El Gobierno dio su visto bueno ayer al proyecto de Ley de Agua que ya aprobó hace un año, pero que no pudo salir adelante en el Parlamento por el conflicto de competencias presentado por las Juntas Generales alavesas en la Comisión Arbitral. Cuando este organismo se pronunció en febrero y dio la razón al Gobierno, el Parlamento estaba a punto de disolverse, por lo que la iniciativa decayó.
Ahora, y tras perder Álava la disputa, el proyecto vuelve a la Cámara con una modificación de la Ley de Territorios Históricos (LTH) que resta competencias a las diputaciones.
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Esther Larrañaga, presentó tras la habitual reunión de los martes del Consejo de Gobierno los pormenores del proyecto, que calificó de 'moderno y ambientalista'. Una vez superado el escollo planteado por las Juntas alavesas, que veían el texto como una invasión competencial, la consejera confía en que salga mejorado de su paso por el Parlamento y que la futura Ley de Agua logre un consenso lo más amplio posible. De momento, la iniciativa cuenta con el respaldo de las diputaciones de Vizcaya y de Guipúzcoa, mientras que la de Álava previsiblemente seguirá en contra.
Una vez que se apruebe la ley, la Agencia del Agua, un organismo público de nuevo cuño, aunará las actuales competencias del Gobierno y de las diputaciones. De esta forma asumirá funciones que hasta ahora desempeñaban en exclusiva los ejecutivos forales en apartados como la planificación y gestión de los recursos hídricos.
Éste es el tercer proyecto de ley que aprueba el Ejecutivo desde que celebró su primer consejo a finales de agosto, aunque son iniciativas que ya había enviado al Parlamento la legislatura pasada y que no fueron aprobadas por falta de tiempo o porque se rechazaron. En todos los casos la redacción es idéntica.
Éstas son las principales claves del proyecto:
- Agencia Vasca del Agua. Es un ente público de derecho privado, dependiente del Departamento de Medio Ambiente, que sustituye a la actual Dirección de Aguas asumiendo todas sus funciones. Está formada por representantes de todas las administraciones así como de la sociedad y consumidores. Sus competencias se extenderán a las obras hidráulicas que no sean de interés general del Estado, desde abastecimiento y saneamientos hasta restauración de cauces y prevención de inundaciones. También realizará la planificación hidrológica y gestionará las autorizaciones inspección, control y sanciones.
- Canon ecológico. Es un tributo nuevo al que obliga la legislación comunitaria y que será aplicado en todos los países de la UE, aunque Euskadi será la primera comunidad española en instaurarlo. Significará el pago de 0,06 euros por metro cúbico de agua consumida, lo que supondrá para una familia con un consumo medio abonar alrededor de 2,8 euros cada año. El canon se cobrará en la factura del agua de todos los consumidores por parte de los suministradores. La futura factura del agua incorporará todos los costes derivados de su gestión, aparte del precio del recurso en sí y del canon ecológico que se aplique.
- Contadores. Todos los consumidores deberán disponer de un contador para detallar el consumo. La novedad afecta a los agricultores y a determinado tipo de industrias que tomaban el agua directamente de los ríos. La filosofía que subyace en esta medida es que el agua constituye un recurso natural limitado y, por lo tanto, se debe consumir con racionalidad