Varios colectivos ciudadanos piden la suspensión de la licencia para ampliar la actividad a nueve fuentes EL NORTE/SEGOVIA El movimiento ciudadano en contra de la captación de agua de la sierra por parte de la empresa Aguas Minerales Pascual para su embotellamiento y comercialización en la planta Bezoya 2, situada en Trescasas, continúa creciendo. Al colectivo Aguas Claras se le han sumado recientemente el foro cívico Ciudadanos por Segovia, la Asociación de Amigos de las Cañadas y la Asociación de Vecinos Peñablanca de San Cristóbal. Juntos han presentado una denuncia ante la Fiscalía de Segovia para que promueva la acción de la Justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos y el interés público, aseguran en un comunicado conjunto.
Estos colectivos consideran que en las concesiones para la explotación de manantiales ejecutadas por la Junta de Castilla y León en beneficio de Aguas Minerales Pascual existen «posibles delitos penales contra los recursos naturales, el medio ambiente y la ordenación del territorio». En su denuncia, los ciudadanos exponen las razones que demuestran la existencia de un delito, explican las inquietudes que motivan su denuncia y dan cuenta de un largo rosario de incumplimientos legales que, a su juicio, han tenido lugar en el procedimiento administrativo.
La denuncia solicita de la Fiscalía la admisión a trámite, la investigación de los hechos para determinar responsabilidades y la aplicación del principio de cautela por el daño ambiental irreparable que, según sostienen estos colectivos, se está produciendo en el espacio natural de la sierra de Guadarrama.
Despropósito
Para los denunciantes las concesiones de aguas son un «auténtico despropósito ambiental» que ha vulnerado toda la legislación «habiéndose quebrantado de manera incomprensible toda la estrategia internacional sobre desarrollo sostenible y los principios de política ambiental que marca la UE a sus Estados».
Los ciudadanos muestran su «asombro» por el hecho de que una actividad con efectos sobre el medio ambiente no haya sido sometida a la correspondiente evaluación de impacto ambiental. Tampoco entienden que se haya concedido autorización para la extracción de los valores máximos de cada una de las trece fuentes, pues «no existe una cuantificación seria y rigurosa de los recursos hídricos del manantial ni una valoración científica de las repercusiones ambientales sobre el espacio natural, sobre el ciclo hidrológico y sobre el abastecimiento de las poblaciones».
Entre las peticiones a la Fiscalía destaca la paralización de la licencia ambiental y de la autorización de usos en suelo rústico que actualmente tramita la Junta de Castilla y León