La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció ayer que ha pedido al Tribunal Supremo aclaraciones a la sentencia que anula importantes artículos del Plan Hidrológico del Júcar y que determina que el Estado no es competente sobre los ríos exclusivos de una comunidad autónoma. Narbona consideró 'prematuro' valorar los efectos del fallo, aunque quiso 'transmitir la máxima serenidad' a los posibles afectados. La ministra destacó que la directiva europea del agua exige la revisión de todos los planes hidrológicos y confió en llegar a acuerdos con la Generalitat.
Narbona acudió a la clausura de la jornada Nuevas Perspectivas en la gestión del agua , celebrada en la Universitat de València, y se pronunció por primera vez sobre la sentencia conocida el pasado jueves. El fallo del Supremo anula artículos del Plan Hidrológico del Júcar sobre la asignación y gestión de recursos de buena parte del territorio valenciano, del Canal Júcar-Turia y del trasvase Júcar-Vinalopó, tras argumentar que el Estado no puede planificar sobre los ríos que sólo recorren una autonomía. El ministerio 'está estudiando con todo detenimiento la sentencia' y ha elevado al Supremo un recurso de aclaración de la sentencia relacionado con las competencias sobre los ríos, los planes hidrológicos y los trasvases entre ríos que sí discurren por varias autonomías, como el Júcar y Turia. Narbona rechazó 'interpretaciones que pueden crear alarma' entre regantes y otros usuarios, transmitió 'máxima serenidad a los valencianos' y aseguró que no afecta a los abastecimientos urbanos.
Tras insistir en que la sentencia se centra en un asunto competencial, la ministra avanzó una posible línea de actuación al subrayar que 'este país necesita una profunda reforma de la política del agua' y de los instrumentos de gestión, como son las confederaciones hidrográficas -la reforma de los organismos de cuenca es un compromiso electoral del PSOE-. La definición de las demarcaciones hidrográficas o unidades de gestión es, además, una 'exigencia europea', recordó la ministra, y precisa de la 'cooperación y concertación con las comunidades autónomas' para evitar problemas como los que plantea este fallo judicial. Narbona dijo que pondrá 'toda la voluntad de superar esas deficiencias desde del punto de vista competencial' y que espera que ello se traduzca, en este caso, en la colaboración con la Generalitat, ya que hay previstas obras del Gobierno central que 'interesan' a la Comunidad Valenciana y afectan a ríos de su competencia. 'Será necesario estrechar los instrumentos de cooperación con la Generalitat y espero que haya toda posibilidad de resolver cuestiones por la vía del acuerdo', indicó.
Narbona también apuntó que el ministerio está estudiando cómo acatar 'esta sentencia desde el punto de vista de modificación de normas en vigor' y asegurar que 'los efectos no sean negativos para aquellos que ya tienen derechos al agua asegurados' y 'para hacer frente a actuaciones' que 'serán factibles si existe el acuerdo'. En otras comunidades autónomas el Gobierno ya ha transferido competencias sobre ríos interiores, como es el caso del País Vasco, las cuencas internas de Cataluña, Galicia, Baleares, Canarias y parcialmente en Andalucía.
Según la ministra, la sentencia utiliza jurisprudencia desarrollada desde 1988 y supone una 'herencia más de los problemas a resolver' por el nuevo Gobierno tras la salida del PP. En su reacción a la sentencia, el Consell alegó el pasado viernes 'indefensión' porque no fue informado sobre el recurso contra el PHJ, presentado bajo el Gobierno del PP, pero no se manifestó sobre el problema de las competencias. Ayer, el consejero de Infraestructuras, José Ramón García Antón, anunció que aparte de preparar la petición de nulidad, el Consell también solicitará aclaración de la sentencia al Supremo porque se 'contradice' al anular trasvases entre ríos que dice que son de competencia del Estado.
Preguntada si el PHJ deberá someterse a una nueva redacción, Cristina Narbona destacó que 'hay que revisar todos los planes hidrológicos', no por un conflicto de competencias, sino porque lo prevé la directiva marco europea, 'que exige caudales ambientales reales', entre otras condiciones. 'El escenario de revisión ya ha comenzado' -el Júcar es cuenca piloto para la aplicación de la directiva-, y en esa 'transición' hacia los nuevos documentos 'será necesario estrechar lazos de cooperación' con la Generalitat. También en relación con el agua, la ministra afirmó que no implantará una tasa medioambiental por el consumo de recursos, pero avanzó que España debe adaptar hasta 2010 la directiva marco europea y su previsión de recuperar costes de infraestructuras. Durante la clausura de la jornada, Narbona insistió en el giro de la política del agua, una gestión más eficiente y transparente 'de un bien de uso público', y reprochó al PP que 'nadie haya asumido responsabilidades' por mantener el PHN en Bruselas para pedir ayudas cuando ya se conocía el estudio de lodos contaminantes en el Ebro.