The Noguera divert ignores the origin of the water
Wed, 07/12/2005
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ejecutó el minitrasvase del Noguera Ribagorzana al Canal de Aragón y Cataluña sin tomar previamente ninguna decisión administrativa sobre el agua que se bombea, según reconoce en una carta el número 2
del Ministerio de Medio Ambiente, el secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano. La tramitación de la declaración de emergencia de las obras afectó únicamente a la instalación de las bombas, y obvió el origen del agua.
El minitrasvase
o retrobombeo
, en el que el agua remonta varias decenas de kilómetros mediante un sistema de seis equipos de bombas capaces de mover casi 10.000 litros por segundo, tiene abiertos dos frentes judiciales: uno en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y otro en la Audiencia Nacional. Los propietarios de las centrales hidroeléctricas del Canal de Piñana sostienen que la operación vulnera sus concesiones, ya que ni siquiera fueron consultados para sacar del sistema del Ribagorzana un agua que, al turbinar todo el caudal que pasa por su acueducto, tenían derecho a explotar.
Los empresarios mantienen que el bombeo del agua --la puesta en funcionamiento de las bombas-- es ilegal al no apoyarse en ningún acto administrativo. Y, al tratarse de una decisión que afecta a sus derechos concesionales, sostienen que requería la aprobación del Consejo de Ministros, utilizando la vía del decreto.
La carta de Serrano señala que, según el informe de la Comisaría de Aguas de la Confederación del Ebro, "la resolución que declara las obras de emergencia limita sus efectos al procedimiento de contratación de unas obras que son instrumentales respecto a un derecho al aprovechamiento de las aguas preexistentes". Es decir, que sólo resolvieron sobre el hormigón porque daban por hecho que podían coger el agua.
El secretario de Estado remite a una resolución y un decreto de los años 1948 y 1951 --anteriores a la Ley de Aguas y el Plan Hidrológico--, que sitúan el suministro al canal de Aragón y Cataluña como tercera prioridad del régimen de explotación del pantano de Santa Ana. Por delante se situaban en esa época el abastecimiento de la ciudad de Lérida y de varias poblaciones de sus alrededores, así como los riegos del canal de Piñana.
La CHE justifica con ese argumento que la declaración de emergencia "no tenga ningún pronunciamiento relativo a ese derecho" a derivar agua del Ribagorzana hacia Huesca.
La entidad sí alude, en cambio, a "la previa constatación" de que las obras no perjudican a "usuarios con derecho preferente, presupuesto previo del ejercicio de cualquier derecho a su uso privativo".
El minitrasvase, valorado en 3,6 millones de euros, aportó al canal de Aragón y Cataluña el pasado verano alrededor de 25 hectómetros cúbicos de agua extra
que fueron destinados al riego de 17.000 hectáreas de La Litera.
Ese dinero deberá ser reintegrado por los regantes a la Confederación Hidrográfica del Ebro mediante el pago de las tarifas anuales, lo que hace que el agua salga más cara que la del trasvase Tajo-Segura.
del Ministerio de Medio Ambiente, el secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano. La tramitación de la declaración de emergencia de las obras afectó únicamente a la instalación de las bombas, y obvió el origen del agua.
El minitrasvase
o retrobombeo
, en el que el agua remonta varias decenas de kilómetros mediante un sistema de seis equipos de bombas capaces de mover casi 10.000 litros por segundo, tiene abiertos dos frentes judiciales: uno en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y otro en la Audiencia Nacional. Los propietarios de las centrales hidroeléctricas del Canal de Piñana sostienen que la operación vulnera sus concesiones, ya que ni siquiera fueron consultados para sacar del sistema del Ribagorzana un agua que, al turbinar todo el caudal que pasa por su acueducto, tenían derecho a explotar.
Los empresarios mantienen que el bombeo del agua --la puesta en funcionamiento de las bombas-- es ilegal al no apoyarse en ningún acto administrativo. Y, al tratarse de una decisión que afecta a sus derechos concesionales, sostienen que requería la aprobación del Consejo de Ministros, utilizando la vía del decreto.
La carta de Serrano señala que, según el informe de la Comisaría de Aguas de la Confederación del Ebro, "la resolución que declara las obras de emergencia limita sus efectos al procedimiento de contratación de unas obras que son instrumentales respecto a un derecho al aprovechamiento de las aguas preexistentes". Es decir, que sólo resolvieron sobre el hormigón porque daban por hecho que podían coger el agua.
El secretario de Estado remite a una resolución y un decreto de los años 1948 y 1951 --anteriores a la Ley de Aguas y el Plan Hidrológico--, que sitúan el suministro al canal de Aragón y Cataluña como tercera prioridad del régimen de explotación del pantano de Santa Ana. Por delante se situaban en esa época el abastecimiento de la ciudad de Lérida y de varias poblaciones de sus alrededores, así como los riegos del canal de Piñana.
La CHE justifica con ese argumento que la declaración de emergencia "no tenga ningún pronunciamiento relativo a ese derecho" a derivar agua del Ribagorzana hacia Huesca.
La entidad sí alude, en cambio, a "la previa constatación" de que las obras no perjudican a "usuarios con derecho preferente, presupuesto previo del ejercicio de cualquier derecho a su uso privativo".
El minitrasvase, valorado en 3,6 millones de euros, aportó al canal de Aragón y Cataluña el pasado verano alrededor de 25 hectómetros cúbicos de agua extra
que fueron destinados al riego de 17.000 hectáreas de La Litera.
Ese dinero deberá ser reintegrado por los regantes a la Confederación Hidrográfica del Ebro mediante el pago de las tarifas anuales, lo que hace que el agua salga más cara que la del trasvase Tajo-Segura.