La sentencia del Tribunal Supremo que anula varios artículos de la orden ministerial sobre el Plan Hidrológico del Júcar (PHJ) que regulan la distribución del agua en prácticamente todo el territorio valenciano obligará a clarificar las competencias del Estado y la Comunidad Valenciana y replantear la gestión de los recursos hídricos. El Supremo dice que el Gobierno no puede regular en el PHJ los ríos que discurren sólo por suelo valenciano porque son competencia de la Generalitat. El Consell alega que el fallo le ha causado 'indefensión' y anunció ayer que pedirá la nulidad.
El Supremo revoca la sentencia dictada en enero de 2002 por la Audiencia Nacional, que rechazó el recurso contra la orden ministerial que resume las líneas normativas del PHJ planteado por la Fundación por el Progreso de Albacete, y explica que la Comunidad Valenciana tiene competencias estaturias sobre la utilización y el aprovechamiento de las aguas de los ríos que discurren íntegramente por su territorio, mientras que el Estado las tiene para elaborar los planes de cauces compartidos por varias autonomías. En consecuencia, el Supremo afirma que el PHJ es 'disconforme a Derecho' porque abarca ríos 'intracomunitarios' que competen a la Generalitat, y en su caso, a la Junta de Castilla-La Mancha. No obstante, el tribunal añade que el Gobierno aprobará los planes de ríos autonómicos cuando se ajusten 'a los objetivos generales de la planificación hidrológica', y recuerda que leyes posteriores al recurso, incluida la directivar europea del agua, podrían clarificar el ámbito de las demarcaciones hidrográficas y su gestión.
A partir de estos razonamientos, que se apoyan en sentencias del Tribunal Constitucional, el Supremo considera nulos los artículos que afectan no sólo al discutido trasvase del Júcar-Vinalopó y al del Canal Júcar-Turia, sino también los referidos a la gestión de los sistemas del Cenia-Maestrazgo; Mijares-Plana de Castellón; Palancia; Turia; Serpis; Marina Alta; Marina Baja y Vinalopó-Alicantí, que abarcan ríos valencianos y de varias comunidades, con abastecimientos urbanos y regadíos.
Ni el Ministerio de Medio Ambiente ni la Confederación Hidrográfica del Júcar se pronunciaron ayer sobre las implicaciones de un fallo judicial que afecta al ejercicio de las competencias en esta materia y a la base de la actual planificación hidrológica de ríos de una comunidad o varias, según expertos juristas.
El Consell, por su parte, reaccionó a la defensiva y el consejero de Infraestructuras anunció que promoverá 'un incidente de nulidad de actuaciones' contra la sentencia al tiempo que se mostró convencido de que 'las cosas van a quedar prácticamente como están'. García Antón alegó que 'se ha producido un defecto importantísimo de indefensión, ni la Generalitat ni los usuarios han tenido conocimiento de la existencia de este pleito iniciado en 1999'. En ese año se publicó el PHJ, pactado por los ex presidentes de Castilla-La Mancha José Bono y de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana, y bendecido por la entonces ministra de Medio Ambiente del PP Isabel Tocino. El recurso se presentó contra un plan aprobado por el Gobierno del PP, a pesar de lo cual 'nadie' comunicó 'nada' a la Generalitat. El consejero afirmó también que el Plan Hidrológico Nacional contempla 'todo lo que es el plan de cuenca del Júcar', incluido el trasvase al Vinalopó, por lo que en su opinión 'da amparo' a estas actuaciones. El consejero, sin embargo, pasó de puntillas sobre la base de la sentencia del Supremo, las competencias sobre el agua que recoge el Estatuto de Autonomía. 'Este pleito afecta a las competencias de la Generalitat', se limitó a decir antes de lamentar la 'indefensión' del gobierno autonómico. García Antón proclamó, además, que el problema generado por el fallo judicial se soluciona 'con mucha facilidad', con la aprobación por parte del Gobierno de un decreto-ley que autorice las transferencias anuladas. Una medida que, según el PP, no se justifica en el caso del trasvase del Ebro, pero sí en éste porque 'estaría respaldad por un plan de cuenca aprobado y consensuado por todo el mundo'.
Para el secretario general del PSPV-PSOE, la sentencia muestra que con posiciones de 'aislamiento y confrontación' sobre el agua no se llega 'a ningún sitio'. Pla añadió que el fallo es un 'motivo de preocupación' y que pedirá al Gobierno que 'abra espacios de concertación y acuerdo'. Mientras, el secretario socialista de Medio Ambiente, Francesc Signes, aseguró que el PP ocultó la existencia del recurso que ha llevado a una sentencia que evidencia 'la nefasta' política del PP.
El secretario general de la Unió de Llauradors, Joan Brusca, y el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, expresaron su preocupación por el fallo del Supremo y pidieron a la Generalitat que estudie cómo recurrirla. Aguado tildó la sentencia de 'insensatez' y 'descabellada'. Brusca confió en que leyes como el PHN cubran las asignaciones de recursos anulados.