La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó hoy que el Gobierno está decidido a abordar una reforma de la Confederación Hidrográfica del Norte que represente mayor transferencia de competencias en la gestión de las cuencas para las comunidades autónomas que la forman, y explicó que en el caso de la cuenca del Miño-Sil deberá tenerse en cuenta la postura de Castilla y León, por donde transcurre un 25% de su cauce, así como el tramo internacional que ocupa suelo portugués.
La titular de medio ambiente reconoció la singularidad de la confederación del norte, "configurada en una etapa anterior a la democracia", cuyo diseño "no se corresponde ni con su objetivo ni con la España de las autonomías". Así, expresó la voluntad del Ejecutivo de proceder a su reforma "en profundidad", que, según explicó en respuesta a una interpelación en el Senado planteada por Anxo Quintana, "ya se ha completado en forma del traspaso total de competencias en todas las cuencas que discurren por una sola comunidad autónoma".
Quintana pidió al Gobierno que atienda a los "criterios naturales" a la hora de configurar las distintas confederaciones hidrográficas y que "atienda a los criterios esenciales de unidad de gestión", dado que la Conferencia Hidrográfica del Norte "abarca ríos entre el Bidasoa y la frontera con Portugal". "Son ríos muy diferentes, de cauces muy diversos, y no obedecen a ninguna delimitación natural, pero además hay una descompensación muy evidente entre el el volumen del caudal y la importancia de las cuencas", señaló el senador del Grupo Mixto.
LOS RÍOS GALLEGOS, EL 86% DEL CAUDAL
Según explicó, la suma del caudal de los ríos Sil, Miño y Limia representa el 86% de toda la Confederación del Norte, y más del 29% de los recursos hídricos empleados en la Península para la generación de energía, una descompensación "que hay que tener en cuenta para la gestión eficaz" y que relacionó con la gestión administrativa de la Confederación. "A pesar de estos datos, la sede de la Confederación está en Oviedo, algo que es sintomático de lo que pasa, y la representación de Galicia en el organismo es residual".
Por ello, Quintana pidió al Gobierno "aceptar sin complejos la realidad de un estado descentralizado" y adecuar la gestión de las cuencas a la "realidad natural y a la unidad de gestión", tal y como reconoce la Ley de Aguas de 1985. "Sería bueno un debate basado exclusivamente en la eficacia administrativa y una nueva Confederación Hidrográfica para el Miño con paridad de representación", reclamó.
Por su parte, Narbona hizo patente las "grandes dosis de coincidencia" del Ejecutivo con los planteamientos de Quintana, y aludió al "caos administrativo" de la gestión de las cuencas "que se han dedicado especialmente a la obra hidráulica". Asimismo, insistió en que las cuencas que pertenecen a una sola comunidad no han planteado problemas para su transferencia. "El Gobierno esta abierto a escuchar lo que se plantee, que debe hacerse oyendo a las CCAA, pero en el caso de la Confederación del Norte, antes de dividir una cuenca se tendrán que tener en cuenta todos los factores", aclaró aludiendo a la parte que discurre por Castilla y León.
Acerca de las peticiones de las Comunidades Autónomas, la ministra afirmó haber recibido la propuesta de la Xunta aprobada por unanimidad en febrero de 2003 que pedía la gestión de la cuenca por parte del Gobierno gallego, iniciativa que "ha sido escuchada y no será excluida en absoluto" de la reforma.
Narbona, por otra parte, replicó a Quintana que la participación de Galicia no es residual, sino que cuenta con la misma proporción que Asturias o el País Vasco, y que para los ríos de la región suman 19 vocales sobre un total de 32, e insistió en que "el ministerio de Medio Ambiente afrontará una pronta reforma de la Configuración Hidrográfica del Norte y tendrá en cuenta lo que digan las Comunidades Autónomas".
Por último, para el senador del BNG, "lo que se hizo mal en el franquismo no se ha arreglado con lo que vino después en Galicia, aunque sí que se haya hecho para los ríos Júcar, Segura, Ebro o Guadalquivir", por lo que estimó necesaria una "reparación puntual, eficaz y particularizada" que atienda el "reconocimiento de Galicia como entidad diferenciada".