Discussion about Ebro divert
Mon, 27/09/2004
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La decisión del Gobierno, a mediados de junio pasado, de cancelar el trasvase del Ebro provocó una auténtica riada de protestas airadas en la clase política levantina. Algunas fueron violentas: 'hemos sido engañados y estafados por la ministra', 'víctimas de un decretazo organizado'; otras pretenciosas y cursis: 'hemos sido sacrificados en el altar de la confrontación política' o 'el trasvase era la autopista a la prosperidad'; alguna hiperbólica: la derogación es 'una agresión a la totalidad del territorio español'; o perogrullesca: 'el trasvase era un proyecto de futuro' (¿conocerá el Presidente Camps algún 'proyecto de pasado?); y, en general, emocionales: 'ataque a la solidaridad'.
Tampoco la ministra de Medio Ambiente ayudó a apaciguar los ánimos, al descalificar a los críticos por 'sus actitudes demagógicas' y 'gestos de cara a la galería'.
Por la intensidad de las quejas parecería que el consumo de agua ha estado constreñido al mínimo de subsistencia, y que este racionamiento de oferta ha sido aceptado pasivamente por los políticos, opuestos a invertir en el aumento de la dotación de un recurso tan necesario.
Nada más lejos de la realidad, como puede comprobarse.
España está entre los países con mayor consumo de agua del mundo y, según el C.N.R.S., ocupamos el primer puesto del planeta en densidad de presas y embalses (tanto per cápita como por Km2).
Evidentemente, durante un siglo no se ha escatimado la inversión en ampliar la capacidad del sistema hidráulico (la racionalidad en el uso de la capacidad existente ya es cosa bien distinta).
Y es que el pensamiento político dominante se ha alimentado durante más de cien años del legado del ideario regeneracionista, ese credo mesiánico con su cosmología de la España húmeda y la España seca, su mitología de caciques y cirujanos de hierro y su fe en la misión redentora del Estado, realizador de grandes obras públicas (con su correspondiente condena, también, de las iniciativas privadas 'egoístas'). Por eso no han faltado ni intervenciones políticas ni grandes obras hidráulicas. Lo que ha faltado es una evaluación económica rigurosa de aquéllas y una mayor confianza en el sistema de precios como mecanismo eficiente para guiar las decisiones de consumo, producción e inversión.
Confianza que le falta al presidente Camps, para quien, con el trasvase, 'en Valencia, Murcia y Almería les puede salir el agua gratis para sus regadíos'. Una gratuidad ventajosa, sin duda, para los regantes (que son también votantes) pero perniciosa para la sociedad en su conjunto por su contribución a la ineficiencia.
La ministra de Medio Ambiente defendió la eficiencia cuando dijo que 'no se puede dar agua gratis', aunque más tarde diluyó su posición al proponer todo un abanico de precios, desde diez céntimos (para los regantes) hasta 1,3 euros por m2 (para urbanizaciones y campos de golf), sin justificar la particular estructura de precios elegida, a menos que se acepte como tal la indicación de que pagarán más las actividades contaminantes o de más valor añadido.
Dejando a un lado que la discriminación en el precio del agua no parece el instrumento más idóneo para corregir una actividad contaminante, el argumento del valor añadido entraña un razonamiento circular. Un agricultor podrá permitirse dedicar el agua a los usos más superfluos siempre que le generen un valor superior a diez céntimos, mientras que un complejo de golf dejará de consumir agua cuando no produzca más de 130 céntimos por metro cúbico.
Una situación de patente ineficiencia social.
La perversión del sistema es mayor si cabe, porque en el transporte y distribución de agua se pierde más de la mitad del caudal debido a evaporación, filtraciones, accidentes y otras contingencias.
Se trata de un recurso para el que tan importante como aumentar su dotación es evitar el despilfarro. Y aquí es donde la discriminación de precios crea incentivos contrapuestos. Mientras que el gerente de un centro de golf empleará cualquier dispositivo que evite pérdidas de agua siempre que le cueste menos de 1,3 euros por metro cúbico, un agricultor dejará correr el agua impasible si la reparación de la avería le cuesta más de diez céntimos por cada metro cúbico de agua salvada.
Sostener un sistema de precios ineficientes que fomenten el despilfarro de agua es un contrasentido, especialmente tras una inversión costosa. Pero con frecuencia se dedica mucho más esfuerzo a analizar los aspectos técnicos de un proyecto de inversión que a asegurarse de que los beneficios sociales exceden los costes sociales imputables a su ejecución. La resistencia del hormigón prevalece sobre la economía del bienestar.
Alfonso Carbajo Miembro del Consejo Editorial de EXPANSION y 'Actualidad Económica'
La decisión del Gobierno, a mediados de junio pasado, de cancelar el trasvase del Ebro provocó una auténtica riada de protestas airadas en la clase política levantina. Algunas fueron violentas: 'hemos sido engañados y estafados por la ministra', 'víctimas de un decretazo organizado'; otras pretenciosas y cursis: 'hemos sido sacrificados en el altar de la confrontación política' o 'el trasvase era la autopista a la prosperidad'; alguna hiperbólica: la derogación es 'una agresión a la totalidad del territorio español'; o perogrullesca: 'el trasvase era un proyecto de futuro' (¿conocerá el Presidente Camps algún 'proyecto de pasado?); y, en general, emocionales: 'ataque a la solidaridad'.
Tampoco la ministra de Medio Ambiente ayudó a apaciguar los ánimos, al descalificar a los críticos por 'sus actitudes demagógicas' y 'gestos de cara a la galería'.
Por la intensidad de las quejas parecería que el consumo de agua ha estado constreñido al mínimo de subsistencia, y que este racionamiento de oferta ha sido aceptado pasivamente por los políticos, opuestos a invertir en el aumento de la dotación de un recurso tan necesario.
Nada más lejos de la realidad, como puede comprobarse.
España está entre los países con mayor consumo de agua del mundo y, según el C.N.R.S., ocupamos el primer puesto del planeta en densidad de presas y embalses (tanto per cápita como por Km2).
Evidentemente, durante un siglo no se ha escatimado la inversión en ampliar la capacidad del sistema hidráulico (la racionalidad en el uso de la capacidad existente ya es cosa bien distinta).
Y es que el pensamiento político dominante se ha alimentado durante más de cien años del legado del ideario regeneracionista, ese credo mesiánico con su cosmología de la España húmeda y la España seca, su mitología de caciques y cirujanos de hierro y su fe en la misión redentora del Estado, realizador de grandes obras públicas (con su correspondiente condena, también, de las iniciativas privadas 'egoístas'). Por eso no han faltado ni intervenciones políticas ni grandes obras hidráulicas. Lo que ha faltado es una evaluación económica rigurosa de aquéllas y una mayor confianza en el sistema de precios como mecanismo eficiente para guiar las decisiones de consumo, producción e inversión.
Confianza que le falta al presidente Camps, para quien, con el trasvase, 'en Valencia, Murcia y Almería les puede salir el agua gratis para sus regadíos'. Una gratuidad ventajosa, sin duda, para los regantes (que son también votantes) pero perniciosa para la sociedad en su conjunto por su contribución a la ineficiencia.
La ministra de Medio Ambiente defendió la eficiencia cuando dijo que 'no se puede dar agua gratis', aunque más tarde diluyó su posición al proponer todo un abanico de precios, desde diez céntimos (para los regantes) hasta 1,3 euros por m2 (para urbanizaciones y campos de golf), sin justificar la particular estructura de precios elegida, a menos que se acepte como tal la indicación de que pagarán más las actividades contaminantes o de más valor añadido.
Dejando a un lado que la discriminación en el precio del agua no parece el instrumento más idóneo para corregir una actividad contaminante, el argumento del valor añadido entraña un razonamiento circular. Un agricultor podrá permitirse dedicar el agua a los usos más superfluos siempre que le generen un valor superior a diez céntimos, mientras que un complejo de golf dejará de consumir agua cuando no produzca más de 130 céntimos por metro cúbico.
Una situación de patente ineficiencia social.
La perversión del sistema es mayor si cabe, porque en el transporte y distribución de agua se pierde más de la mitad del caudal debido a evaporación, filtraciones, accidentes y otras contingencias.
Se trata de un recurso para el que tan importante como aumentar su dotación es evitar el despilfarro. Y aquí es donde la discriminación de precios crea incentivos contrapuestos. Mientras que el gerente de un centro de golf empleará cualquier dispositivo que evite pérdidas de agua siempre que le cueste menos de 1,3 euros por metro cúbico, un agricultor dejará correr el agua impasible si la reparación de la avería le cuesta más de diez céntimos por cada metro cúbico de agua salvada.
Sostener un sistema de precios ineficientes que fomenten el despilfarro de agua es un contrasentido, especialmente tras una inversión costosa. Pero con frecuencia se dedica mucho más esfuerzo a analizar los aspectos técnicos de un proyecto de inversión que a asegurarse de que los beneficios sociales exceden los costes sociales imputables a su ejecución. La resistencia del hormigón prevalece sobre la economía del bienestar.
Alfonso Carbajo Miembro del Consejo Editorial de EXPANSION y 'Actualidad Económica'