TOLEDO. La Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo-Segura autorizó ayer el traspaso desde la cabecera alta del Tajo durante el primer trimestre del año hidrológico de 114 hectómetros cúbicos, de los que 41 se destinarán a abastecer a las poblaciones de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y Almería. La Comisión acordó asimismo que los otros 73 hectómetros autorizados sean para regadíos. Estas cantidades se trasvasarán en los meses de octubre, noviembre y diciembre, que constituyen el primer trimestre del año hidrológico.

El Gobierno de Castilla-La Mancha votó en contra de este trasvase porque la cantidad destinada al abastecimiento humano es nuevamente muy inferior a la que se deriva para otro tipo de usos, según informó la Junta. Y es que actualmente la reserva almacenada en los embalses de Entrepeñas y Buendía alcanza unos 780 hectómetros cúbicos, equivalente a un tercio de su capacidad y, en igual fecha del año pasado, el trasvase que se aprobó para el primer trimestre fue de 160 hectómetros cúbicos, cuando la reserva embalsada era de 700.

Ante este nuevo trasvase, el Gobierno regional ha vuelto a denunciar la situación anacrónica de esta infraestructura, ya que se trata de una obra concebida hace más de 30 años. Añade que entonces se hizo «con criterios hoy inadmisibles para una sociedad democrática, tanto por lo que supone de imposición a un territorio de una pesada servidumbre en contra de la voluntad y los legítimos intereses de sus habitantes, como por los graves efectos ambientales que supone la detracción de tres quintas partes del caudal natural en la cabecera de un río».

Respuesta a los socialistas murcianos

Desde amplios sectores de Castilla-La Mancha, continúa el comunicado, se pide una revisión a fondo de las condiciones del único trasvase importante que subsiste en España tras la derogación del del Ebro, de modo que se atiendan con carácter prioritario y urgente las necesidades de agua de la propia cuenca cedente, en particular el estado ecológico del Tajo muy alejado de las exigencias de la directiva marco europea sobre política de aguas.

Igual urgencia se reclama para dar cumplimiento al Real Decreto Ley 8/1995, de 4 de agosto, que autorizó destinar una parte de las aguas trasvasadas al abastecimiento de numerosas poblaciones del Alto Guadiana afectadas por la sobreexplotación del acuífero que las suministra. Esta previsión hoy, nueve años después de la promulgación de la norma, no ha podido llevarse a cabo por la paralización de las obras de conexión del Acueducto Tajo-Segura con la Llanura Manchega, infraestructura cuya construcción comprometió en su día el Gobierno.

Por su parte, el portavoz del PSOE en las Cortes regionales, José Molina, se pronunció ayer sobre la propuesta del PSOE de Murcia de aumentar el trasvase Tajo-Segura a 1.000 hectómetros. «Es absolutamente desmedida y fuera de tono», ya que la legislación en materia de trasvases establece «con toda claridad» que sólo se puede trasvasar agua excedentaria. por tanto, «si ya estamos diciendo que no hay excedentes para trasvasar los 600 hectómetros cúbicos, si estamos recurriendo ante los tribunales cualquier trasvase que pasa de ese volumen máximo, y si estamos viendo que en Murcia hay actuaciones judiciales que cuestionan el uso que se le ha dado al agua del trasvase, que alguien pretenda no solo mantener esa situación sino que se llegue a los mil es una salida de tono», dijo.

Por su parte, el conseller de Infraestructuras y Transportes de Valenciana, José Ramón García Antón, acusó al Gobierno de Castilla-La Mancha de actuar con criterios de insolidaridad y crispación en materia de recursos hídricos al cuestionar el trasvase.García Antón consideró que se trata de «una auténtica barbaridad» que el Ejecutivo castellano-manchego pretenda que la Administración central haga con el trasvase del Tajo lo mismo que ha hecho con el del Ebro, y aseguró que los seiscientos hectómetros cúbicos anuales de agua del Tajo son «vitales» para la comarca de la Vega Baja y también para la Región de Murcia.