El Ministerio de Medio Ambiente quiere que en la reforma de la Ley de Aguas se contemple la obligación de una garantía de que existe agua antes de que se concedan nuevas actuaciones en el territorio, desde agrícolas a urbanísticas, por ejemplo. El secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano, defendió la necesidad de que las obras hidráulicas que se realicen tengan recursos y usuarios.
Además, en la reforma de la Ley de Aguas que se prevé en las enmiendas del PSOE al proyecto de Ley de reforma del Plan Hidrológico Nacional (PHN) se contempla la obligación de emitir un informe y evaluación ambiental, territorial y económica previos a la realización de las obras; y una reevaluación de las obras cada seis años.
El Gobierno también pretende demanializar (retornar al dominio público) las aguas desaladas; integrar la gestión sostenible del agua en el resto de las políticas; regular los caudales y asegurar el ecológico antes de otras actuaciones; incorporar las reservas naturales para mayor calidad de aguas a los planes hidrológicos de cuencas; establecer medidas de control con penalización de consumos excesivos y refuerzo de la policía de aguas; proteger las aguas para el consumo y evitar contaminantes; recuperar los costes de forma integral y garantizar las seguridad de presas y embalses, expuso Serrano en su comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados.
Por otra parte, Serrano anunció que la evaluación estratégica ambiental y el informe de sostenibilidad ambiental del Programa AGUA de actuaciones urgentes para las Cuencas del Mediterráneo se someterá a información pública este mes.
En estas evaluaciones se estudiarán los impactos ambientales del Programa AGUA, qué pasaría si no se hace nada; qué cambios aporta el Programa AGUA; qué hubiera implicado el trasvase del Ebro, ya derogado; y cuál es la evaluación del Programa AGUA sin la desalación. "En la evaluación estratégica ambiental se establecerán medidas complementarias o resguardos que evitan elementos negativos para el medio ambiente", añadió.
Serrano indicó además que en los Presupuestos Generales del Estado para este año ya se incluyen partidas para "todas las actuaciones urgentes del Programa AGUA" y que a lo largo de este año y el próximo se acometerá la reforma de las Confederaciones Hidrográficas, con mayor participación de las comunidades autónomas y de los agentes sociales. En los presupuestos de este año para la zona del mediterráneo se prevén 1.116 millones de euros, frente a los 1.494 millones que se invirtieron entre 2001 y 2004, según Serrano.
El secretario general para el Territorio y la Biodiversidad defendió que la política de aguas no se puede basar en las grandes obras hidráulicas como el trasvase del Ebro, porque es "inviable económica, ambiental y socialmente" y además a partir de 2007 España tendrá unas condiciones económicas diferentes de la Unión Europea, que ha llegado a financiar hasta el 85 por ciento de algunas obras.
ALMERÍA.
En cuanto a la provincia de Almería, el déficit hídrico estimado es de 320 hectómetros cúbicos teniendo en cuenta los desarrollos futuros a 2025. Hasta 2008, fecha prevista de conclusión de las obras del PHN, se conseguirán 230 hm3, y los 90 hm3 restantes se suplirán, según Serrano, con las actuaciones del Programa AGUA para la provincia que incluyen desalación y reutilización de aguas a realizar hasta 2025.
El diputado del PP Rafael Hernando acusó al PSOE de "seguir tirando el agua al mar" cuando Almería "es un territorio que no ha podido ser desarrollado turística ni urbanísticamente por déficits de agua". Hernando cuestionó que el Programa AGUA vaya a traer agua más barata, de mejor calidad y en mayor cantidad, y reclamó el trasvase del Ebro.
Serrano concluyó que el trasvase del Ebro no se hará con el actual Gobierno del PSOE y recordó que también con el trasvase Tajo-Segura se iban a llevar 100 hm3/año, y lo máximo que se ha transferido han sido 25 hm3 anuales.