El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, anunció hoy la decisión adoptada de recurrir las cantidades aportadas en el trasvase Tajo-Segura si el Gobierno central no decide aumentarlas hasta septiembre.
Al respecto, se refirió a la situación de los embalses, ya que mientras los pantanos del Segura está a un 17 por ciento y los del Júcar en un 27 por ciento de su capacidad, los embalses del Tajo "están actualmente a la mitad de su capacidad y el Ebro está al 66 por ciento".
En la Comunidad Valenciana, recordó, son 25 los municipios afectados, 55.000 hectáreas que necesitan el agua del Tajo y 50.000 los empleos directos e indirectos que tienen relación con el Tajo-Segura.
Apostilló que se trata de una "cuestión de primera magnitud de opción de futuro, de una realidad evidente, de unas decisiones políticas y jurídicas que van justo por el camino de la divergencia en relación a lo que tienen que ser proyectos para toda España, proyectos de solidaridad".
RECURSO.
Camps, tras reunirse con los consellers con competencias en materia hídrica, avanzó también que el Gobierno valenciano presentará este viernes un recurso de inconstitucionalidad a la modificación de la ley del Plan Hidrológico Nacional aprobada en las Cortes Generales el pasado mes de junio.
Camps, que avanzó que estará presente en la manifestación del próximo jueves en Murcia "para la defensa de nuestros intereses en materia de agua y para manifestarse públicamente contra las decisiones del Gobierno", aseguró que este recurso se presenta al otorgo a una Comunidad Autónoma "la facultad para decidir sobre el futuro del agua de una cuenca hidrográfica nacional".
El jefe del Consell hizo estas declaraciones tras una reunión que mantuvo con el el vicepresidente del Gobierno, Víctor Campos; el conseller de Agricultura, Juan Cotino; el conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, y el conseller de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón.
Al mismo tiempo, Camps criticó la "decisión muy grave" de que "una Comunidad Autónoma, como es el caso de Cataluña, tenga capacidad exclusiva para decidir sobre la cuenca del Ebro".
Por ello, señaló que se presentará este recurso para "ser congruentes con el recurso de inconstitucionalidad que ya presentamos al 'decretazo' de hace un año y que, no sólo ha sido admitido a trámite, sino que ha sido adaptado en su totalidad a la modificación de esta ley".
Explicó que este recurso se presenta porque en esta modificación del PHN "se incluye por primera vez en la historia de la política de aguas de nuestro país, la facultad de una Comunidad Autónoma para decidir sobre el futuro del agua de una cuenca hidrográfica nacional"
Al respecto, aseveró que con esta modificación "Cataluña tendrá capacidad de informe determinante a la hora de decidir sobre la cuenca del Ebro cualquier cuestión sobre la cuenca hidrográfica y el Estado".
En este sentido, lamentó que es "la primera vez que se le otorga un privilegio sobre una cuestión que es de todos a una autonomía", por lo que calificó esta cuestión de "muy grave", ya que, dijo, "la hoja de ruta del agua está marcada por Esquerra Republicana de Catalunya, que está haciendo que el Gobierno central se haya convertido en el más insolidario de toda la historia democrática de nuestro país".
En su opinión, "permitir que una Comunidad Autónoma tenga capacidad de decisión determinante sobre el agua, que es de todos, significa que en estos momentos esa ley permite la confiscación del agua del Ebro por parte de una autonomía, que es Cataluña".
"Si Cataluña tuviera la capacidad de decisión determinante en relación a la cuenca hidrográfica del agua significaría que todas las Comunidades Autónomas aguas arriba del río Ebro podrían tener limitadas sus capacidades de uso del agua", matizó Camps, quien indicó que "si Cataluña decidiese que para la parte final del Ebro se necesitasen una cantidad de hectómetros cúbicos determinada, se convertiría en la única reguladora de toda la cuenca del Ebro de nuestro país".
CHANTAJE DE ERC
Asimismo, el jefe del Consell recordó que "el tripartito catalán presentó una propuesta a la reforma de su Estatuto que sigue esa pauta de chantaje de ERC al Gobierno socialista", ya que, afirmó, "se propone que Cataluña tenga la capacidad determinante y decisión respecto del agua que trascurre por los límites territoriales de su autonomía, aunque se trate de agua de cuencas hidrográficas nacionales, como es el caso del río Ebro".
A juicio de Camps, "ésta es la propuesta estatutaria más insolidaria que jamás nadie haya escuchado, porque se trata del agua de todos", por lo que exigió una explicación al Ejecutivo central.
"La hoja de ruta de agua de ERC que sigue el PSOE ha provocado tensiones que no existían en el trasvase del Tajo al Segura y genera sequía, crispación, confiscación", criticó Camps, quien añadió que "en cambio la Generalitat Valenciana tiene un proyecto de agua que habla de prosperidad, futuro y solidaridad".
El Gobierno valenciano, aseguró Camps, pretende con este recurso de inconstitucionalidad sea una "llamada a la solidaridad, a la cooperación, a un proyecto en conjunto que se llama España, a la necesidad que tiene nuestra Comunidad para seguir haciendo posible nuestro espacio de prosperidad para todos, donde sólo reclamamos una pequeña parte de ese agua que necesitamos".
Además, Camps lamentó que, tras un año desde la propuesta de esta modificación del PHN, "nadie ha puesto alternativas al trasvase del Ebro", por lo que afirmó que el PSOE "volvió a engañar a todos los españoles paralizando el trasvase y diciendo que tenía alternativa, que un año después brilla por su ausencia".
Por ello, el jefe del Ejecutivo valenciano exigió al Gobierno central que "los hectómetros cúbicos previstos en ese trasvase se complementen lo antes posible por la cantidad de hectómetros cúbicos que necesitamos y si no lo hacen, recurriremos", advirtió.