Montevideo, 29 jul (EFE).- La empresa Aguas de la Costa, propiedad de la española Aguas de Barcelona, que brinda servicios de agua potable y saneamiento en Uruguay, retomó sus inversiones luego que Gobierno aprobó el pasado mes un decreto que interpreta una reforma de la Constitución, informaron hoy fuentes de la empresa.
"El decreto del Gobierno nos da certezas jurídicas, seguimos trabajando con la misma dedicación y ahora retomamos las inversiones", dijo a EFE el gerente de Aguas de la Costa, Cristian Torres.
El pasado 31 de octubre, de manera conjunta con las elecciones nacionales que le dieron la victoria a la coalición de izquierda Frente Amplio-Encuentro Progresista, se votó en Uruguay una reforma de la Constitución.
La reforma, apoyada por el 65 por ciento de los votantes, determinó que todos los servicios de agua potable y saneamiento deben quedar en manos del Estado.
El decreto de interpretación, aprobado en mayo por el Gobierno del presidente socialista Tabaré Vázquez, señala que la reforma no tiene efectos retroactivos y que las empresas privadas que brindan servicios de agua potable y saneamiento deben seguir dándolos hasta la finalización de las concesiones.
"Esa era la postura que defendía nuestra empresa y estamos satisfechos por como se ha definido el tema", agregó Torres.
Desde que se instaló en Uruguay, en 1993, Aguas de la Costa invirtió 12 millones de dólares en obras de construcción y mejora de cañerías en una zona elegante del departamento de Maldonado, el que recibe la mayor cantidad de turistas durante la temporada de verano (diciembre-marzo) y donde se encuentra el principal centro turístico del país, Punta del Este.
Torres destacó que Aguas de la Costa, que tiene unos 3.200 clientes, proyecta invertir "aproximadamente un millón de dólares" para mejoras administrativas y de gestión y equipos informáticos.
La concesión de Aguas de la Costa, que en un 60 por ciento pertenece a Aguas de Barcelona, culmina en 2018.
El ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Mariano Arana, dijo el pasado mes que el Gobierno "tendrá mucho cuidado y exigirá el fiel cumplimiento del contrato" de la empresa