La Coordinadora de Afectados por Embalses y Trasvases (COAGRET) inicia el lunes una campaña de movilización para impedir la construcción de embalses que supongan la desaparición de pueblos, en coincidencia con el "Día Internacional de Acciones contra las represas: por los ríos, el agua y la vida".
La campaña persigue que tanto la Ley de Aguas como la de Expropiación Forzosa adapten su articulado al respeto de la libertad de residencia de los ciudadanos, derecho fundamental reconocido en la Constitución Española, para que ninguna obra pública pueda ocasionar la supresión de tal derecho al suponer la desaparición de núcleos de población que constituyen el resultado del ejercicio de dicha libertad por las personas que los habitan.
La movilización se desarrollará inicialmente a escala estatal, mediante el ejercicio del derecho de petición individual y colectivo ante el Congreso de los Diputados, y la solicitud al Defensor del Pueblo de la elaboración de un informe especial sobre los derechos de las personas afectadas por embalses.
Posteriormente, se promoverá un debate en el conjunto de las instituciones autonómicas y a escala europea, ejercitando los derechos de ciudadanía europea ante el Defensor del Pueblo Europeo y el Parlamento Europeo, para que el criterio de respeto a los derechos fundamentales constituya un principio orientador de la política de todos los Estados integrados en la Unión Europea.
La iniciativa desea poner de manifiesto que la inundación de municipios y núcleos de población, que ha sido una constante de la política hidráulica española, no ha sido todavía descartada, y citan la presas de Riaño y de Itoiz, o el proyecto de recrecimiento de Yesa con afecciones al núcleo urbano de Sigüés y el embalse de Biscarrués, con inundación del núcleo de Erés.
En opinión de Coagret, esta previsiones han de ser consideradas incompatibles con el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales de nuestro sistema constitucional.
La iniciativa supone un homenaje a todos aquellos ciudadanos que se vieron privados del derecho a vivir en su pueblo por la construcción de embalses, la exigencia a los poderes públicos de reparación en todos aquellos casos en que resulte posible la reversión y un compromiso de futuro para evitar que dichas situaciones vuelvan a repetirse en Aragón y en el resto del país