El Govern aprobó ayer un decreto que fija las medidas excepcionales en el uso de los recursos hídricos mientras se mantenga la actual situación de sequía y que pretende garantizar el suministro de agua para uso de boca hasta que acabe el año o se normalice la capacidad de los embalses catalanes, que a día de ayer se situaban en el 47% de su capacidad total.
El conseller primer, Josep Bargalló, destacó que las medidas previstas son de «carácter preventivo» y aseguró que incluso las estadísticas más pesimistas dan por hecho que «no se llegará a una situación de emergencia». En cualquier caso, los recursos hídricos están «asegurados» hasta septiembre u octubre, según el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, quien destacó que las medidas están «territorializadas» por cuencas hidrográficas y por primera vez afectan a las cuencas internas e interterritoriales donde las competencias se comparten con la Confederación Hidrográfica del Ebro.
El texto aprobado por el Consell Executiu contiene un paquete de directrices de usos hídricos dirigidas a los ayuntamientos, agricultores y organizadores de prácticas directivas, y se distribuyen en cuatro fases que van desde la situación de normalidad, el nivel 1 de la fase excepcional, el nivel 2 y una fase de emergencia, en la que habría que aprobar una nueva resolución desde el Ejecutivo de la Generalitat.
Entre las medidas dirigidas a los entes locales en el primer nivel de excepcionalidad, figura la prohibición de destinar agua potable para el funcionamiento de las fuentes ornamentales. Asimismo, sólo se usará agua potable para limpiar las calles cuando sea imprescindible por motivos higiénicos, mientras que el riego de los parques públicos se reducirá al mínimo indispensable.En el caso de emplear para estos fines agua no potable, tendrá que haber sido desinfectada previamente.
Planes de contingencia
Además, se obliga a las empresas abastecedoras a presentar planes de contingencia en los que ya se está trabajando y se limita la dotación por habitante a 280 litros al día -la media de consumo actual está en 130 litros al día-. Las medidas dirigidas a los agricultores delimitan zonas de «especial incidencia de la sequía», en las que se optará por sustituir toda o parte del agua destinada al riego agrícola por aguas residuales depuradas.
Este punto ha suscitado las críticas de las organizaciones como Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), cuyo presidente, Josep Maria Jové, explicó ayer a Europa Press que el uso de aguas depuradas «está prohibida por la normativa en el caso de productos de huerta y de agricultura ecológica». Respecto a las empresas hidroeléctricas, el decreto las obliga a no provocar oscilaciones en el régimen de caudales del río, por lo que no emplearán turbinas y tendrán que desaguar un volumen de agua suficiente para mantener las funciones ecológicas del río.