Institute of Geography says desalination is not affordable due to its energy cost
Fri, 02/07/2004
Un informe advierte de que España carece de electricidad para desarrollar el plan y alerta de los riesgos de utilizar el resto de las fuentes
F. J. BENITO
Un informe del Instituto Universitario de Geografía de Alicante sobre el plan alternativo del Ministerio de Medio Ambiente para conseguir agua para la Comunidad Valenciana advierte de que la construcción de desaladoras como única opción conlleva serios riesgos de poder llevarse a cabo debido, sobre todo, al alto coste energético y ambiental que, según el estudio, repercutirá directamente, además, en el precio final del agua. Para el autor del informe, el geógrafo Antonio Rico, «podríamos estar hablando de una tarifa de salida de 0,9 euros el metro cúbico ya que parece que nadie ha tenido en cuenta que a partir de 2008 la UE ha previsto una penalización de 100 euros por cada tonelada de CO2 emitida a la atmósfera sin permiso. Para desalar unos 400 hm3 al año estaríamos hablando de una multa de 160 millones de euros que repercutiría directamente en el precio del agua».
El informe del Instituto que dirige el catedrático Antonio Gil Olcina, parte de la base de que para desalar los 400 hm 3 previstos en el plan Narbona se necesitarán unos 1.840 millones de Kwh/año, lo que representa casi un tercio de la energía eléctrica que importa España desde Francia, Portugal, Andorra y Marruecos -6.000 millones de Kwh/año-. Para el autor del estudio, otra opción para garantizar el funcionamiento de las desaladoras sería el incremento del consumo de hidrocarburos fósiles -gas natural y petróleo- «lo que supone un riesgo al estar sometidos a fuertes oscilaciones de precio por las incertidumbres que se derivan de los conflictos bélicos en las principales zonas de producción». En cuanto a la energía nuclear, desde el Instituto Universitario de Geografía se recuerda que la moratoria que adoptó España en 1983 impide incrementar el consumo de este fuente. «A efectos comparativos, la energía necesaria para la desalación supondría el 50% de la producida en la central de Almaraz II en 2003 o el 40% de la de Cofrentes», subraya Rico. En el caso de optar por los parque eólicos, se necesitarían alrededor de 1.000 aerogeneradores «de última generación y no hace falta recordar el fuerte rechazo que está teniendo en Alicante el desarrollo del plan eólico».
Por último, Rico analiza cuál sería la consecuencia de satisfacer la demanda energética a partir de centrales térmicas. Supondría incrementar en 3,2 millones de toneladas la emisión de CO2, lo que alejaría aún más a España de cumplir con el protocolo de Kioto -1997-, ratificado por la UE en 2002, que estableció para nuestro país el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 15% por debajo de los niveles de 1990. «En 2002 las emisiones superaban ya en un 38% a las de 1990», indicó Antonio Rico quien recordó la penalización acordada por la UE para sancionar los incumplimientos a partir de 2008 -cien euros por tonelada-.
Sobre el impacto ambiental, el informe recoge también el posible impacto ambiental sobre la posidonia de la salmuera producida en el proceso de desalación. «Esta planta soporta 38.000 mgr/litro, cuando de las plantas el agua sale con un contenido de 70.000 mgr/litro», señaló Rico.
F. J. BENITO
Un informe del Instituto Universitario de Geografía de Alicante sobre el plan alternativo del Ministerio de Medio Ambiente para conseguir agua para la Comunidad Valenciana advierte de que la construcción de desaladoras como única opción conlleva serios riesgos de poder llevarse a cabo debido, sobre todo, al alto coste energético y ambiental que, según el estudio, repercutirá directamente, además, en el precio final del agua. Para el autor del informe, el geógrafo Antonio Rico, «podríamos estar hablando de una tarifa de salida de 0,9 euros el metro cúbico ya que parece que nadie ha tenido en cuenta que a partir de 2008 la UE ha previsto una penalización de 100 euros por cada tonelada de CO2 emitida a la atmósfera sin permiso. Para desalar unos 400 hm3 al año estaríamos hablando de una multa de 160 millones de euros que repercutiría directamente en el precio del agua».
El informe del Instituto que dirige el catedrático Antonio Gil Olcina, parte de la base de que para desalar los 400 hm 3 previstos en el plan Narbona se necesitarán unos 1.840 millones de Kwh/año, lo que representa casi un tercio de la energía eléctrica que importa España desde Francia, Portugal, Andorra y Marruecos -6.000 millones de Kwh/año-. Para el autor del estudio, otra opción para garantizar el funcionamiento de las desaladoras sería el incremento del consumo de hidrocarburos fósiles -gas natural y petróleo- «lo que supone un riesgo al estar sometidos a fuertes oscilaciones de precio por las incertidumbres que se derivan de los conflictos bélicos en las principales zonas de producción». En cuanto a la energía nuclear, desde el Instituto Universitario de Geografía se recuerda que la moratoria que adoptó España en 1983 impide incrementar el consumo de este fuente. «A efectos comparativos, la energía necesaria para la desalación supondría el 50% de la producida en la central de Almaraz II en 2003 o el 40% de la de Cofrentes», subraya Rico. En el caso de optar por los parque eólicos, se necesitarían alrededor de 1.000 aerogeneradores «de última generación y no hace falta recordar el fuerte rechazo que está teniendo en Alicante el desarrollo del plan eólico».
Por último, Rico analiza cuál sería la consecuencia de satisfacer la demanda energética a partir de centrales térmicas. Supondría incrementar en 3,2 millones de toneladas la emisión de CO2, lo que alejaría aún más a España de cumplir con el protocolo de Kioto -1997-, ratificado por la UE en 2002, que estableció para nuestro país el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 15% por debajo de los niveles de 1990. «En 2002 las emisiones superaban ya en un 38% a las de 1990», indicó Antonio Rico quien recordó la penalización acordada por la UE para sancionar los incumplimientos a partir de 2008 -cien euros por tonelada-.
Sobre el impacto ambiental, el informe recoge también el posible impacto ambiental sobre la posidonia de la salmuera producida en el proceso de desalación. «Esta planta soporta 38.000 mgr/litro, cuando de las plantas el agua sale con un contenido de 70.000 mgr/litro», señaló Rico.