La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, adelantó hoy que los informes ambientales del plan de actuaciones alternativo al trasvase del Ebro, aprobado en el real-decreto ley, señalan que el impacto sobre el terreno es menor que el que tendría la transferencia. Así, las más de 100 actuaciones suponen sólo el 3 por ciento de ocupación de terreno y el 3 por ciento de desplazamiento de tierras frente al trasvase de la Ley de Plan Hidrológico Nacional (PHN) ya derogado. El decreto ley será convalidaddo el martes por el Pleno del Congreso de los Diputados.
"Hay enormes diferencias de impacto ambiental de una opción a otra, por ejemplo, en términos de ocupación de espacio. El tubo del trasvase supone una ocupación de espacio enorme frente a la ocupación de las actuaciones previstas, que está entorno al tres por ciento", indicó Narbona. Además, el trasvase hubiera generado un movimiento de tierras durante toda la conducción muy importante, según los informes ambientales.
El Ministerio de Medio Ambiente también llevará a cabo una evaluación de impacto ambiental de carácter estratégico del conjunto de actuaciones, de acuerdo con la directiva europea de evaluaciones de planes y programas que entrará en vigor el 24 de julio.
La ministra de Medio Ambiente explicó, en una entrevista concedida a Europa Press, que las desaladoras previstas en el plan de actuaciones alternativo el trasvase del Ebro consumirán un 30 por ciento menos de energía que llevar el agua del Ebro a Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Almería. El trasvase hasta Almería requiere 11 bombeos, algunos de más de 1.000 metros por encima del nivel del mar, lo que equivale a una planta de 1.000 megawatios "sólo para el trasvase".
La ministra adelantó que los nuevos hectómetros cúbicos de agua para Valencia y Murcia llegarán el próximo año procedentes de ampliaciones de plantas desaladoras. "Estamos analizando las posibilidades más inmediatas que son las posibles ampliaciones de algunas plantas que ya existen", apuntó la ministra.
TRASVASE DEL EBRO
Narbona se mostró muy tajante en contra del trasvase del Ebro: "la transferencia del Ebro queda descartada para siempre, porque ese proyecto diseñado tal y como está es absolutamente inviable". La ministra comentó que una de las carencias del trasvase del Ebro detectada por la Comisión Europea es que no se conocían las tarifas del agua y que se habían generado expectativas. Así, puso como ejemplo que a los regantes del Altiplano de Murcia "se les ha hecho creer que tenían asegurada agua" y no hay ningún documento que lo avale.
Además, ante la propuesta de las comunidades de Valencia y Murcia de hacer ellas mismas el trasvase, la ministra dijo que "no se trata de quién financie, ya que se va a gastar lo mismo. No es un problema de dinero, es un problema de la obra".
Para la ministra, la transferencia entre cuencas es la última de las opciones y "antes de plantearse esa solución hay que hacer cosas en cada cuenca" como, por ejemplo, cómo se gestiona el agua, qué se puede hacer y qué alternativas hay. Si al final del proceso de estudio en cada cuenca se determina que son necesarias aportaciones mediante transferencias, éstas tendrán que cumplir cuatro condiciones: viabilidad ambiental, económica, técnica y social.
"No podemos entender que se hiciera en ningún caso ninguna transferencia de una cuenca a otra que no fuera bajo un severo control de componente ambiental, pero tampoco desde el punto de vista territorial, social o político que se hiciera con la posición en contra del territorio de esa cuenca", expuso la ministra.
En cuanto al trasvase del Ródano, demandado por CiU en la anterior legislatura, Narbona indicó que "no se contempla esa posibilidad" ya que el actual Gobierno catalán en su plan de gestión de agua "no aparece la necesidad de ninguna aportación externa".
Respecto al trasvase Tajo-Segura, Narbona se mostró de acuerdo con las normas de gestión y el sistema de explotación de esta transferencia. "Con el agua de los embalses y los usos que se hacen de ese agua, no hay en absoluto la menor voluntad de cambiar esas reglas del juego", afirmó la ministra. Y añadió que "hay una buena normativa de gestión".
REORDENAR CONCESIONES DE AGUA
La alternativa al trasvase del Ebro aprobada en el real decreto ley contempla medidas de modernización de regadíos, reutilización de aguas residuales depuradas y desalación. Para llevar a cabo una nueva política del agua, la ministra apuntó que son necesarias la reordenación de concesiones, ya que hay concesiones para usos agrícolas que se emplean en otros destinos o que ya no se utilizan.
La ministra explicó que "ya ha habido concesiones que no se han renovado" y que "se han cerrado ya 20 pozos en la Confederación Hidrográfica del Segura". En esta línea, expuso que "habrá un proceso de revisión y reordenación de concesiones del agua, a través, en un primer momento, de los Centros de Intercambio de Derechos del Agua para todas la cuencas españolas". Estos centros se crearán previsiblemente mediante un acuerdo en Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano. Posteriormente, se crearán Bancos Públicos de Agua mediante una ley.
La ministra quiere empezar a reordenar concesiones y hacer una gestión más eficiente en usos como, por ejemplo, "liberar agua de regadíos interiores que en realidad no se están aprovechando, como en Villena o el Altiplano de Murcia, que de esos acuíferos a través de los Canales del Taibilla llegan hasta la costa".
Además, hay concesiones otorgadas "inicialmente para regadíos, y hoy día no se están utilizando para regadíos", según la ministra. "Existen 'aguatenientes', personas que de lo que sacan provecho es del derecho histórico al agua, o bien de la explotación ilegal de un pozo, y que esas aguas en realidad no se utilizan para regadío o entran dentro de un circuito de mercado negro, y que no se está haciendo un uso controlado por la Administración pública y tampoco un uso sostenible ni equitativo", denunció Narbona.
TARIFAS
En cuanto a las tarifas del agua, que se aprobarán después del verano a través de una tramitación parlamentaria para que tengan rango legal, la ministra indicó: "La demagogia de decir agua para todos y además gratis, nos coloca no ya fuera de la Unión Europea, sino en el ámbito de los países más pobres del planeta".
"Un país que tiene que hacer un uso más racional de su propio suelo y que está, por el contrario, colmatando completamente el litoral y de alguna manera subvencionando al uso insostenible de nuestro litoral, voy a defender que los usos del agua que comportan un mayor valor añadido y que, además, tiene elementos de insostenibilidad, sean muchísimo más caros que para la agricultura", comentó la ministra en relación a un mayor precio del agua para campos de golf o nuevas urbanizaciones.
"Hay que hacer repercutir el coste sobre los usuarios del agua de acuerdo con las capacidades de pago de los distintos sectores, de acuerdo con criterios de sostenibilidad en los usos del agua y del suelo", afirmó. En esta línea, aseguró que antes de hacer una obras hidráulica se va a "hacer una prospección de quienes están interesados en usar ese agua". "No vamos a sembrar de actuaciones el litoral mediterráneo sin saber si efectivamente hay necesidades de agua, cuáles son, quiénes son y dentro de qué regulación de los derechos existentes", concluyó.