La Generalitat recurrirá en amparo al Constitucional la sentencia del TS que anula el suministro de agua a Alicante, el Baix Vinalopó y Benidorm
F. J. B. / REDACCIÓN
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció ayer que el Gobierno trabaja desde el inicio de la legislatura con la Generalitat para el traspaso de la gestión de las cuencas hidrográficas internas, para lo que, recordó, es precisa la voluntad de la comunidad autónoma. Esta fórmula -vía decreto, orden o modificando el plan de cuenca del Júcar- dejaría sin efecto la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado los artículos que regulan el suministro de agua de Alicante, Baix Vinalopó y la Marina Baixa y la futura dotación de caudales al Júcar-Vinalopó.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Narbona explicó que «se ha tardado mucho tiempo en llevar a cabo las transferencias correspondientes a cuencas internas», entre otras cosas porque se necesita la voluntad de las comunidades autónomas afectadas de recibir esas cuencas. En el caso de las cuencas internas de la Comunidad Valenciana, Narbona añadió que «desde el primer momento de esta legislatura la Confederación Hidrográfica del Júcar está trabajando con el Gobierno valenciano para establecer un acuerdo en cuanto a la eventual gestión que sin duda les corresponde de las cuencas internas en el marco de un proceso de colaboración».
La ministra también se refirió a la decisión del Supremo de rechazar los incidentes de nulidad presentados por la Generalitat, Usuarios del Júcar-Vinalopó, Usuarios del Júcar-Turia y la sociedad estatal Aguas de Júcar. Narbona hizo hincapié en que el Supremo ha desestimado «de manera muy clara» que se haya producido indefensión de la Generalitat en ese proceso. Narbona recordó que el auto del Supremo explica que la Generalitat había conocido en más de once ocasiones los recursos que condujeron finalmente a la anulación de varios artículos del plan del Júcar «por lo que no puede considerarse que haya estado indefensa».
Por su parte, el Consell acordó ayer presentar un recurso de amparo ante el Constitucional contra la sentencia. Además, el Ejecutivo también adoptó el acuerdo de reclamar nuevamente al Gobierno que adopte «las medidas necesarias» para restablecer la «normalidad» y la «legalidad» del plan de cuenca del Júcar, según señaló el conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, quien recordó que el mismo acuerdo se tomó en una sesión del pasado 17 de diciembre de 2004. García Antón señaló que la sentencia «ni mejora ni empeora la situación», porque las «dudas» en el plan y en el Júcar-Vinalopó «las viene introduciendo» el Ejecutivo socialista, al que pidió que «de una vez por todas defina la política hídrica para esta Comunidad». Antón precisó que la Generalitat recurre en amparo ante el Constitucional «porque no nos sentimos notificados como Consell», e instó al Ejecutivo central a «restablecer», mediante la aprobación de un decreto, la «normalidad» en el plan del Júcar, que «tiene que ser sobre toda la demarcación que se había realizado».