El vicepresidente del Gobierno valenciano, Víctor Campos, explicó hoy que la Generalitat recurrirá ante el Tribunal Constitucional un apartado específico de la ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN), de nueva redacción, por el que se establece que el Gobierno central y la Generalitat catalana "previo acuerdo mutuo" aprobarán el Plan Integral de Protección del Delta del Ebro, al entender que realiza con ello una "dejación inconstitucional" de competencias exclusivas del Estado.
En una rueda de prensa acompañado del secretario autonómico de Política Institucional y director del Gabinete Jurídico de la Generalitat, José Marí Olano, el vicepresidente del Consell aseguró que la Generalitat va a recurrir el apartado quinto de la disposición adicional décima de la ley del PHN, que, en su nueva redacción, plantea un cambio "sustancial" respecto de la norma que aprobó el Gobierno del PP.
El vicepresidente explicó en este sentido que la anterior redacción de la ley del PHN, ya derogada, establecía, en el apartado cuarto de esta disposición adicional, que la aprobación del Plan Integral de Protección del Delta del Ebro correspondía al Gobierno central, "sin ninguna otra matización", mientras que en la nueva ley, el apartado quinto, determina que el Ejecutivo estatal y la Generalitat catalana "previo mutuo acuerdo, aprobarán el plan en el ámbito de sus respectivas competencias".
Campos precisó que el precepto que se va a recurrir "habla de la aprobación del plan, no del desarrollo y aplicación del plan a través de un consorcio", algo que "tanto antes como ahora se puede contemplar", y defendió que no tiene "absolutamente nada que ver una cosa con la otra".
En este sentido, acusó a los socialistas y a miembros del Gobierno central de tratar de introducir "confusión" respecto al recurso de inconstitucionalidad que presentará este mes de julio el Consell.
Además, señaló que esta iniciativa judicial "no va en contradicción absolutamente con nada de la política que, hasta ahora ha llevado a cabo, y las decisiones que, hasta ahora, ha tomado el Gobierno de la Generalitat".
DEJACIÓN "CLARA"
El vicepresidente del Ejecutivo valenciano considera que el Gobierno central, a través del apartado quinto de la disposición adicional décima de la ley, realiza una "dejación clara y descarada" de competencias recogidas como exclusivas en la propia Carta Magna, y de estar realizando una "renuncia inconstitucional" de estas atribuciones, situación que, según agregó, "está favoreciendo y privilegiando a una comunidad autónoma sobre otras en una cuenca supraautonómica a la que pertenecemos nueve comunidades, más de la mitad de las que conforman el Estado español".
Campos recordó que el artículo 149.1 de la Constitución establece que el Estado tiene la competencia exclusiva sobre "la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma".
El representante del Consell señaló que "es absolutamente inaceptable que, por culpa de la debilidad del Gobierno de Zapatero y de seguir asumiendo los chantajes de sus socios en Cataluña, haga dejación de sus derechos y de sus obligaciones constitucionalmente reconocidas".
Campos manifestó que el recurso que interpondrá la Generalitat ante el Tribunal Constitucional no va "contra ninguna comunidad", sino que se promueve "en defensa de los intereses de la Comunidad Valenciana". La Generalitat considera que, al establecerse como necesario el acuerdo previo de la Generalitat catalana para que el Estado pueda ejercer válidamente su competencia exclusiva, se da un "inconstitucional trato privilegiado" a Cataluña que "vulnera" el principio de igualdad entre comunidades.
Por otro lado, aseguró que se ha puesto en contacto con los consejeros de Presidencia o vicepresidentes de los gobiernos de La Rioja, Castilla y León, Cantabria, Castilla-La Mancha y País Vasco, y lo ha intentado también con los Ejecutivos de Navarra y Aragón, aunque todavía ha podido, y "todos se han mostrado muy receptivos".
Añadió que estas autonomías han solicitado a la Generalitat los informes que sustenten el recurso que presentará y avanzó que "algunos de ellos no descartan adherirse al mismo o presentar uno propio".
ESTATUTO CATALÁN
Además, expresó la "tremenda preocupación" del Consell por la reforma estatutaria catalana, al establecer que "la Generalitat catalana ha de emitir un informe vinculante sobre cualquier propuesta de trasvase de cuencas que implique la modificación de los recursos hídricos de su ámbito territorial".
Campos aseguró que, cuando se sustancie la aprobación de la reforma, si se mantiene esta pretensión, el Gobierno de la Generalitat "ya se pronunciará formalmente y oficialmente como se tenga que pronunciar, bien sea a través de la valoración política o bien sea a través de cualquier otra decisión, que en estos momentos no anunciamos que podemos hacer, aunque no renunciamos tampoco a ejercitar cualquier decisión que entendamos necesaria para defender los intereses de la Comunidad Valenciana"
Según dijo, "si el débil Gobierno socialista de Zapatero siguiese aceptando las decisiones de su partido en Cataluña y de sus socios, nos podríamos encontrar con un texto estatutario que podría impedir, en cualquier caso, un futuro trasvase" a cualquier parte de España. Se trataría, añadió, de poner decisiones que afectan a otros territorios "en manos, no del Gobierno de España, sino del Gobierno de una comunidad", lo que calificó de "gravísimo".