La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda a España "revisar y reformar el Plan Hidrológico Nacional (PHN)" aprobado por el anterior Gobierno del PP, en el informe 'Análisis de los resultados medioambientales' presentado hoy en Madrid. El director de Medio Ambiente de la OCDE, Lorents Lorentsen, declinó pronunciarse sin embargo sobre el trasvase del Ebro ni sobre los porqués de esta recomendación.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, apuntó en rueda de prensa que la "OCDE juega un papel que nada tiene que ver con la política" y "está por encima de las opciones políticas", aunque añadió: "Me siento apoyada con el informe y me alegra esa coincidencia".
Esta organización hace 46 recomendaciones en materia de medio ambiente a España, entre las que destacan un refuerzo de la gestión de la demanda hídrica para "garantizar el pago íntegro de los precios y la recuperación de costes"; la modernización de regadíos y acabar con la sobreexplotación de aguas subterráneas.
Narbona comentó que impulsará el conocimiento de los usos del agua, ya que en la actualidad las Confederaciones Hidrográficas sólo conocen la cuarta parte de los derechos del agua existentes, y una mayor racionalidad económica en la realización de infraestructuras hidráulicas.
En materia de gestión ambiental, la OCDE recomienda a España que aplique el principio de 'quien contamina, paga', que utilice instrumentos económicos y que haga un análisis económico y "elimine los subsidios al sector hídrico que sean perjudiciales al medio ambiente". La ministra de Medio Ambiente se comprometió a impulsar la reforma fiscal verde en los dos primeros años de la legislatura.
En este sentido, el director de Medio Ambiente de la OCDE también propuso que se considere la reforma de la fiscalidad ambiental, no sólo con subsidios a las buenas prácticas, sino con tasas a los agresores del entorno; que el medio ambiente esté integrado en todas las políticas; y se fomente la coordinación entre las comunidades autónomas.
La organización también recomienda a España ampliar la superficie de áreas protegidas, proteger las zonas costeras frente al desarrollo urbanístico, promover la educación ambiental y desarrollar un turismo sostenible.