POLLUTION OF THE IZNÁJAR SWAMP: The County Council says that some towns couldn´t have a water control plan
Tue, 06/09/2005
En el mejor de los casos, se estarían realizando controles de la calidad pero sin seguir el protocolo que establece el Real Decreto 140/2003
Mañana la comisión informativa especial creada en la Diputación tras la contaminación con herbicida del pantano de Iznájar abordará uno de los asuntos más controvertidos: el incumplimiento de la ley sobre calidad del agua en más del 50 por ciento de los municipios de la Zona Sur Occidental, la afectada por la alerta sanitaria de mediados del mes de julio que dejó sin agua corriente a 250.000 habitantes de 25 localidades por espacio de casi una semana.
Ayer el vicepresidente tercero y portavoz socialista en la comisión, Juan Torres, confirmó punto por punto la información adelantada por ABC la semana pasada sobre la falta de control en la calidad del agua en quince de los 25 municipios que se abastecen total o parcialmente del pantano de Iznájar.
El 12 de julio pasado la Consejería de Salud declaró no apta para el consumo el agua del mayor embalse de Andalucía al detectarse niveles superiores a lo permitido de terbutilazina, un herbicida que se emplea en el olivar, cultivo que llega hasta el mismo borde del pantano. En menos de una semana, los trabajadores de Emproacsa lograron atajar el problema con la instalación de un filtro de carbón activo en el embalse, medida que se mantiene hasta ahora y que incluso se extendió a otros tres más (Sierra Boyera, Puente Nuevo Martín Gonzalo) en previsión de nuevos casos de contaminación.
En la documentación que mañana analizarán los miembros de los grupos políticos, a la que ha tenido acceso este periódico, figura un informe sobre las actuaciones de Emproacsa antes de la crisis (con las comunicaciones de pueblos como Montilla, Almodóvar y Lucena avisando de la presencia de terbutilazina en sus aguas) y durante la misma (trabajos en el pantano y suministro de agua embotellada y en cisterna). Lo más revelador es la tesis que mantiene la empresa y su gerente, Francisco Javier Aguilar, sobre la falta de cumplimiento del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, en la mayoría de los pueblos afectados por la contaminación. Concretamente, Aguilar afirma que «los únicos municipios que a la fecha cumplen la ley al respecto son Aguilar, Encinas Reales, Espejo, Fuente Carreteros, Fuente Palmera y Santaella», cuyo servicio gestiona la empresa, además de Lucena y Puente Genil, que lo hacen mediante el sector privado.
Sólo dos regularizan su situación
Torres insistió ayer en este dato, y dijo que se ha incumplido la obligación de comunicar al Ministerio de Salud los resultados de los análisis. No quiso, sin embargo, asociar este hecho a la sospecha de que tampoco se hayan realizado los controles, aunque sí reconoció que probablemente haya municipios dentro de ese grupo que no tengan planes de autocontrol previstos en el citado Real Decreto. Esta norma, en su artículo 18, obliga a los gestores del abastecimiento a realizar controles de la calidad siguiendo un protocolo establecido y que debe darse de alta (antes del 1 de enero de 2005) en un registro del Ministerio de Sanidad denominado Sinac. De los quince municipios que incumplían el Real Decreto, sólo dos han solventado este tema. En el mejor de los casos, en el resto se estarían haciendo controles no oficiales ni válidos para la Administración. De hecho, Emproacsa utiliza este argumento para restar validez a los análisis que el Ayuntamiento de Almodóvar remitió en marzo y abril sobre los resultados obtenidos por un laboratorio que delataban la presencia del herbicida.
Mañana la comisión informativa especial creada en la Diputación tras la contaminación con herbicida del pantano de Iznájar abordará uno de los asuntos más controvertidos: el incumplimiento de la ley sobre calidad del agua en más del 50 por ciento de los municipios de la Zona Sur Occidental, la afectada por la alerta sanitaria de mediados del mes de julio que dejó sin agua corriente a 250.000 habitantes de 25 localidades por espacio de casi una semana.
Ayer el vicepresidente tercero y portavoz socialista en la comisión, Juan Torres, confirmó punto por punto la información adelantada por ABC la semana pasada sobre la falta de control en la calidad del agua en quince de los 25 municipios que se abastecen total o parcialmente del pantano de Iznájar.
El 12 de julio pasado la Consejería de Salud declaró no apta para el consumo el agua del mayor embalse de Andalucía al detectarse niveles superiores a lo permitido de terbutilazina, un herbicida que se emplea en el olivar, cultivo que llega hasta el mismo borde del pantano. En menos de una semana, los trabajadores de Emproacsa lograron atajar el problema con la instalación de un filtro de carbón activo en el embalse, medida que se mantiene hasta ahora y que incluso se extendió a otros tres más (Sierra Boyera, Puente Nuevo Martín Gonzalo) en previsión de nuevos casos de contaminación.
En la documentación que mañana analizarán los miembros de los grupos políticos, a la que ha tenido acceso este periódico, figura un informe sobre las actuaciones de Emproacsa antes de la crisis (con las comunicaciones de pueblos como Montilla, Almodóvar y Lucena avisando de la presencia de terbutilazina en sus aguas) y durante la misma (trabajos en el pantano y suministro de agua embotellada y en cisterna). Lo más revelador es la tesis que mantiene la empresa y su gerente, Francisco Javier Aguilar, sobre la falta de cumplimiento del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, en la mayoría de los pueblos afectados por la contaminación. Concretamente, Aguilar afirma que «los únicos municipios que a la fecha cumplen la ley al respecto son Aguilar, Encinas Reales, Espejo, Fuente Carreteros, Fuente Palmera y Santaella», cuyo servicio gestiona la empresa, además de Lucena y Puente Genil, que lo hacen mediante el sector privado.
Sólo dos regularizan su situación
Torres insistió ayer en este dato, y dijo que se ha incumplido la obligación de comunicar al Ministerio de Salud los resultados de los análisis. No quiso, sin embargo, asociar este hecho a la sospecha de que tampoco se hayan realizado los controles, aunque sí reconoció que probablemente haya municipios dentro de ese grupo que no tengan planes de autocontrol previstos en el citado Real Decreto. Esta norma, en su artículo 18, obliga a los gestores del abastecimiento a realizar controles de la calidad siguiendo un protocolo establecido y que debe darse de alta (antes del 1 de enero de 2005) en un registro del Ministerio de Sanidad denominado Sinac. De los quince municipios que incumplían el Real Decreto, sólo dos han solventado este tema. En el mejor de los casos, en el resto se estarían haciendo controles no oficiales ni válidos para la Administración. De hecho, Emproacsa utiliza este argumento para restar validez a los análisis que el Ayuntamiento de Almodóvar remitió en marzo y abril sobre los resultados obtenidos por un laboratorio que delataban la presencia del herbicida.