Only 11% of the water of the spanish rivers is acceptable, according to Greenpeace
Mon, 31/10/2005
Este caso, denunciado por Greenpeace, ilustra la mala gestión del agua que se realiza en nuestro país, a juicio de la organización ecologista. Según el informe Agua: la calidad de las aguas en España. Un estudio por cuencas, apenas el 11% del agua de los ríos españoles tiene una calidad aceptable. Los 300 campos de golf de España se suelen abastecer de aguas subterráneas, pese a que sólo el 16% reúne cualidades para utilizarse para abastecimiento o riego.
Al Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos les queda un largo trabajo por delante para cumplir los objetivos previstos en la directiva marco del agua de la UE, cuyas directrices han de estar desarrolladas en 2015. Según esos criterios, sólo un 11% de las aguas superficiales tiene calidad suficiente para mantener su poder de autodepuración y los ecosistemas que dependen de ella.
Para el director general de Greenpeace, Juan López de Uralde, la política de trasvases ha demostrado su fracaso. Con 1.300 presas, lo que constituye el mayor número de embalses por millón de habitantes, España sigue sufriendo problemas de abastecimiento. Como se subraya en el informe, «no hay agua, en parte, porque la que tenemos no está en condiciones de ser usada para consumo humano o riego».
Coste de agua
Una de las razones del despilfarro, a juicio de la organización ecologista, radica en que no hay conciencia del coste del agua. Uralde se mostró partidario de subir su precio, sobre todo teniendo en cuenta que los españoles somos los europeos que más agua consumimos por habitante y día (265 litros).
La directiva comunitaria trata de corregir las carencias sobre la pureza del agua. Cuando entre en vigor, no bastará con cumplir los límites físico-químicos establecidos para cualquier vertido, sino que se habrá de tener en cuenta el efecto sobre la masa de agua receptora, con el fin de que no se altere su estado ecológico.
Julio Barea, responsable de la campaña de aguas de Greenpeace, denunció que sólo uno de los 300 campos de golf que hay en España consume el agua que necesitan 12.000 ciudadanos. Lo más grave de este asunto es que los campos de golf se encuentran en zonas con escasa agua y para regarlos hay que recurrir a aguas subterráneas. Es el caso de Andalucía con 82 instalaciones de este tipo, Baleares (21), Canarias (15) Murcia y Valencia (4 y 22) y Baleares (21).
Puntos negros
Entre los puntos negros por vertidos químicos señalados por el informe de Greenpeace figuran tramos del río Nalón (Asturias), del Deba (País Vasco), Guadalquivir y Ebro, entre otros muchos. Algo parecido ocurre en la ría de Huelva, donde los vertidos industriales concitan numerosas quejas.
La actividad industrial de las cuencas internas del País Vasco ha sembrado de diques los ríos, con la consiguiente modificación de los cauces. La mayoría de los tramos medios y bajos de los ríos registra elevadas tasas de contaminación por metales pesados y otros compuestos tóxicos y peligrosos. A ello se añade que 284 núcleos urbanos no depuran sus aguas residuales.
El estudio denuncia la pésima situación del acuífero de los Arenales, uno de los mayores de España, entre las provincias de Zamora, Salamanca, Segovia y Avila; y el de Palma, contaminado por la intrusión de agua marina. La Albufera de Valencia padece la constante «agresión» de aguas residuales de la capital de la provincia. En la cuenca del Tajo, el aprovechamiento intensivo de las aguas subterráneas ha producido cambios relevantes en el paisaje de las Tablas de Daimiel, cuyo humedal ha pasado de 20 kilómetros cuadrados a sólo 1 en 30 años. «La cada vez mayor demanda de recursos ha provocado que ríos tan importantes como el Júcar o el Segura no lleven caudal durante varios kilómetros antes de su desembocadura en el Mediterráneo», argumenta Greenpeace.
Al Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos les queda un largo trabajo por delante para cumplir los objetivos previstos en la directiva marco del agua de la UE, cuyas directrices han de estar desarrolladas en 2015. Según esos criterios, sólo un 11% de las aguas superficiales tiene calidad suficiente para mantener su poder de autodepuración y los ecosistemas que dependen de ella.
Para el director general de Greenpeace, Juan López de Uralde, la política de trasvases ha demostrado su fracaso. Con 1.300 presas, lo que constituye el mayor número de embalses por millón de habitantes, España sigue sufriendo problemas de abastecimiento. Como se subraya en el informe, «no hay agua, en parte, porque la que tenemos no está en condiciones de ser usada para consumo humano o riego».
Coste de agua
Una de las razones del despilfarro, a juicio de la organización ecologista, radica en que no hay conciencia del coste del agua. Uralde se mostró partidario de subir su precio, sobre todo teniendo en cuenta que los españoles somos los europeos que más agua consumimos por habitante y día (265 litros).
La directiva comunitaria trata de corregir las carencias sobre la pureza del agua. Cuando entre en vigor, no bastará con cumplir los límites físico-químicos establecidos para cualquier vertido, sino que se habrá de tener en cuenta el efecto sobre la masa de agua receptora, con el fin de que no se altere su estado ecológico.
Julio Barea, responsable de la campaña de aguas de Greenpeace, denunció que sólo uno de los 300 campos de golf que hay en España consume el agua que necesitan 12.000 ciudadanos. Lo más grave de este asunto es que los campos de golf se encuentran en zonas con escasa agua y para regarlos hay que recurrir a aguas subterráneas. Es el caso de Andalucía con 82 instalaciones de este tipo, Baleares (21), Canarias (15) Murcia y Valencia (4 y 22) y Baleares (21).
Puntos negros
Entre los puntos negros por vertidos químicos señalados por el informe de Greenpeace figuran tramos del río Nalón (Asturias), del Deba (País Vasco), Guadalquivir y Ebro, entre otros muchos. Algo parecido ocurre en la ría de Huelva, donde los vertidos industriales concitan numerosas quejas.
La actividad industrial de las cuencas internas del País Vasco ha sembrado de diques los ríos, con la consiguiente modificación de los cauces. La mayoría de los tramos medios y bajos de los ríos registra elevadas tasas de contaminación por metales pesados y otros compuestos tóxicos y peligrosos. A ello se añade que 284 núcleos urbanos no depuran sus aguas residuales.
El estudio denuncia la pésima situación del acuífero de los Arenales, uno de los mayores de España, entre las provincias de Zamora, Salamanca, Segovia y Avila; y el de Palma, contaminado por la intrusión de agua marina. La Albufera de Valencia padece la constante «agresión» de aguas residuales de la capital de la provincia. En la cuenca del Tajo, el aprovechamiento intensivo de las aguas subterráneas ha producido cambios relevantes en el paisaje de las Tablas de Daimiel, cuyo humedal ha pasado de 20 kilómetros cuadrados a sólo 1 en 30 años. «La cada vez mayor demanda de recursos ha provocado que ríos tan importantes como el Júcar o el Segura no lleven caudal durante varios kilómetros antes de su desembocadura en el Mediterráneo», argumenta Greenpeace.