Narbona (Environmental Minister) doesn´t want that the statutes of autonomy protect the rivers
Sat, 15/10/2005
Madrid. Las palabras del presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, en las que proponía que en la reforma del Estatuto de autonomía se incluyeran fórmulas jurídicas para evitar el trasvase del río Ebro, no han quedado sin respuesta.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, contestó ayer que lo más importante es que la gestión del agua respete el marco constitucional. En este sentido, Narbona afirmó que "las modificaciones de los estatutos no pueden cuestionar lo que es el marco constitucional de la gestión del agua en nuestro país", ya que, indicó, "aquellos ríos que discurren por más de una cuenca tienen como gestor al Gobierno de la Nación".
Asimismo, aseguró que es "es verdad que las Confederaciones Hidrográficas queremos que incorporen un proceso de corresponsabilización con las comunidades autónomas", lo que significa que "en todo caso, un río como el Ebro seguirá estando en una Confederación del Gobierno de la Nación, que será quien tenga, por lo tanto, la última decisión de cualquiera de los temas que puedan afectar al río". Además, recordó que la Directiva Europea establece claramente la unidad de la cuenca como principio rector.
Pero la ministra no fue la única en contestar a Iglesias, ya que en la Comunidad Valenciana varias voces se han alzado para hablar del tema. Por un lado, El secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, calificó de "auténtico despropósito" la propuesta del presidente y señaló que "lo máximo que podemos admitir de otra comunidad autónoma es la garantía de que tengan los recursos suficientes". Por otro lado, el vicepresidente del Gobierno valenciano, Víctor Campos, declaró al respecto que considera la propuesta "un disparate basado en la insolidaridad y que sólo busca la división de España y la confrontación".
Para suavizar el debate planteado, Iglesias puntualizó ayer que cuando habló de incluir competencias sobre el Ebro en el Estatuto se refería a que cualquier actuación que se acometa sobre el río tendrá que contar, obligatoriamente, con la opinión de Aragón.
Respecto a este tema, el presidente del PP, Gustavo Alcalde, le instó a que "no siga jugando electoralmente con el principal recurso que tiene Aragón para vertebrar el territorio", mientras asiste "complacido" al "secuestro de entre 6.000 y 8.000 hectómetros cúbicos de agua en el Delta" y "sin mover un sólo músculo político para evitarlo".
Para Alcalde, el aprovechamiento del agua en Aragón importa "un pimiento" a Iglesias y la prueba es que en un año de "salvaje sequía" se ha dedicado a "mutilar las obras" previstas en la región.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, contestó ayer que lo más importante es que la gestión del agua respete el marco constitucional. En este sentido, Narbona afirmó que "las modificaciones de los estatutos no pueden cuestionar lo que es el marco constitucional de la gestión del agua en nuestro país", ya que, indicó, "aquellos ríos que discurren por más de una cuenca tienen como gestor al Gobierno de la Nación".
Asimismo, aseguró que es "es verdad que las Confederaciones Hidrográficas queremos que incorporen un proceso de corresponsabilización con las comunidades autónomas", lo que significa que "en todo caso, un río como el Ebro seguirá estando en una Confederación del Gobierno de la Nación, que será quien tenga, por lo tanto, la última decisión de cualquiera de los temas que puedan afectar al río". Además, recordó que la Directiva Europea establece claramente la unidad de la cuenca como principio rector.
Pero la ministra no fue la única en contestar a Iglesias, ya que en la Comunidad Valenciana varias voces se han alzado para hablar del tema. Por un lado, El secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, calificó de "auténtico despropósito" la propuesta del presidente y señaló que "lo máximo que podemos admitir de otra comunidad autónoma es la garantía de que tengan los recursos suficientes". Por otro lado, el vicepresidente del Gobierno valenciano, Víctor Campos, declaró al respecto que considera la propuesta "un disparate basado en la insolidaridad y que sólo busca la división de España y la confrontación".
Para suavizar el debate planteado, Iglesias puntualizó ayer que cuando habló de incluir competencias sobre el Ebro en el Estatuto se refería a que cualquier actuación que se acometa sobre el río tendrá que contar, obligatoriamente, con la opinión de Aragón.
Respecto a este tema, el presidente del PP, Gustavo Alcalde, le instó a que "no siga jugando electoralmente con el principal recurso que tiene Aragón para vertebrar el territorio", mientras asiste "complacido" al "secuestro de entre 6.000 y 8.000 hectómetros cúbicos de agua en el Delta" y "sin mover un sólo músculo político para evitarlo".
Para Alcalde, el aprovechamiento del agua en Aragón importa "un pimiento" a Iglesias y la prueba es que en un año de "salvaje sequía" se ha dedicado a "mutilar las obras" previstas en la región.