Mañana se celebrará en el Juzgado Número 9 de Madrid la audiencia previa al juicio que se celebrará como consecuencia de la denuncia que Boliden planteó contra Geocisa, Intecsa, Dragados --hoy ACS--, Banco Vitalicio (aseguradora) y Zurich (aseguradora de Intecsa), a los que culpa de la rotura el 25 de abril de 1998 de la balsa de contención de la mina de Aznalcóllar (Sevilla).
Según informó a Europa Press un portavoz de Boliden Apirsa, Antonio Fernández, en base a la fecha que se ha fijado para la audiencia previa, "probablemente el juicio comenzará antes de que acabe el año y tendremos sentencia dentro de 2006".
Además, señaló que si la sentencia fuera favorable a Boliden en primera instancia, se habría acabado el proceso paralelo de liquidación de los activos de Boliden para pagar a los acreedores y abonar los costes de la limpieza, "porque habría dinero para pagar a todo el mundo de sobra".
La Junta de Andalucía presentó una demanda contra la compañía minera sueca para exigirle el pago de unos 90 millones de euros por los costes de limpieza, mientras que Boliden Apirsa hizo lo mismo contra las mencionadas compañías, a quienes considera los verdaderos culpables del accidente.
Boliden estima que no es responsable del accidente porque, a su juicio, ningún tribunal español ha demostrado responsabilidad directa alguna de la empresa en el accidente de la balsa minera. Es más, insiste en que lo son aquellas compañías responsables del diseño y la construcción de la balsa.
"Las causas de la rotura quedaron establecidas en el pleito penal que se siguió durante más de dos años, que no son otras que la fragilidad de las margas y el fenómeno de la rotura progresiva junto con las presiones intersticiales", explicó.
Fernández agregó que era un problema del diseño de la presa, que hizo en su día Dragados (actualmente ACS), "un diseño que no previó la posibilidad de la rotura y que hizo los cálculos sin los márgenes de seguridad adecuados".
"Nos basamos en la responsabilidad contractual contra Dragados e Intecsa, mientras que en el caso de Geocisa, actuamos contra ella porque era nuestra consultora en los años 1996 a 1998, y prácticamente vivían en la presa para hacer la vigilancia constante", manifestó.
CIFRAS
Por todo ello, Boliden reclamó en un primer momento a estas empresas 115 millones de euros, cifra que posteriormente ha aumentado hasta 250 millones de euros.
Fernández indicó que Boliden reclamaba 115 millones por los daños registrados por la empresa, y le ha agregado otros 135 millones de euros porque la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tienen abierto sendos procedimientos administrativos contra Boliden, en los que no sólo se reclama el pago de una multa de un millón de euros, sino además que se reembolse el coste de la limpieza de la zona y la reparación de los daños en la zona de dominio público.
"Si al final, por la vía administrativa, nos vemos condenados a pagar ese dinero, queremos que lo reintegre quien consideramos que ha sido el culpable", dijo en referencia a las empresas mencionadas.
De otro lado, en cuanto al embargo que la Junta de Andalucía anunció que ejecutaría sobre los activos de Boliden en Suecia, en pago a los costes que alcanzó la limpieza, Fernández dijo que hasta el momento no ha recibido ninguna citación.
La Junta anunció en marzo que a partir del mes de mayo iniciaría un proceso de embargo de los bienes de Boliden en Suecia y Holanda por valor de 89,87 millones de euros si la empresa sueca no depositaba un aval por tal cantidad en concepto de los gastos que asumió la Administración andaluza por los trabajos de restauración de la cuenca del Guadiamar.
Según Boliden, hasta el momento no existe constancia de que la administración autonómica haya comenzado ningún proceso de estas características, que en cualquier caso la empresa sueca considera que no podría resolverse a favor de la Junta de Andalucía, por las dificultades que supone acudir a otro país para ejecutar un embargo y demostrar una vinculación entre Boliden Apirsa y Boliden Limited que permita el mismo.
La rotura de la balsa provocó el vertido al río Guadiamar de cinco millones de metros cúbicos de aguas contaminadas; la mayoría de los proyectos para descontaminar y recuperar la zona, en los que participaron las consejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Agricultura y Pesca, Salud y Medio Ambiente, se desarrollaron a lo largo de un tramo fluvial de 4.634 hectáreas de extensión y 62 kilómetros de longitud entre la mina y los límites del Parque Nacional de Doñana.