El crecimiento de la población y el ritmo del desarrollo urbanístico de la región provocarán que no haya agua suficiente para abastecer a todos los ciudadanos. La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid alerta en un informe, cerrado el pasado 30 de junio, de que en 2006 sólo podrá satisfacer la demanda del 88%. En la actualidad ese porcentaje está situado en el 90%, por debajo del límite considerado adecuado por el propio Canal de Isabel II (el 96%). El informe afirma que las fugas en las canalizaciones suponían el 13,3% del volumen de agua que suministraba el Canal en 2002, según el Instituto Nacional de Estadística, y revela datos internos del Canal que lo elevan al 19,2% en 2004.
El denominado Informe de Fiscalización del ciclo urbano del agua en la Comunidad de Madrid analiza la situación del agua de la región, sin entrar en el uso agrario, que es minoritario (sólo el 33%, cuando en todo el Estado es el 81%).
El anteproyecto del informe recibió alegaciones de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, del Canal de Isabel II y de la Federación de Municipios de Madrid, aunque también fue enviado al Ayuntamiento de Madrid y a la Consejería de Sanidad. Éstas son algunas de las conclusiones finales:
- Abastecimiento. 'A medio y largo plazo, dadas las previsiones de crecimiento de la población y desarrollo urbanístico y con las infraestructuras actualmente existentes y unas pautas de consumo similares, el nivel de garantía disminuirá hasta el 88% en 2006', afirma el documento. En 2015 el abastecimiento estará en el 70% y por debajo del 60% cinco años después.
La consecuencia, continúa la Cámara de Cuentas, es que 'uno de cada tres años' habría una situación de restricciones al consumo, 'frente al objetivo de situar esta media en uno de cada 25 años'.
Por otro lado, el informe utiliza algunos datos que no están actualizados. Por ejemplo, usa unos parámetros de consumo bajos: habla de 247 litros por día y habitante. Según fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, la media está situada entre los 340 y los 350 litros.
- Fugas de agua. Las fugas en las canalizaciones del Canal suponían el 13,3% del volumen de agua que suministraba en 2002, según el Instituto Nacional de Estadística. El informe afirma que datos internos del Canal lo elevaban al 18,8% en 2003 y al 19,2% durante el año siguiente.
- Sistema de gestión. La Cámara alerta de que el Canal de Isabel II 'se ha convertido en un organismo cuya misión y prioridades no son exclusivamente las relacionadas con el ciclo del agua de la Comunidad'. Según el informe, la diversificación de la actividad de esta empresa pública -'tanto por las concesiones y otras actuaciones que gestiona en otras ciudades y países como por las nuevas líneas de negocio en las que participa'- podría repercutir en su objetivo de servicio público. La Cámara destaca que los riesgos y decisiones estratégicas afectarían de forma negativa en el fin de 'garantizar un servicio público de agua a los madrileños'.
También asegura el informe que la dispersión de sus actividades puede debilitar 'la tradicional transparencia' de esta institución y generar una 'excesiva disgregación de sus recursos humanos, uno de los activos de más valor del Canal'.
Por eso, el informe recomienda 'reconsiderar el objeto y la personalidad jurídica de esta empresa pública' y propone incluir en el programa de fiscalización de la Cámara para el próximo año al Canal de Isabel II.
- Tarifas. La Cámara de Cuentas indica que, aunque la tarifa es aparentemente progresiva y 'pretende el fomento del uso responsable del agua y su uso eficiente', así como un sistema tarifario equitativo, el análisis muestra que hay limitaciones para conseguir esos objetivos.
Por ejemplo, la Cámara afirma que en muchas fincas urbanas antiguas no se miden consumos individuales, sino a toda la comunidad, y agrega que la tarifa no cuenta el número de personas que viven en la casa. Además, 'la motivación económica para fomentar la reducción en el consumo de agua es muy baja'. El informe recomienda establecer mecanismos para aplicar una tarifa individualizada.