, acudir a la vía judicial para denunciar el uso indebido de los herbicidas por agricultores que no han sido identificados.
Este episodio de contaminación no es el primero. En diciembre de 2002, 84.000 vecinos de la comarca de Andújar estuvieron varios días sin agua tras detectarse unos niveles altos de simazina y terbutilazina, dos plaguicidas usados en las tareas agrícolas. Las organizaciones agrarias eludieron entonces cualquier responsabilidad y aseguraron que los plaguicidas detectados ya no estaban a la venta. La Junta de Andalucía y la Diputación llevaron a cabo poco después una obra de emergencia para eliminar este tipo de filtraciones a la red de consumo humano. Con anterioridad, también la comarca de la Sierra Sur había vivido una situación similar