El Tribunal Supremo rechazó ayer las cuatro solicitudes de anulación de la sentencia por la que suspendió la asignación de hasta 80 hectómetros cúbicos para el trasvase Júcar-Vinalopó y de al menos otros 100 hectómetros cúbicos de abastecimientos y regadíos en el Plan Hidrológico del Júcar (PHJ). El alto tribunal condena a las entidades y administraciones que pidieron la nulidad -la Generalitat, la empresa Aguas del Júcar, regantes y ayuntamientos- alegando que desconocían la causa, a pagar las costas.
El fallo ya definitivo anula artículos básicos del PHJ aprobado en 1998 al aceptar un recurso de la Fundación para el Progreso de Albacete, con el argumento de que el Gobierno no puede determinar la gestión de ríos internos de la Comunidad Valenciana o de Castilla-La Mancha porque éstos son competencia de las autonomías. En consecuencia, el alto tribunal anuló la reserva del Júcar-Vinalopó y parte de la ordenación de siete sistemas hídricos, lo que afecta a la asignación de 95 hectómetros cúbicos para los regadíos del Canal Júcar-Turia, o agua para la Marina Baja (incluye Benidorm) y poblaciones de La Plana. En total, más de 200 hectómetros cúbicos anuales.
El Ministerio de Medio Ambiente no se pronunció ayer sobre la confirmación de un fallo judicial que se hizo público en noviembre de 2004. Aguas del Júcar, que ejecuta el trasvase al Vinalopó, anunció 'medidas urgentes en el ámbito judicial' que se traducirán en un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, al que pedirá la no ejecución de la sentencia del Supremo, indicó un portavoz. La sociedad anunció que trabajará con el ministerio en una 'resolución definitiva' de este conflicto que 'permita regularizar el plan de la cuenca del Júcar y la conducción Júcar-Vinalopó'. La fórmula sería un decreto que convalide el plan transitoriamente hasta que se redacte uno nuevo. Aguas del Júcar no tiene previsto parar ahora las obras, aunque analizará la cuestión con sus abogados.
La empresa argumentará ante el Constitucional que no fue invitada a personarse como tal en el recurso contra el PHJ, sino que se citó a su presidente como responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), entonces Juan Manuel Aragonés. También fue citada la Generalitat, hasta 11 veces, recuerda el Supremo, sin que se personara en la causa, por lo que se rechaza su alegación de que sufrió indefensión.
Aguas del Júcar considera que la obra del trasvase está amparada por la ley que modificó el Plan Hidrológico Nacional (PHN), aunque está suspendida la asignación del agua. Francisco Delgado, abogado de la fundación albaceteña, dijo ayer que el fallo obligará a revisar el PHJ y la gestión de la confederación.
La Generalitat destacó que ya pidió al ministerio un decreto en el que dejara claro que el gobierno valenciano acepta el PHJ de 1998, y señaló que si se ejecuta la sentencia se verá afectada toda la planificación hidrológica española. El secretario de Medio Ambiente del PSPV-PSOE, Francesc Signes, responsabilizó de la sentencia al PP porque la Generalitat no se personó en la causa en 2002, lo que a su juicio 'es la prueba de la irresponsabilidad y negligencia del PP' y del presidente Francisco Camps, 'que prefiere hacer demagogia y victimismo en vez de defender los intereses valencianos'.
La plataforma Xúquer Viu y la Fundación Nueva Cultura del Agua defendieron que el trasvase no tiene cobertura jurídica porque al incluirlo en la reforma del PHN se hizo la salvedad de que estaba pendiente la sentencia del Supremo. Según Aguas del Júcar, dijo que ello no cierra la vía judicial.