Un expediente contra una empresa de Fuente Álamo propone las multas más elevadas que permite la Ley
MURCIA

Una de las mayores infracciones cometidas hasta ahora por la venta ilegal de agua está siendo investigada por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). El organismo de cuenca ha abierto un expediente sancionador contra una empresa de Fuente Álamo que podría haber puesto a la venta en el Campo de Cartagena más de 150.000 metros cúbicos de agua de pozo.

El expediente, que fue abierto hace meses, está a punto de ser resuelto, después de que la empresa presentara sus alegaciones. Según ha podido saber La Verdad, el análisis de la documentación sobre esta empresa refleja que pudo vender una cantidad de agua hasta cinco veces superior a la reflejada.

De acuerdo con la Ley de Aguas, las sanciones por la venta ilegal de caudales oscilan entre los 30.000 y los 300.000 euros. En este caso, la multa propuesta se aproxima al máximo que marca la ley.

La existencia de este expediente contra la empresa de Fuente Álamo fue anunciada el pasado día 10 por la Confederación Hidrográfica, a raíz de la primera multa impuesta a una empresa por la venta ilegal de agua. En aquel caso, la CHS impuso una sanción a otra empresa del Campo de Cartagena por importe de 120.000 euros.

Dicha empresa, cuyo nombre no fue revelado, estaba extrayendo caudales de agua superiores a los autorizados. A la sanción de 120.000 euros se sumaron otros 7.485 euros en concepto de indemnización por daños al dominio público hidráulico.

La empresa de Fuente Álamo expedientada ahora se sospecha que está cometiendo una de las mayores infracciones por venta ilegal de caudales descubierta por la Confederación Hidrográfica. Asimismo, la Confederación que preside José Salvador Fuentes Zorita está investigando a una tercera empresa, también del Campo de Cartagena, por venta ilegal de agua, cuyo expediente sancionador está en fase de resolución.

Desde el cambio de Administración socialista, el organismo de cuenca ha cerrado más de media docena de pozos ilegales y ha expedientado a tres empresas implicadas en el mercado negro.

El pasado mes de junio, la Comisaría de Aguas de la CHS decretó el cierre de cuatro pozos ilegales de una finca del empresario Mariano Roca cerca de Corvera, en el Campo de Cartagena. Fue la primera decisión «ejemplarizante», habida cuenta de que Mariano Roca es uno de los empresarios con más expedientes abiertos durante muchos años por la Confederación, con la que ha litigado en numerosas ocasiones. Roca, asimismo, constituía el principal punto de mira de la investigación -sobre una supuesta trama ilegal de agua- realizada por el fiscal de Medio Ambiente del TSJ de Madrid, Emilio Valerio. Estas diligencias han sido retomadas por la Fiscalía de Murcia, que ha pedido a la juez del caso que dicho empresario sea citado a declarar como imputado.

Después de Mariano Roca le llegó el turno, en julio pasado, a dos pozos de la Sociedad Agraria de Transformación nº 1832 de Jumilla, desde donde se estaban extrayendo 1,1 hectómetros cúbicos de agua cada año.

El comisario de Aguas, Manuel Aldeguer, subrayó que las inspecciones se van a centrar sobre aquellos pozos denunciados que estén causando un mayor perjuicio a los acuíferos de la cuenca.

Con este propósito, la CHS ha actuado asimismo contra cinco perforaciones en Lorca, con el cierre de dos pozos en La Hoya y Marchena, y otros tres con apercibimiento. Ello provocó las críticas del alcalde lorquino, Miguel Navarro, que se enfrentó a la Confederación y salió en defensa de los agricultores del Guadalentín, que son quienes sufren los mayores problemas de escasez. El presidente de la Confederación, Fuentes Zorita, le contestó a su compañero de partido que no habrá excepciones con la ley y que los expedientes seguirán adelante.